El Chile exitoso que hace agua

·En un recorrido por los principales focos nacionales de atención ambiental de los últimos años se develan las variables comunes de las pequeñas-grandes batallas por el agua que se libran en Chile en nombre del desarrollo. En esta primera parte, la mercantilización de los recursos hídricos y las dificultades para una participación ciudadana real en la toma de decisiones

Pascua Lama. Tranque El Mauro. Celco Valdivia. Represas en Aysén…
Hojeo la prensa. Pregunto cuáles son los proyectos emblemáticos de la lucha ambiental en el Chile de hoy. Los nombres se repiten.
Barrick Gold. Familia Luksic. El Grupo Angelini. Los Matte y Endesa Chile…
Coparon la agenda de conflictos ambientales durante gran parte del Gobierno de Lagos. Continúan con igual e incluso mayor fuerza hoy.
Agricultores del Valle del Huasco. Pobladores de Caimanes. Los cisnes de Valdivia. La Patagonia chilena…
Han trascendido el ámbito local y nacional. Resuenan internacionalmente y más de un dolor de cabeza han causado a los grandes inversionistas y al Gobierno.
A pesar de su dispersión geográfica convergen en variables comunes y repiten esquemas cada día más recurrentes en los conflictos socioambientales Este concepto asume que los impactos en el mundo natural no antrópico afectan de manera directa al ser humano y por lo cual los conflictos asociados también involucran a las comunidades, como he aprendido a llamarlos hoy.
El agua es el origen de todos ellos. El agua que en Chile abunda desigualmente distribuida. El agua que ya tiene dueño. El agua que es vida. El agua que es negocio.
El enfrentamiento es claro. La presión de un sector por mantener la cantidad y calidad de los recursos hídricos versus el empeño de quienes abogan por un uso productivo intensivo, derriba día a día el cliché de que en el futuro las guerras serán por el agua. Desde hace tiempo y sin armas convencionales se vienen dando en Chile pequeñas y grandes batallas, en una contienda desigual.
Apuremos la pregunta: ¿Tiene hoy Chile mecanismos efectivos y democráticos para resolver estas diferencias? Al parecer la respuesta es no. Porque además del agua, aparecen otras variables comunes a los conflictos; un Estado que considera los recursos hídricos como estratégicos pero que los entrega completamente a la administración privada, las desiguales condiciones para la participación y ejercicio del poder entre los involucrados, y la diferencia de visiones sobre cómo construir sociedad. Preguntas claves. Preguntas molestas. Preguntas que tienen una clara intencionalidad.

EL MERCADO DEL AGUA
Santiago es nuestra capital y donde, como en todo país centralizado, se concentra la inteligentzia nacional. Converge en esta metrópolis el 40 por ciento de la población. Y los especialistas en agua y sustentabilidad, también.
Para Sara Larraín, del Programa Chile Sustentable, el principal instrumento de administración de los recursos hídricos es inequitativo y antidemocrático. “Lo que el Código de Aguas de 1981 produjo fue la acumulación de este recurso natural en pocas manos, primero de chilenos, que luego lo vendieron a las trasnacionales del agua” Entrevista en El Mostrador, 21 de marzo de 2005.. Similar opinión tiene Juan Pablo Orrego, coordinador internacional de la ONG Ecosistemas: “Es impresionante, basta que una empresa tenga los derechos de agua constituidos en un río y eso le permite al final avasallar una cuenca entera, ecológicamente exquisita, habitada por un pueblo indígena precolombino” señala, recordando su experiencia con la construcción de Pangue y Ralco, lucha que derivó en que se levantaran sólo 2 de las 7 represas que Endesa tenía originalmente proyectadas para el río Bío Bío.
¿Son ambientalistas? Sí, responden, aunque hablan bastante de democracia, bien común, participación, con una mirada social y ambiental. Pero es infructuoso. La mayoría de los medios los encasillan, estereotipan. Para ellos, y por extensión para la media, son ambientalistas extremos.
El agua sigue fluyendo.
El Código Civil en su artículo 595 establece que “todas las aguas son bienes nacionales de uso público” y su dominio pertenece a la nación toda (sic). Palabras que se llevan las olas al establecer la Constitución que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Click.
Visito el sitio web de la Dirección General de Aguas e ingreso a “Mercado de Derechos”. Luego, al “Mercado del Agua”. Eso son nuestros ríos, lagos y quizás glaciares… un producto, una mercancía. El código (modificado en 2005) establece que al obtener alguien la administración del recurso, el caudal solicitado pasa a ser de su propiedad y se puede hacer de él, a perpetuidad y gratuitamente, lo que se quiera (siguiendo, de todas formas, ciertas normas en torno al cambio físico y biológico). Hoy, casi un 80 por ciento de los derechos son no consuntivos otorgados pertenecen a una sola empresa, Endesa Chile. Los usos pueden ser consuntivos y no consuntivos. Los primeros se refieren a cuando se saca agua y ésta no se devuelve al curso hídrico (riego, agua potable) y los segundos cuando se utiliza y se devuelve (hidroelectricidad). Otro dato relevante es que más de un 30 por ciento de la electricidad del país la consume la minería. Un volumen similar, el sector industrial..
Para el director general de Aguas, Rodrigo Weisner, el sistema no es un problema: “Mercados del agua existen en todo el mundo y existen en países en que la intervención estatal y los permisos que se otorgan para el agua son precarios. En segundo lugar, el mercado es un buen mecanismo para la reasignación del recurso y a mi juicio la más importante, porque el mercado entrega una señal de precios que es un muy buen indicador desde el punto de vista de la escasez del bien en general… no es bueno que el agua sea gratis en su uso y en exceso todo lo que es gratis se mal usa”, señala.
Aún así, el Gobierno tiene claridad de que hay un problema de método en la asignación y que no basta con administrar los recursos hídricos con un sentido propietarista. En su discurso del 21 de mayo de 2006 lo dijo la Presidenta Bachelet: “Ningún proyecto de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medioambiente. Tampoco evaluaremos proyectos aislados, sino que incorporaremos el ordenamiento territorial, el manejo integrado de cuencas, como eje de nuestra nueva política”.
Leo al investigador de la CEPAL Axel Dourojeanni: “En Chile, sin embargo, hay demandas claras para que las cuencas se gestionen de manera más coordinada. Son demandas que provienen de los usuarios de los sectores productivos y del agua, de actores que ya están siendo afectados por una gestión insuficiente de las intervenciones de las cuencas” Entrevista en revista Acuerdos, Nº 34 de enero de 2007 pág. 4.
. Un caso dramático es el de Copiapó, cuyo tranque de acumulación Lautaro se secó durante este verano, a pesar de que según las autoridades la entrega de derechos se ha hecho en conformidad con la legislación. Y cuando hay agua, muchos copiapinos la sacan de sifones y ronda en el ambiente que la culpa de la contaminación la tiene el “sueldo de Chile”. Una opinión distinta tiene Rodrigo Weisner para quien “en caso alguno es la actividad minera… en este caso puntual los motivos de la sequía siempre son meteorológicos nunca responsabilidad de una empresa”.
En el intertanto, avanzan proyectos que intervienen drásticamente las cuencas. El crecimiento de Chile lo requiere se escucha.
Estoy en Vallenar.
“Agua sí, oro no”. “Queremos trabajo”. “El agua no se vende”. Las paredes como espacio público para la discusión.
En la Cuenca del Valle del Río Huasco el proyecto de oro Pascua Lama se sitúa en la cima de la cordillera y amenaza con afectar irremediablemente la calidad y cantidad de las aguas que escurren a la vera del sinuoso camino que corta Chile en ese tramo. Los pobladores saben que el escaso recurso hídrico es fundamental para su economía de regadío y se movilizaron ante la idea de mover tres glaciares para extraer el oro.
Mauricio Ríos se mantiene desde el principio en la pelea por evitar que muera el valle, que para él y muchos pasa porque no se concrete el proyecto. Es presidente del Consejo de Defensa del Valle del Huasco y como Natanael Vivanco, y Luis y Ximena Martínez de Chigüinto, o la presidenta de la junta de vecinos de Chollay Sandra Ramos no se considera ambientalista y defiende lo que cree propio. Para ellos, es un tema de supervivencia. “Esto es grave, el agua del valle nace allá. Cuando se presentó el estudio los servicios públicos hicieron muchas observaciones, pero al final igual se aprobó el proyecto” dice Ríos.
No es extraño. De los estudios mineros sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 23 se han aprobado y ninguno rechazado. Esta especie de certeza en la aprobación minera preocupa: Barrick, informa Ríos, es parte de una mega avanzada trasnacional para desarrollar 54 proyectos en la majestuosa y blanca montaña en esa zona del país.
Dicen los críticos que esta situación permisiva es coherente con la doctrina Frei, estrenada durante la inauguración de la cuestionada central Pangue el 6 de marzo de 1997: “Ninguna inversión se detendrá por consideraciones ambientales”. A la cual se agregó a los inicios del caso Celco un instructivo estableciendo que los funcionarios públicos, en el marco del SEIA, no tendrían la función de rechazar proyectos sino de mejorarlos.
Me muevo una región al sur, al interior de Los Vilos.
Previamente viajo a Santiago para conversar con Fernando Crisosto y preguntar su opinión sobre el SEIA. Es el gerente de Asuntos Externos de Minera Los Pelambres Hoy gerente de Asuntos Externos de Antofagasta Minerals, la matriz.. “Definitivamente creemos que estos sistemas permiten al país una institucionalidad que vela por los derechos de los distintos interesados, tanto los particulares como los intereses de tipo ambiental o de desarrollo para el país. Reconocemos en los servicios del Estado a organismos técnicos altamente competentes” es su opinión.
Las estadísticas le dan la razón. El SEIA, al igual que en gran parte de este tipo proyectos, les ha favorecido. Donde no les ha ido bien hasta ahora, como en Pascua Lama, es en el ámbito judicial. Un litigio con el Comité de Agua Potable Rural de Caimanes y con el agricultor Víctor Ugarte por el derecho a usar las aguas mantiene en vilo la inversión aunque confiando en el peso de sus argumentos, continúan la construcción. Los críticos plantean que además de usar la poca agua disponible, el tranque contaminará las napas freáticas.
Para Crisosto estos temores chocan con la realidad. “El Proyecto Mauro, considerando el sistema de tuberías para el transporte de relaves y recuperación de aguas industriales y su recirculación a proceso a 60 kms. de distancia, requiere una inversión de aproximadamente U$ 500 millones… de 10 gotas de agua usadas para el proceso de concentración, sólo 2 son de agua fresca y las 8 restantes son aguas recirculadas”.
Los caimaninos, del poblado más cercano al proyecto, no confían en esas cifras. Juan Olivares es un antiguo agricultor del sector Pupío 2: “Desde que se está construyendo no hay agua. La gente apoya porque hay empleo, pero qué pasará con el futuro” se pregunta durante un cóctel en la escuela del pueblo donde confluyen sin hablarse amigos y detractores del proyecto.
Caimanes, de mil 200 habitantes, está completamente dividido. La junta de vecinos histórica, la número 4, concentra a los opositores. La nueva, la número 5 que nació hace 3 años, está integrada por quienes lo apoyan, fundamentalmente trabajadores y gente vinculada a la compañía. Las escaramuzas incluyen la anecdótica pelea por quién pagaba el entierro de un muerto.
La guerra por el agua es brutal. “Si comienza a operar el relave tendremos que irnos. Incluso le entregamos una carta a la Presidenta planteando la solicitud de Caimanes, porque nosotros encontramos que no es justo que la gente se tenga que ir cuando ha vivido toda una vida” reclama Mireya Ardiles, presidenta de la 4, pensando que seguirán la misma suerte que El Mauro, porque donde se construye el relave antes vivía gente.
Carlos Cortés, hijo del presidente de la 5, opina lo contrario. Vivía en Santiago pero con el proyecto regresó, “quería volver a mi tierra y gracias a El Mauro pude venir” cuenta este relacionador público en la flamante sede vecinal, única instalación comunitaria que cuenta con internet, gracias a un fondo especial que instituyó la empresa. Me entrega una carpeta con datos hídricos históricos que muestran que la sequía que hoy vive el pueblo es cíclica y que no se puede achacar a Pelambres. El dossier también incluye un trabajo básico de inteligencia que consigna cómo los dirigentes opositores son todos parientes y que entre 6 se distribuyen los cargos directivos de las principales organizaciones. La batalla no tiene tregua.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: UN CHANCHO MAL PELADO
PAC, proceso mediante el cual una comunidad se organiza y participa en la discusión de los problemas colectivos, incidiendo en los cambios que requiere. ¿Una ONG profesional, externa a una comunidad, forma parte de un proceso de participación ciudadana?
Para muchas empresas no. Para el Gobierno, a veces, tampoco.
Parto a ver los cisnes.
Sí, estoy en Valdivia. Porque si alguna empresa sabe de comunidad organizada es Arauco. Con datos duros y mucho ruido en el caso de Acción por los Cisnes, y derechamente yendo a los coscachos como en el de Mehuín. Pero éstas son comunidades de base, no son ONGs. La crítica empresarial va dirigida a las organizaciones profesionales, a los activistas pagados, tanto nacionales como extranjeros. Las que se ganan la vida en esto como diría Bernardo Matte representando un pensamiento de la elite económica. Las que no dejan producir, que no dejan dar trabajo.
Las empresas quieren relacionarse sólo con las comunidades. Pero normalmente la ciudadanía de los territorios donde se instalan megaproyectos no tiene los recursos, el conocimiento técnico ni la experiencia para enfrentarse en igualdad de condiciones a grandes compañías. En el fondo, su relación con las ONGs permite equilibrar un poco la balanza.
“Esperamos un aporte constructivo de las ONGs, sabemos que hay temas que desarrollar, conversar, mejorar y esperamos que su aporte ayude al progreso y el bien del país”, explica Angelo Romano, gerente de Asuntos Públicos de Arauco en la Región de Los Lagos.
Reviso la folletería, escucho la publicidad y constato el despliegue económico comunicacional y de lobby de estos proyectos. No, no hay igualdad de condiciones para instalar su discurso y su mensaje. Miro al Estado y veo que, en una labor neutral a la que se ve obligado por el SEIA y por voluntad política, (al ser “juez” en las resoluciones ambientales) muchas veces permite que el proceso de concientización por parte de las grandes empresas no tenga contrapeso. “Es un conflicto entre privados” escucho decir a los que deciden mientras conversan animadamente con representantes de los grupos económicos en la inauguración de una nueva industria. O cuando el gerente general de Endesa Chile, el español Rafael Mateo, declara sin pudor en la Junta de Accionistas de abril de este año: “Estamos colaborando con el ente regulador para que se establezcan normas acorde a nuestros intereses”.
No, igualdad de condiciones no hay. Pienso: Equidad no es dar a todos por igual, equidad es dar más a quienes menos tienen. Concluyo: Equidad es poner más atención a quienes menos atención tienen.
No es distinto en el caso del conocimiento técnico, tan de moda en estos tecnocráticos días. Se exige a los eventuales afectados manejo de la ciencia, y en todos los casos vecinos de a pie debieron iniciar un proceso de aprendizaje en áreas nuevas y altamente complejas. Los agricultores del Valle del Huasco y Caimanes se vieron obligados a adentrarse en el conocimiento del proceso del oro y el cobre, el uso de cianuro y los impactos de la gran minería, los habitantes de Valdivia sobre las celulosas, los riles y el luchecillo que desapareció y hoy patagones de la Región de Aysén saben de hidroelectricidad, y los impactos ambientales y sociales de las represas y las líneas de alta tensión. Y para acceder a ese conocimiento, en estos monetarios días, se necesitan lucas.
Sí, las ONGs pueden hoy ser necesarias.
Más aún cuando el SEIA da dos meses a los ciudadanos para conocer, evaluar y hacer observaciones a iniciativas de miles de millones de dólares, de carácter altamente técnico y en muchas ocasiones humanamente imposibles de revisar por el común de los mortales. El proyecto de una planta de aluminio en Aysén (Alumysa), con un costo de U$ 2.750 millones, constaba de 24 tomos de información, cuadros y anexos.
Entonces ¿de qué participación ciudadana estamos hablando? (continúa en la próxima edición).

PATRICIO SEGURA