Este lunes, la protesta pacífica frente a la Universidad de Panamá fue brutalmente reprimida con bombas lacrimógenas y balines con polvo irritante (peperballs), disparados directamente a la cara de estudiantes, docentes y comunicadores que se manifestaban contra la polémica Ley 462.
La legislación, promovida por el Gobierno panameño, modifica el funcionamiento de la Caja de Seguro Social (CSS), abriendo la puerta a su privatización a través de un sistema de cuentas individuales que, según denuncian organizaciones sociales, condenará a las futuras generaciones a “jubilaciones de hambre”.
Violencia policial contra la prensa y estudiantes
Comunicadores presentes en el lugar denunciaron que los disparos se efectuaron sin que hubiera bloqueo de vías, desmintiendo la versión oficial de que se trataba de una protesta violenta.
“La gente estaba entre la parada de la UP y la calle, apenas tenían ocupado un paño y el tránsito estaba dándose. Los policías comenzaron a adelantarse a la parada, tiraron peperballs y luego nos tiraron bombas directamente”, denunciaron comunicadores que cubrían la manifestación.
Más de 70 docentes fueron detenidos en la jornada, en un contexto que recuerda las más de 500 detenciones ocurridas durante manifestaciones similares en febrero pasado.
Amenazas desde el gobierno y movilización nacional
En paralelo, la ministra de Educación de Panamá advirtió que se retendrán los salarios a los docentes en huelga que no retornen de inmediato a sus aulas, profundizando el conflicto.
Protestas se replicaron en al menos siete provincias del país, reflejo de un creciente rechazo ciudadano no solo a las reformas al sistema de seguridad social, sino también a la firma del reciente Memorándum de Entendimiento con Estados Unidos, que permitiría la instalación de bases militares norteamericanas en territorio panameño.
Reclamo popular: no a la privatización ni a la militarización
Organizaciones sociales, gremios docentes y estudiantes exigen al gobierno retomar un sistema solidario y de reparto, en lugar del modelo individualista propuesto, que aseguran solo beneficia a grandes intereses económicos.
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El Ejecutivo ha calificado los cuestionamientos como “inciertos”, pero no ha dado respuesta clara a las demandas populares.
La creciente presencia militar estadounidense en Panamá también ha sido blanco de las críticas, al considerarse una amenaza a la soberanía nacional y una concesión inaceptable de territorio panameño.
Fotografía: Redes
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