A partir del jueves 29 de noviembre del 2007, los chilenos podrán ver en línea datos sobre dónde se están generando las de emisiones, de qué sustancias se tratan y cuáles compañías son las responsables. De esta forma, se busca transparentar la información y darle a la ciudadanía un rol fiscalizador y participativo, y al mismo tiempo pone en línea al país con los compromisos internacionales.
Nueve establecimientos de la Región Metropolitana no cumplieron en 2005 con la norma de emisión de material particulado para fuentes estacionarias por la que se rigen en total 5.108 entidades. Este dato, en sí, quizás no genera gran expectativa, pero el acceso al detalle de cuáles son dichas empresas, sumado a información sobre las emisiones y transferencia al medio ambiente de sustancias químicas y potencialmente dañinas, su naturaleza y cantidad, suena más interesante. Y más aún, si son datos validados que ahora es posible encontrar a través de internet sin mayor esfuerzo.
Ese será el rol del sitio web del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) que a partir de este jueves estará disponible y que fue impulsado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), con el fin de transparentar la información y ayudar a la prevención y control de la contaminación.
De esta forma, el sitio www.retc.cl permitirá responder preguntas sobre cómo y dónde se están generando las emisiones o transferencias de importancia ambiental; qué sustancias son y en que cantidades. Así y en base a esta información, las autoridades gubernamentales pueden establecer prioridades para la reducción o eliminación de las emisiones potencialmente dañinas para la salud de las personas y el medio ambiente.
En tanto, las industrias podrán mejorar el grado de eficiencia de sus procesos de producción, aprovechando más materiales y energía y disminuir sus costos de producción por la implementación de alternativas de producción más limpias.
Y las personas que están potencialmente expuestas a riesgos por sustancias químicas, verán asegurado el acceso a la información mínima que les permita escoger cursos de acción apropiados, además de facilitarles la toma de decisiones.
La iniciativa, es la segunda-después de México-que se concreta en América Latina y responde a una serie de compromisos internacionales adquiridos por el país, como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos- que incorpora de manera específica dentro de los proyectos de cooperación ambiental, el desarrollo de un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes en Chile- el Protocolo de Kyoto sobre gases de efecto invernadero o el Protocolo de Montreal relacionado con las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Sin olvidar la invitación para el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Su financiamiento ha tenido aportes tanto nacionales como internacionales y su implementación total asciende a US$ 1 millón.
En todo caso, los datos que se entregan corresponden a 2005, ya que se basan en los inventarios entregados por las empresas al año siguiente de las emisiones. Y se espera que cuando los procedimientos de entrega de información y verificación de datos se estandaricen, los plazos se acorten.
Pero aún queda mucho por hacer, ya que además de adecuar los sistemas y agilizar los tiempos, los próximos pasos serán actualizar inventarios, traspasar el formulario electrónico que se entrega a las empresas a ambiente web y difundir y realizar capacitaciones del nuevo sistema en todas las regiones del país.
Estadísticas
Dentro de los datos que se pueden ver en red, están, por ejemplo un inventario de emisiones vehiculares que especifica cifras de contaminantes como el MP10 o el MP25. Allí es posible visualizar datos tales como que, durante 2005 se emitieron 1.207, 1 toneladas anuales de MP10 en Santiago, y en Arica 44, 7.
Con respecto a residuos industriales líquidos, de un total de 2202 ductos fiscalizados a lo largo del país, 984 no cumplían las normas. En tanto, los contaminantes asociados a descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales, 135 ductos incumplían la norma, de un total de 340 establecimientos.
Tampoco quedan fuera los tratados internacionales: hay reportes de cumplimiento de las metas de consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), según los compromisos internacionales establecidos en el Protocolo de Montreal.
En todo caso, por el momento no está toda la información disponible, ya que se irá completando a medida que las empresas informen y se ordenen los datos, por lo que se espera que en diciembre ya esté al menos 80%.
Cómo se recaba información
Son varios los organismos sectoriales involucrados en nutrir de datos al RETC, dependiendo de la competencia de cada uno.
Los datos relacionados con el aire, son entregados, entre otros, por el Ministerio de Salud Pública (Minsal), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la Autoridad Sanitaria RM y la Secretaría Interministerial de Planificación de Transporte (Sectra).
En tanto, los componentes de los residuos líquidos están a cargo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante (Directemar), que poseen las herramientas necesarias para obtener información de emisiones para descargas a aguas marinas y continentales superficiales, subterráneos y alcantarillados y cuyos resultados permitirán en el corto plazo la incorporación al RETC de inventarios de residuos líquidos.
Con respecto a los residuos sólidos, legalmente los tenedores de residuos peligrosos están sujetos a un sistema de declaración y seguimiento de tales residuos y para ello se desarrolló el sistema web de declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos (SIDREP) cuyos resultados serán traspasados al RETC a partir del próximo año porque el sistema entro en operación el 2006 y el primer reporte contiene datos sólo para el año anterior.
Validación de datos
En cuanto a la validación de los datos, cada organismo sectorial, en el marco de las atribuciones de su competencia, debe determinar la validez de la información reportada, por lo que dicha información se entiende como la oficial. Y para ello, se pide a las propias empresas que entreguen los datos requeridos a través de distintas modalidades.
Por otra parte, si los datos de emisiones y transferencias están sujetos a normas, se identifica de manera específica a las fuentes que los generan, es decir, puede verse el nombre de las empresas. Por el contrario, si se trata de emisiones no normadas, la información se presenta en forma agregada.
Con respecto a las sustancias evaluadas, existe un listado inicial compuesto por aquellos parámetros definidos en la normativa vigente y en los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, que suman 120. En el caso de los residuos sólidos, es donde existe la menor información disponible de sustancias químicas específicas y se prevé que su obtención pueda involucrar un largo período de tiempo.
ONG “felices”
Samuel Leiva, coordinador de campaña de Greenpeace, asegura que “estamos bastante contentos por la obtención del RETC, porque era uno de los pilares principales de nuestra campaña iniciada el año 2000 por el derecho a saber. Por lo tanto, creemos que refleja el rol participativo y exitoso de la ciudadanía, que cuando está organizada puede participar de las políticas públicas”.
No considera negativo el “desfase” de información, ya que asegura que este es » es el puntapié inicial para entender cuales son las condiciones del país. Al menos el hecho de tener esa información nos permite conocer una realidad, porque la sistematización de los datos toma este período, pero a partir de ellos podemos ver si las cosas avanzan en un sentido o retroceden en otro.
Asegura, eso sí, que es rol tanto de las ONG, del Gobierno y también de los empresarios, permitir el empoderamiento de esta herramienta a la ciudadanía para que pueda asumir su rol fiscalizador.
Por su parte, Paola Vasconi, coordinadora del área de medio ambiente de Terram, sostiene que la herramienta responde fundamentalmente a proveer información a la ciudadanía sobre el conocimiento de los riesgos químicos asociados a las industrias que conviven en su comunidad.
“Creo que hoy, dado que sólo tenemos información de un solo año, es muy difícil que esto pueda dar una panorámica más global de cuáles son los riesgos asociados a las industrias que están en la comuna o cercanías de la comunidad donde uno vive. Pero uno puede ya identificar alguna industrias y a lo mejor entrar a interactuar directamente con ellos para ver cuáles son los planes de emergencia, riesgos asociados a ciertos productos, cuáles son las medidas que pueden desarrollar en la comunidad ante un eventual accidente”.
Agrega que “son casos como los que se han dado en otros países donde la comunidad en vez de recurrir cada vez que ocurre un accidente a la denuncia, se embarca en una gestión conjunta con la industria para mejorar o disminuir los riesgos asociados a la industria como tal y la protección de la salud y el medio ambiente”.
por Claudia Urquieta Chavarría