En la antesala de la sesión especial de la Camara de Diputados para analizar la crisis del agua, representantes de la Bancada Transversal del Agua convocaron a la cita programada para este miércoles 20 de agosto y manifestaron su interés de que el consumo humano del recurso se garantice efectivamente en la reforma al Código y en la Constitución.
El diputado del PC, Daniel Núñez, pidió no solo centrarse en las medidas de emergencia, sino que también en los temas de mediano y largo plazo.
“La gran expectativa que yo tengo como diputado es que el día de mañana, aprovechando este escenario de la Cámara de Diputados completa, discutiendo un problema que es tan importante para Chile, para las regiones, podamos tener el anuncio del Gobierno de que se envíe una reforma al Código de Aguas, una reforma profunda, una reforma inclusiva, como anunció la Presidenta Michelle Bachelet, una reforma que asegure, que sea un derecho irrenunciable que garantice el Estado chileno el derecho al agua para todos los chilenos, especialmente en las zonas rurales, una reforma que ponga límites a la propiedad del agua, a la perpetuidad de los derechos de agua”, recalcó Núñez.
El parlamentario por Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado espera que la sesión “sea un día histórico en que empecemos, después de que el año 1981 se nos impuso un Código de Aguas autoritario, privatizador, hacer que el agua realmente vuelva a ser de propiedad de todos los chilenos”.
Por su parte, la diputada Cristina Girardi (PPD), indicó que “nosotros hemos planteado al Ministro de Obras Públicas la necesidad de una reforma al código de agua y de una reforma a la constitución”.
“La reforma sólo al Código de Aguas no va a permitir garantizar el acceso al agua como derecho humano. Para que el agua sea catalogada como un derecho humano esencial, debe ser a través de una reforma constitucional”, enfatizó junto con agregar que “hoy día tenemos que terminar con la especulación del agua y debemos terminar con la concentración económica que hay en el mercado del agua”.
“Hoy, el 93% de los derechos no consultivos están en mano de tres empresas y si no modificamos esta situación, el agua jamás va a poder ser un derecho humano como lo estamos planteando”, explicó Girardi.
En tanto, el presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, Luis Lemus (PS), señaló que “el gobierno tiene una oportunidad histórica de hacer una reforma profunda, debido a la crítica situación de sequía que tenemos y de los tremendo conflictos que existen en Chile respecto del agua”.
“Hay que gente que no tiene agua que tomar, por eso consideramos que hay que intervenir y definir que el agua es un elemento estratégico para el desarrollo del país. Por lo tanto esperamos que las indicaciones que entregara el gobierno nos permitan solucionar este tema”, dijo el diputado PS.
La misma opinión compartió su par socialista, el diputado Raúl Saldivar, quien agregó que es clave que el concepto bajo el cual se administra el agua debe ser convertido en un elemento que “se traduce en un derecho fundamental y esencial de todas las personas”.
“Hay que darle al agua un estatus distinto, garantizado en la Constitución para que todos podamos tener acceso a este vital recurso. Los cambios climáticos y la situación de planeta obligan hacer cambios importantes en esta materia”, señaló Saldivar.
A su turno, la diputada Yasna Provoste (DC) afirmó que es necesario avanzar estratégicamente en las soluciones a la crisis del agua.
“Las expectativas que tenemos mañana es que no sólo ingresen las indicaciones que permitan hacer realidad las modificaciones al Código de Aguas, que es un cuerpo legal basado en el mercado, donde no se ha privilegiado al agua como un bien nacional de uso público. También tenemos la expectativa en este parlamento de poder avanzar junto a los temas estratégicos de país, el poder avanzar en soluciones urgentes y que se requieren en nuestras regiones que están agobiadas por una sequía que no habíamos vivido en los últimos años”, manifestó Provoste.
A su juicio de la parlamentaria, el ministerio de Obras Públicas y de Agricultura, a través del INDAP, deben y tienen que entregar una agenda concreta para que los pequeños agricultores enfrenten la sequía.
“Necesitamos que el Gobierno entregue medidas concretas para enfrentar esta situación hoy, pero también para hacer todas las adecuaciones a nuestra legislación, de manera de garantizar que el agua es un bien nacional de uso público y no un bien de mercado”, enfatizó Provoste.