El propio parlamentario expresó que «me detuvieron por tratar de evitar que FFEE golpeara a apoderada que estaba defendiendo a su hijo. Ni siquiera estaba participando en marcha”.
También el parlamentario sostuvo que «FFEE debe revisar procedimientos. Agarrón de testículos y patadas a detenidos son injustificables”
En el desarrollo de la misma marcha la periodista de Radio Cooperativa, María Paz López fue víctima de una agresión por Carabineros. La profesional declaró que «en medio de una detención de un apoderado y unos estudiantes, yo con micrófono en mano y con el celular grabando los ambientes de esas detenciones, Carabineros me pega un codazo en el estómago que me deja sin aire, justamente antes de poder despachar sobre lo que estaba sucediendo en ese momento”.
En su cuenta de twitter la periodista sostuvo “Segunda vez en la jornada que recibo un golpe de parte de un funcionario de ffee.”
Tal cual lo demandamos con fotografías de agresiones y delitos perpetrados por funcionarios de FF.EE. de Carabineros de Chile, entregadas a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados el año 2011, y nuevamente en abril de este año ante la Comisión de Derechos Humanos de la misma Cámara, el Estado debe legislar para que efectivamente se garantice el desarrollo de la labor informativa y el ejercicio de nuestra profesión, así como también de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos chilenos, así mismo debe perseguir y castigar a quienes cometan delitos con armas entregadas por el Estado.
La pasividad de la autoridad la convierte en cómplice y resta credibilidad, sobre todo ante el compromiso con la política de Derechos Humanos anunciada 21 de mayo recién pasado, cuestión de la que todos los chilenos nos debiéramos sentir orgullosos.
Reiteramos nuevamente la deuda pendiente adquirida por el Estado con el periodismo chileno el año 2008 cuando durante propio gobierno anterior de la Presidenta Michelle Bachelet, mediante su ministro del Interior, el señor Edmundo Pérez Yoma, se comprometiera públicamente a impulsar con carácter de urgencia una tipificación penal por las agresiones que sufran los periodistas en el cumplimiento de sus labores informativas, lo que hasta la fecha solo quedó en una promesa.
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