Humos de cambio en América Latina

Mientras en Chile las autoridades se jactan de la detención de más personas que andan con un pito en el bolsillo o una pastilla en la chaqueta que de narcos, en el continente se da un giro a las fracasadas políticas de drogas centradas en lo represivo. En México se despenalizó el porte de pequeñas cantidades y en Argentina la Corte Suprema declaró inconstitucional criminalizar a los usuarios de drogas.

Hace algunos años, el analista colombiano Luís Carlos Restrepo profetizó que “la guerra contra las drogas será recordada como una de las grandes guerras estúpidas de la humanidad, de igual manera como hoy recordamos las guerras religiosas de siglos anteriores”. Dicho vaticinio pasó en sordina en un continente asolado por la guerra a las drogas, capitaneada desde EEUU y aplicada por los políticos locales. Pero luego de una década de continuos fracasos del enfoque represivo, investigadores, jueces y legisladores del continente preparan una salida.

En México desde junio es legal portar pequeñas cantidades de drogas y en Argentina a fines de Agosto la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley de drogas por vulnerar la libertad individual.

DE LA CÁRCEL A LA REDUCCIÓN DE DAÑOS

El 4 de junio de este año el Parlamento mexicano despenalizó la tenencia de drogas para consumo personal. Luego de modificar la llamada ‘Ley contra el menudeo’, los congresistas aprobaron la nueva ley que permite llevar hasta cinco gramos de marihuana, 500 miligramos de cocaína, 50 miligramos de heroína, 0,015 miligramos de LSD y 40 gramos de metanfetaminas.

Los juristas mexicanos reconocieron que no es lo mismo ser consumidor que traficante y que se gastaban muchos recursos en la persecución de simples usuarios de drogas. Estadísticas federales señalan que de un promedio anual de 13.300 personas detenidas por narcotráfico, el 98 por ciento son microtraficantes. El otro dos por ciento son líderes de los carteles, lugartenientes, sicarios y funcionarios públicos involucrados.

También la nueva ley elimina la rehabilitación obligatoria para consumidores no enganchados e introduce el concepto de reducción de riesgos y daños. Además respeta los derechos de los pueblos indígenas, como los huicholes que usan plantas como el peyote, cactus incluidos en el listado de sustancias prohibidas de la ONU. La ley derogada penalizaba con cárcel las prácticas rituales de estos pueblos.

EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA ARGENTINA

El caso de 5 jóvenes de Rosario detenidos el 2006 por portar cannabis fue el tiro de gracia del Artículo 14 de la ley de drogas argentina, que criminalizaba a los usuarios de drogas. El 25 de Agosto la Corte Suprema declaró inconstitucional dicho artículo porque vulnera la libertad personal.

El fallo de la Suprema declara que el artículo 14 de la Ley 23.737 “debe ser invalidado, pues conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional, en la medida en que invade la esfera de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales. Por tal motivo se declara la inconstitucionalidad de esa disposición legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”.

El cambio de paradigma en materia de drogas es promovido por Aníbal Fernández, ministro de Justicia. Los ejes de este nuevo enfoque son no criminalizar a los usuarios y centrar la política de drogas en la prevención, la asistencia médica y el combate al narcotráfico.

Estadísticas de los tribunales argentinos dan cuenta que de las 27.186 causas, 12.801 son por la ley de drogas, siendo la mayoría de estas por casos de tenencia para consumo personal. En el 2006, según informó Página 12, un promedio de 35 personas al día sufrieron contratiempos legales por la posesión de algún tipo de droga. De todos ellos, sólo 204 fueron juzgados y hubo apenas tres sentencias condenatorias.

Para juristas, jueces y analistas, seguir con el actual enfoque represivo no sólo es inútil, sino que hace perder tiempo y dinero al sistema penal.

Desde el 2007 sesiona un comité integrado por jueces, médicos y sociólogos que impulsa una ley que no penaliza la tenencia para uso personal, el desarrollo de un plan nacional de adicciones y el facilitar las investigaciones referidas a lavado de dinero.

En dicha instancia participan los jueces Horacio Cattani, Roberto Falcone y Patricia Llerena; la fiscal Mónica de Cuñarro; los médicos Carlos Damin y Alicia Gillone; el sociólogo Alberto Calíbrese y la psicóloga Eva Giberti. Todos ellos advirtieron sobre los efectos contraproducentes de la ley de drogas que rige Argentina, recomendando “centrarse en las personas y dejar de lado la utopía de sacar las drogas de circulación”.

También se critica que no se diferencie entre consumidores problemáticos y los no problemáticos, proponiendo para estos últimos mensajes preventivos de reducción de daños. Este enfoque trasciende los tratamientos basados en la abstinencia y la internación a puertas cerradas y, apostando por un enfoque realista, persigue informar al usuario sobre los riesgos de consumo y aconseja formas menos dañinas de consumir.

CHILE A LA COLA

No sólo en Argentina y México soplan mejores vientos respecto de políticas de drogas,  también en Brasil, Uruguay y Bolivia se promueven nuevos enfoques respecto de la política represiva. En una reciente conferencia dedicada a la materia, realizada en Buenos Aires, llegaron ministros del gabinete de Cristina Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador, Néstor Arbito Chica; y el representante cocalero Dionicio Núñez Tangara, entre otras personalidades, para debatir sobre la despenalización de la tenencia de drogas e impulsar políticas no punitivas

En Chile la diputada Laura Soto presentó a fines de agosto un proyecto de ley que permitiría el cultivo de cáñamo, claro que sólo con fines medicinales y con el permiso de 3 médicos. Además CONACE anunció que se está estudiando despenalizar el consumo de marihuana en forma concertada. La actual ley sólo permite el uso en recintos privados y de manera solitaria, además de que el límite entre consumo personal y microtráfico es delimitado por el criterio del juez.

Habrá que ver si prosperan estas tímidas iniciativas, ya que hasta ahora hay consenso entre los políticos de la penalización del consumo de drogas. Una señal positiva es la anunciada salida de María Teresa Chadwick, quien por 9 años fue la directora de CONACE, y que siempre se ha opuesto al enfoque de reducción del daño.

El gobierno aún persiste en exhibir orgullo cifras que en otros países serían objeto de debate. Así ocurrió hace poco cuando el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, celebró las cifras de detenciones por drogas del primer trimestre de este año, las que acusan que  aumentó el número de detenidos (85,9%) respecto del año anterior, pese a que se redujo en un 2,7% las sustancias incautadas.

De las 11.950 personas arrestadas entre enero y marzo, un 59% fueron detenidas por porte,  un 18% por consumo y sólo un 23% por tráfico de drogas. Es decir, un 77% de los procedimientos policiales se concentraron en usuarios de drogas.

El Ciudadano