El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, instó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) a crear una comisión de investigación y exhortó a los estados a perseguir estos delitos en los tribunales de sus países. La organización señaló como principales responsables a Al Sisi, que entonces era ministro de Defensa; al ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, y al responsable de las fuerzas especiales de la Policía egipcia, Medhat Menshaui.
La mayoría de los asesinados eran manifestantes islamistas contrarios al derrocamiento de Mohamed Morsi que se encontraban acampados en las plazas cairotas de Rab’a Al Adauiya, frente a la mezquita, y de Al-Nahda. Según la Organización, esta es, en la historia reciente, “una de las mayores matanzas de manifestantes del mundo en un sólo día”. Human Rights Watch considera probado que “fue una violenta represión planificada en los más altos niveles del gobierno” contra “manifestantes desarmados” dentro de una “política de uso letal de la fuerza” contra la población.
Fadi Al Qadi, portavoz de la organización, asegura que después de un año de investigación hay suficientes evidencias para afirmar varios puntos: que éstas fueron actuaciones “intencionadas”, “deliberadas”, para “matar de forma sistemática a los manifestantes de las protestas”; que los avisos por parte del Gobierno para desalojar las plazas no fueron suficientes; y que la policía actuó según las órdenes de altos mandos de disparar de manera indiscriminada matando también a mujeres y niños.
Según el informe, las fuerzas de seguridad “atacaron desde las cinco entradas” de la plaza de Rab’a “sin dejar ninguna salida segura hasta el final del día”. No dejaron salir a los heridos que requerían atención médica ni a los que buscaban de forma desesperada una salida. Algunos testigos cuentan que la policía disparó también contra los que intentaban salir de allí.
La investigación compara esta masacre con la que tuvo lugar en la plaza Tiananmen de Pekín en 1989. A Roth y a la directora de HRW para Oriente Medio, Sarah Leah Whitson, les fue denegada la entrada a Egipto el pasado domingo después de pasar 12 horas retenidos en el aeropuerto de El Cairo. Los dos presentaron el informe por videoconferencia
El texto reconoce que algunos manifestantes estaban armados —se encontraron 15 armas de fuego en el campamento—. Este fue el principal argumento de las autoridades para explicar la violencia empleada por la policía. Sin embargo, HRW considera que el uso de la fuerza fue completamente desproporcionado, pues los civiles armados eran una pequeña minoría. “Las pruebas muestran que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra la multitud desde los primeros minutos de la dispersión”, apuntó Roth. Sólo horas después del inicio del desalojo las autoridades abrieron corredores seguros para la salida de los manifestantes del cerco policial.
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