Críticas al rol del Estado chileno en el ‘conflicto mapuche’ protagonizaron seminario sobre fallo condenatorio de la CIDH

Los principales alcances del reciente fallo en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Chile por la aplicación de la Ley Antiterrorista a dirigentes, miembros y activistas del pueblo mapuche fueron analizados en un seminario sobre el tema organizado por el Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central.

La actividad fue inaugurada por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Andrés Naudon, ante un gran marco de público. En su intervención, la autoridad señaló que el dictamen mostró «como la aplicación de la legislación penal, en este caso antiterrorista, puede dar lugar a violaciones flagrantes a los derechos de las personas, especialmente de quienes se encuentran en situación de mayor debilidad ante el aparato estatal, como es el caso de los comuneros y dirigentes mapuches». Asimismo, destacó la importancia del fallo para revisar la forma como el Estado ha enfrentado la cuestión mapuche.

El coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Facultad, Sergio Fuenzalida, quien además representó a uno de los querellantes mapuches ante la Corte, fue el primer expositor de la jornada. En su ponencia, el académico revisó las principales materias abordadas en la sentencia, explicando las conductas condenadas por el tribunal internacional en relación a la violación de derechos y principios fundamentales en contra de integrantes del pueblo mapuche.

No obstante, también hizo una crítica al alcance de lo emitido por la Corte en cuanto a que no establece un criterio sobre cuál es el nivel de precisión que debe tener una ley antiterrorista. «Sólo se refiere a la presunción de inocencia y a la afectación del principio de legalidad por la utilización de la presunción legal, pero no se pronuncia sobre la descripción del tipo penal, ámbito en el que la Comisión de Derechos Humanos señaló muy claramente que el tipo penal de terrorismo chileno que se aplicó daba un margen de discrecionalidad enorme a los jueces», señaló.

La investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas (CIJUCEN), penalista especializada en el tratamiento jurídico y leyes asociadas, doctora Myrna Villegas, también criticó la sentencia por la omisión de un pronunciamiento claro sobre el concepto de terrorismo, «y que sólo se haya referido a un aspecto de la ley de conductas terroristas que ya está derogado, que es la presunción de la finalidad terrorista, el cual –de todas formas- sigue existiendo de forma tácita».

En su exposición, la doctora Villegas abordó el fenómeno del terrorismo y sus distintos acercamientos teóricos y conceptuales para cerrar con su perspectiva. Al respecto, hizo una clara alusión a la capacidad del Estado para incurrir en conductas terroristas. «Terrorista es el que atenta contra el derecho a la libre determinación de los pueblos y que atenta de manera organizada mediante una estrategia de violación sistemática de los derechos humanos fundamentales», precisó.

El historiador de la Universidad de Santiago de Chile y miembro de la Comunidad Historia Mapuche, Fernando Pairicán, cerró la jornada señalando que el fallo de la CIDH en contra de Chile, pese a sus carencias, representa «un mensaje a los tribunales de las regiones en que se desarrolla la expresión política del pueblo mapuche. Es un llamado a no criminalizar una legítima reivindicación de derechos consagrados internacionalmente».

Pairicán explicó el desarrollo de la denominada «Operación Paciencia», iniciativa impulsada durante el gobierno de Ricardo Lagos que involucró una labor de inteligencia y la criminalización de la «cuestión mapuche» a través de la aplicación de la ley antiterrorista y el beneplácito del empresario Eliodoro Matte.

En este sentido, sostuvo que «el gobierno de La Nueva Mayoría debe hacerse cargo de los errores y horrores cometidos por la Concertación. La implementación del fallo será una importante oportunidad para que este gobierno se desmarque de los anteriores y demuestre ante el movimiento mapuche que existe una ruptura con su pasado reciente o sólo es una continuidad bajo nuevos matices de su accionar».

Por Cristian Fuentes/ Universidad Central