«Endesa Enel paga multas en Chile, pero en Italia sería clausurada»

El senador Alejandro Navarro indicó que «la multa de más de U$ 7,6 millones de dólares revela que ENDESA prefiere pagar multas al Estado pero no compensar a los afectados».

«Si Endesa no resuelve acuerdos con algueras y pescadores, la lucha pasará del acuerdo al cierre definitivo y salida de dicha empresa de la comuna».

«Llevaremos esta denuncia a la Comunidad Económica Europea, además del Gobierno y Congreso italiano, pues el dueño de Endesa Enel es el Estado de Italia».

El parlamentario de la región del Biobío fue enfático en señalar que «de nada sirven las multas si no se repara el daño causado y se garantiza el funcionamiento con estricto cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental. Solo pedimos se cumpla la ley medio ambiental de Chile, nada más pero nada menos que aquello».

«Denunciamos que Endesa una vez más recurre a la guerra tarifaria eléctrica en vez de cumplir las leyes y resoluciones. Es gravísimo que la empresa afirme públicamente que su paralización tendrá como resultado el alza de tarifas a las casas de la gente», señaló Navarro.

«Eso es una campaña de terror económico que afecta a nuestra economía, la inversión nacional e internacional y el crecimiento económico de la región del BioBío», sentenció el congresista.

El senador del MAS a su vez anunció «efectuaré una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica en contra de Endesa Enel por estas graves amenazas a la política de fijación de tarifas eléctricas y a las políticas regionales de desarrollo económico».

En esa línea además indicó que «pediré una sesión especial conjunta de la Comisiones de Economía y Energía del Senado, para evaluar los alcances del comportamiento de esta empresa extranjera que no sólo no cumple las leyes chilenas sino que interfiere en la política económica nacional y regional».

A juicio del legislador «esta empresa ha faltado a la verdad causando alarmismo sin mencionar que el 80% de la energía eléctrica del país es utilizada por la gran industria, especialmente la minería del cobre y solo el 20% es para servicio domiciliario».

«Hace más de 2 años concurrimos a la Fiscalía Regional y pusimos a disposición de la Fiscal Ana María Aldana todas las pruebas documentales, videos, fotografías y denuncia por daño ambiental. Lo que determino que la PDI concurriera a la zona de succión y evacuación de las aguas marinas para el funcionamiento de las Centrales Termoeléctricas Bocamina 1 y 2 en Caleta Lo Rojas Coronel de propiedad de Endesa Enel», señaló el parlamentario.

Y continuó «allí la Policía de Investigaciones en compañía de la presidenta del sindicato de algueras de Caleta lo Rojas, Marisol Ortega, y presidente de uno de los sindicatos de pescadores artesanales, Luis Villablanca, recogieron las muestras de agua en la salida de la gran tubería encontrando cientos de langostinos, peces menores, algas y otras especies arrojados al mar muertos, luego de pasar por el sistema de enfriamiento de las plantas termoeléctricas a una temperatura cálida en una zona de aguas frías».

«La denuncia era indesmentible y la evidencia se fortalece en videos tomados al interior de la planta donde personal cargaba toneladas de desechos hidrobiológicos que eran sacados clandestinamente a vertederos no certificados por la autoridad sanitaria».

Y recordó que «fue en ese entonces, en mayo de 2013, que junto a algueras y pescadores denunciamos a la Superintendencia de Medio Ambiente y exigimos una investigación».

Entre las acciones judiciales emprendidas por el parlamentario destaca además el recurso de protección que «junto al abogado ambientalista Lorenzo Soto y los sindicatos interpusimos en la Corte de Apelaciones de Concepción en contra de Bocamina 2 por graves incumplimientos de la Resolución de Calificación Ambiental 2006-2007 que autorizó la construcción de dicha planta».

Y continuó, «esto, basados en el informe de la Superintendencia de Medio Ambiente quien constato los incumplimientos que alteraron el proyecto original que fue aprobado sin que se informara a la autoridad ambiental. En especial la no construcción de la planta desulfurizadora que permite capturar miles de toneladas de azufre que están aun siendo enviadas al aire que respiran más de 110 mil habitantes de la comuna de Coronel».

Es así como la Corte de Apelaciones de Concepción «acogió el recurso y paralizó el funcionamiento de Bocamina 2 mientras no subsane esas deficiencias».

«Cabe recordar que Endesa comenzó su marcha blanca negando las deficiencias y apelando a la necesidad de generación eléctrica dadas las exigencias del país, afirmando pública y privadamente que no serían clausurados porque, de ser así, subirían las tarifas eléctricas a los consumidores residenciales», señaló el congresista.

En ese sentido subrayó que «esa campaña comunicacional constituyó un verdadero chantaje a la ciudadanía y al Gobierno de Chile».

Además comentó que en su calidad de senador y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, «intenté ser recibido por la gerencia de la Empresa, la que se negó sistemáticamente a escuchar a las algueras y pescadores. Hicimos horas de espera en la calle. En los portones de la planta pidiendo ser recibidos, sin obtener resultados».

Es así como la «Comisión de Medio Ambiente del Senado se constituyó en Bocamina y por primera vez pudimos conversar con la Gerencia de la Empresa y sesionamos formalmente con presencia de los sindicatos al interior de esta», relató el parlamentario.

«Cabe señalar que la PDI elaboró a petición de la fiscal Ana María Aldana un informe toxicológico que estableció la presencia de metales pesados hasta en un 250% por sobre la norma, metales como plomo, mercurio y arsénico, en los techos y patios de las viviendas de Coronel y Lota lo que determinó que solicitáramos al ISP (Instituto Salud Publica) y a su director Doctor Ricardo Fábrega un estudio epidemiológico a la población de Coronel que tomara más de 2000 muestras de sangre y que tiene un costo de más de 70 millones de pesos, estudio que está pronto a comenzar».

«La empresa, una vez que fue paralizada Bocamina 2, se allanó a conversar con los sindicatos, sólo luego de la directa intervención del Ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien visitó Coronel y se reunió con ciudadanos, algueras, pescadores y también con la empresa».

«Con anterioridad me había reunido en varias ocasiones con el Ministro Pacheco en la construcción de la Agenda Energética de Chile encomendada por la Presidenta Bachelet, teniendo el compromiso de que el Gobierno no intervendría quedando a la espera de lo resuelto por los tribunales».

El senador señaló que «hemos apoyado permanentemente la búsqueda de un acuerdo entre la empresa y los actores sociales basada en la construcción de un PRAC (Plan de Recuperación Ambiental de Coronel) con la participación de todas las Empresas de Coronel, del mismo modo que se realizó a partir de 1990 en Talcahuano con el PRAT (Plan de Recuperación Ambiental de Talcahuano).

«El daño causado a algueras será permanente y perpetuo por lo que debe existir además compensación y generación de infraestructura permanente para actividades económicas alternativas en el marco del mismo sector pesquero artesanal», indicó.

El senador, quien ha acompañado a algueras y pescadores durante todo el proceso dijo que «Endesa se ha negado a establecer compensaciones directas y ofrece migajas. Los días de paralización en informe de la propia empresa les arroja 130 millones de dólares en pérdidas a la fecha. La solución propuesta por las organizaciones no superan los 60 millones de dólares, por lo que es incomprensible la actitud sin conciencia alguna del drama económico que le han causado a mas de 2000 familias de pescadores, algueras y a los ciudadanos de toda la comuna de Coronel».

El parlamentario aseveró que «los daños no solo son del medio marítimo, pues las viviendas circundantes a las dos plantas han sufrido severos daños estructurales y graves molestias en La Colonia, Haroldo Figueroa, Caleta Lo Rojas y El Esfuerzo que suman en total más de 1000 viviendas».

En relación a Bocamina 1 el parlamentario indicó que «presentamos un recurso de protección a favor de los trabajadores por la presencia de asbesto en toda la planta por más de 40 años, lo que quedó al descubierto luego que una empresa norteamericana que reparaba la planta por los daños del terremoto del 27de Febrero del 2010, descubrió que miles de metros de cañerías estaban recubiertas con este material cancerígeno prohibido en Chile desde el año 2000 y que ha provocado la muerte por asbestosis del jefe de la planta. Son 27 trabajadores con placas pleurales diagnosticadas por las propia Mutual de Seguridad, cuyo origen no puede ser sino de ese asbesto que aun permanece en la planta . A más de dos meses, la empresa aun no presenta los informes a la Corte respecto de este recurso de protección, po lo que pediremos sanciones, multas y persecución criminal contra los renuentes por desacato y obstrucción a la justicia».

A juicio de Navarro «Endesa sólo busca ganar tiempo. Pero la verdad es que a la empresa se le agota el tiempo. Y parecen no advertirlo».

Para finalizar Navarro indicó «quiero advertir que esta actitud irresponsable socialmente solo agudizará la movilización. Endesa de saber que pudiendo resolver esta crisis no lo hace y que la única salida en ese escenario es su cierre y salida definitiva de la comuna».