Seis policías fueron sentenciados a 12 años de reclusión mayor por tentativa de asesinato al presidente de Ecuador.
El Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha ratificó por unanimidad la sentencia emitida a principios de agosto y penó con prisión de doce años a los policías acusados de intento de magnicidio en calidad de autores.
Los hechos que se le atribuyen ocurrieron durante la jornada golpista del 30 de septiembre del 2010 (30-S) cuando los uniformados dispararon contra el vehículo en el que fue rescatado de un hospital policial el mandatario Rafael Correa, tras ocho horas de retención contra su voluntad, informó la Fiscalía General de la Nación.
El fiscal del caso, Gustavo Benítez, brindó pruebas contra los seis policías en base a 51 testimonios y 38 informes documentales, que fueron presentados en la audiencia de juzgamiento que se realizó entre el 22 de julio y 1 de agosto pasados.
“La Fiscalía hizo una investigación de 360 grados, es decir, presentó testigos que están apostados en todos los alrededores por donde circunvaló el Presidente de la República en su evacuación y a estas personas se les puede ver en los videos con armas, tapados el rostro y dispuestos a disparar en contra del Mandatario”, explicó el fiscal en esa oportunidad.
Los efectivos que se encontraban detenidos en espera de la sentencia, fueron condenados en base al artículo 224 del Código Penal que establece que la tentativa de asesinato contra el Presidente de la República o el que se hallare ejerciendo la Función Ejecutiva será penada con reclusión mayor de ocho a doce años, aunque no llegue a inferirse daño alguno.
30-S: Policías, oposición y medios
“Esto es una conspiración y no van a lograr absolutamente nada, nunca antes ha estado tan fuerte el gobierno y ni ese grupúsculo ni nadie podrá detener la Revolución Ciudadana”, indicaba el presidente Correa desde el Hospital Militar, el 30 de septiembre de 2010.
En junio, la Comisión especial que investiga los hechos del 30-S concluyó que en esa jornada se organizó un golpe de Estado, en el que participaron sectores políticos de oposición, además de efectivos policiales.
Hasta el momento, la justicia ecuatoriana falló contra más de cien personas involucradas en el intento golpista, en el que fallecieron diez personas y más de 300 fueron heridas. A su vez, aún hay más de 400 procesados por los hechos en diversas etapas penales y la inspectoría de Policía inició investigaciones en contra de unos 900 uniformados con distintas sanciones en todo el país andino.
Las acusaciones, también alcanzan a las empresas de comunicación: “Uno de los pasos (para el golpe) era deslegitimar al gobierno y ablandarlo, eso lo hacía a través de los medios”, sostuvo Diego Guzmán, miembro de la comisión especial que investiga los hechos.
La Comisión analizó alrededor de 2700 noticias de tres meses antes y tres meses después del 30-S y sostuvo que el 56 por ciento de la información que se generaba abonaba a “una tendencia clara que buscaba calentar el ambiente, que la sociedad sea manipulada”.
Guzmán explicó que luego del intento de Golpe, los medios buscaban dejar el hecho en la impunidad: “De los 82 editoriales analizados, apenas ocho reclamaban la conducta de la Policía y la fuerza pública, 28 decían que fue irresponsabilidad del presidente, 30 que no fue un golpe de Estado, 16 editoriales hacía una crítica a la Asamblea Nacional”.
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