Intendencia de Santiago y autoridades de la U de Chile se culpan mutuamente por desalojo en la Escuela de Derecho

Natalia Garrido, concejala de Peñalolén y dirigente de la Federación Nacional de Pobladores, Fenapo, acusó que, a pesar de realizar una protesta justa y en forma pacífica, carabineros ingresó a la Universidad con una violencia desproporcionada, pateando las ollas donde preparaban comida y golpeando a menores, mujeres y hombres que ahí se encontraban.

El abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, junto al abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Julio Cortés, se entrevistaron con el vicerrector de la Universidad, Sergio Jara y la directora de la escuela de derecho, Carola Canelo, para exigir una explicación por el desalojo que dejó  treinta y cuatro detenidos, dieciocho hombres y dieciséis mujeres,  entre los que se encontraban menores de edad que resultaron con lesiones leves.

Según los abogados, las autoridades de la facultad  aseguraron que la orden habría provenido de la intendencia y que a ellos nada se les había informado al respeto. Esta versión fue desmentida por el intendente de Santiago, Claudio Orrego, quien aseguró que fue el decano (S) de la facultad, Pierino Perazzo, quien llamó solicitando el desalojo de los pobladores.

Por otro lado, los estudiantes de la escuela de derecho, que a primeras horas de la tarde se congregaron a la entrada de la facultad, para expresar su apoyo a los pobladores que pedían “terminar con la segregación socioeconómica que ha asentado en el sistema universitario tradicional”, repudiaron el actuar de las autoridades, tanto académicas como de gobierno, y decidieron convocar a una asamblea que en este momento se está desarrollando, en la facultad de Pio Nono.

Cabe Mencionar que  pasadas las 19:00 horas, los 34 pobladores detenidos aún se encontraban en la 33° Comisaría de Ñuñoa y que quince minutos más tarde recién comenzaron a ser liberados los menores. Al cierre de esta nota los adultos aún se mantenían privados de libertad y eran trasladados a otro recinto policial, el cual no ha sido informado.