Javiera Olivares: «Creo que la herencia de la dictadura desgraciadamente caló muy hondo «

Por eso era necesario conversar con ella, para entender cómo se sitúa en este contexto de cambios, siendo un agente “histórico” activo que aspira a una participación efectiva dentro de las reformas que ha propuesto el gobierno y que busca convertir la institución “Colegio de Periodistas” en un ente articulador y un punto de encuentro para todo el sector de trabajadores de las comunicaciones. La dirigenta espera instalar las bases de un movimiento social y sindical capaz de abordar tanto las condiciones laborales y salariales del gremio como los contenidos del discurso público, en el contexto de una sociedad que debe perfeccionar su democracia.

En una entrevista señalaste que tu gestión estará dirigida a dar un cambio al actual enfoque del Colegio de Periodistas, basando tu proyecto en cuatro ejes principales: uno de ellos es impulsar una nueva Constitución para el derecho a la información. A tú juicio, ¿en qué falla la Constitución que tenemos respecto del derecho a la información?

Creo que la Constitución falla completa. Proviene de una etapa dictatorial y fue impuesta por un sector que quería implementar a fuerza el modelo neoliberal a la vez que entrabar toda posibilidad de una construcción democrática efectiva. Esta Constitución no sirve, hay que cambiarla ojalá lo antes posible vía una discusión ciudadana, que surja del pueblo y abra paso a una asamblea constituyente.

En el tema puntual del derecho a la información y a la libertad de expresión, si bien la Constitución actual establece que se debe resguardar la libertad de expresión, tiene una concepción que finalmente está amparada en el marco general de su objetivo, que es la defensa al derecho de la propiedad. Por lo tanto, eso tiende a permear el resto de las garantías. En el ámbito de las comunicaciones yo prefiero quedarme con el planteamiento del “derecho a”, sintetizado en el derecho a la comunicación universal  que incorpora el derecho a la información (que está establecido en la Declaración de Derechos Humanos) y la libertad de expresión, pero entendida como libertad del pueblo, de todos los ciudadanos y cuidadanas,no de las empresas a poner medios de comunicación por el hecho de que tengan dinero.  El programa del actual gobierno establece que la nueva Constitución debería incorporar el derecho a la información establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, garantizado por el Estado como un derecho de todos. Lo que me parece un enorme avance.

¿Debe, el Estado, cumplir un rol informativo y educativo a la hora de la entrega de información “masiva”? ¿Cómo evalúas el cierre del diario La Nación y la gestión de TVN como el “canal estatal”, considerando que su oferta programática está mediada por el rating y financiado por publicidad? ¿El rol informativo está, a tu juicio, intervenido por intereses comerciales de los auspiciadores?

Si se analiza el marco general, lo que pasa en la región y en el mundo, se puede ver que las democracias y las nuevas Constituciones garantistas, o incluso las democracias históricas de Europa, tienden a darle una relevancia al Estado como productor de contenidos informativos y culturales que es enorme. Así ha ocurrido en los países de América Latina en este último tiempo,  buscando preservar y cuidar el derecho a la comunicación universal por vías de revalorizar al Estado, para que también sea capaz de generar contenidos que tengan una mirada garantista. Ojo, que cuando digo Estado no estoy hablando de una mirada de gobierno. Y cuando hablo de “garantista” hablo de garantizar derechos. En ese marco, Chile debiese dejar la historia de “no política” en materia de comunicaciones que ha existido desde la dictadura y a lo largo de la transición pactada -hasta hoy día, diría yo- y comenzar a abrir las discusiones en este sentido, re-valorizando el rol estatal.

Pero, ¿qué tenemos hoy en el caso de Chile? Un diario La Nación extinto, vendido, privatizado, cuyo archivo histórico de valor incalculable, desde 1917, pertenece ahora a una universidad, con un edificio también histórico -y que sirvió para proteger a perseguidos durante la dictadura militar- que tampoco pertenece hoy a este diario sino que, casi por azar y por suerte, se le asignó a otra entidad pública. Una televisión nacional que, si bien su infraestructura es de propiedad pública, su parrilla programática dista mucho de serlo. ¿Qué hemos dicho nosotros que debiese suceder? Financiamiento sistemático del Estado a TVN, para que cumpla efectivamente con el rol de una televisora pública (como han planteado tanto la academia como los organismos internacionales) y establezca su prioridad en informar, educar y entretener, visibilizando a todos los sectores de la sociedad civil que a los canales de carácter comercial y mercantil no les interesa visibilizar. Hay que hacer cambios en este sentido, donde me parece importante destacar que después de mucho tiempo, este gobierno, al menos lo está considerando. Al menos nos permite tener un “paraguas” para insistir y exigir que esta discusión se abra, que el programa sea cumplido y que este financiamiento sistemático se cumpla. La presidenta Bachelet ha dicho que ella está de acuerdo con que existan medios de prensa escrita que sean públicos. Entonces ¿qué es lo que nos corresponde hacer hoy día como Colegio de Periodistas y como movimiento social y sindical del mundo de las comunicaciones?  Primero, vincularnos y fortalecernos justamente para tener capacidad de dialogar, pero también de presionar y exigir que estas medidas sean cumplidas. Porque más allá de quitarnos, tanto a periodistas como a todos los trabajadores vinculados con las comunicaciones una posibilidad de trabajo, el no tener más medios y medios públicos quita a toda la ciudadanía el acceso a más pluralidad. Es vital que exista un lugar en donde los sectores más vulnerables puedan ser representados y lo suficientemente visibilizados. No quiero ser injusta, no sostengo que TVN no esté haciendo nada en este sentido. Lo que sí estoy diciendo, es que no es suficiente; que falta mucho camino por recorrer y que el Estado debe ser revalorizado como un ente capaz de tener medios de comunicación y de cumplir con los roles educativos e informativos que debiera tener.

¿Cuál es el rol social de un periodista, si vamos más allá de lo obvio que es informar, ejercer y  defender la libertad de expresión?

El rol primero del periodismo, y lo decimos también en la Declaración de Ética de nuestro Colegio, es luchar por la defensa y el cuidado de la democracia y los derechos humanos. Dentro de eso, por supuesto que uno vela en particular por uno de los derechos humanos más importantes, que es la libertad de expresión y de información. Pero también nosotros estamos por el derecho a la vida, por el fortalecimiento de la democracia, por la equidad de género, por la no discriminación, por la paz social, por el diálogo ciudadano, por la garantía de los derechos del pueblo. Mi convicción más profunda es que todo lo dicho constituye el rol del periodismo.

El periodismo tiene una misión puntual: cubrir y entregar información, y que la gente tenga acceso a ella. Y que, a la vez, esa información le permita y sirva para exigir otros derechos. Es decir, que la información tenga una validez instrumental. Nuestro rol  como periodistas y como Orden profesional que nos agrupa y representa, es defender el derecho a la democracia, el derecho a la vida y a los derechos humanos.

Atendiendo, precisamente a lo que estamos hablando, ¿qué pasa con Agustín Edwards entonces?  Los antecedentes, incluídos los archivos desclasificados de la CIA, demuestran que jugó un rol clave y cómplice en la dictadura y que fue parte de una conspiración que ocultó las violaciones a los derechos humanos. Se lee en la prensa que le correspondería ser enjuiciado por el Tribunal de Ética del Colegio. Cuál es tu opinión en este caso.

Hay un abogado, Luis Cuello, que está mandatado por el Colegio de Periodistas para estudiar específicamente los argumentos y requerimientos que se presentarán a nuestro Tribunal de Ética, para que estudie la responsabilidad de Edwards en las complicidades que se produjeron en materia de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. La definición que se tome a propósito de ese requerimiento, es una labor que compete al Tribunal, que es ente independiente y autónomo. Nosotros, como Directiva, insistimos en el trabajo de todos nuestros colegiados promueva la democracia. Si se demuestra que alguno de ellos o de ellas, no apunta a eso, a mí me parece que debe ser sancionado y que la sanción debiese llegar, como lo contemplan nuestros Estatutos, a la expulsión. Así, que hay que esperar primero la presentación de este requerimiento, y después lo que concluya la investigación del Tribunal, su respectivo fallo.

Otra cuestión es mi opinión personal, y mi mirada política respecto a la figura que ha tenido Agustín Edwards, la familia Edwards y el diario El Mercurio en la historia de Chile. Pero esta apreciación personal nada tiene que ver con este comité ético. Lo que sí me parece importante y en donde yo, como presidenta, voy a insistir, es en que todos los colegiados y en general, ojalá todos los periodistas de Chile, si de mí depende, asuman como imperativo ético el aportar a la defensa de la democracia y que de lo contrario, sean sancionados.

Supongo que este proceso no es exclusivo de Edwards.  ¿Han existido otros juicios a agentes periodísticos que participaron de los procesos de silenciamiento de lo que estaba sucediendo en dictadura?

Efectivamente. Han habido ya otros procesos en donde han sido expulsados periodistas del Colegio. Son varios los casos, que están publicados en nuestra página web. Entre ellos se encuentra el que involucró al ex colegiado Claudio Sánchez, al de otra periodista que trabajaba en el diario La Segunda, y que tenía que ver con el titular “Exterminados como ratones”. También están los periodistas vinculados con el caso de Karin Eitel y hay varias otras investigaciones que se realizado en este sentido. Si es que existen más, hay que hacer llegar las denuncias al Tribunal de Ética, puesto que esa es su función y para eso existe. Es muy importante señalar que no solamente los periodistas y los colegiados pueden acudir con  requerimientos de investigación al Tribunal de Ética, sino también cualquier persona que considere pertinente una investigación o una acusación. Igual, respecto de aportar evidencias. Cabe destacar que los juicios no son sólo exclusivos para los colegiados, porque las sanciones pueden también ser para los no colegiados. En esos casos no hay un castigo referido a la membrecía, pero sí una sanción moral que, en la medida de que sea publicada por los medios de comunicación, genera también un cuestionamiento al ejercicio periodístico y a la ética profesional. Sin olvidar que los afectados o afectadas pueden utilizar los antecedentes recabados para demandas ante la justicia ordinaria.

¿Cómo ves el panorama de los periodistas en términos laborales y cómo afectó al rubro el que la carrera fuera impartida por universidades privadas, generando así una sobrepoblación de profesionales y falta de ofertas laborales para satisfacer esta demanda?

Es compleja en realidad la situación laboral de los periodistas en general. Hoy día existen más de 50 casas de estudio que imparten la carrera de periodismo; salen cerca de 1200 periodistas al año al mundo laboral y, obviamente, el nivel de participación en espacios del ejercicio periodístico mismo como medios de comunicación o empleos relacionados, no alcanza para ese nivel de egresados y titulados.  Hay un alto nivel de desempleo; se ha generado mucho empleo precario, afectando no sólo las condiciones laborales, sino, incluso, se ha producido abuso de poder, como por ejemplo, que las empresas generan impedimentos para constituir sindicatos, realizan despidos masivos y lamentablemente el código laboral ampara a que sucedan estos abusos por razones privadas de la empresa.

Nosotros hemos puesto énfasis en que acá hay, básicamente, dos problemas: uno es el que tiene que ver con lo que significan el sistema y el modelo educacional -en general- pero puntual, a la vez, de las escuelas de periodismo, que han tendido a mercantilizar una carrera que resulta llamativa, porque en el mejor de los casos te permite viajar, estudiar múltiples cosas al mismo tiempo y es interesante. Los jóvenes la compran (porque pagan por la carrera) y generan una expectativa en torno a ella que después  no se cumple. Es imperativo que se pueda analizar cuáles son las universidades que imparten la carrera y ver cuáles son realmente las que entregan una formación de calidad en términos periodísticos, pero que además, en el marco de la gran reforma educacional, obviamente se pueda orientar la educación no como un bien de consumo, sino como un derecho y eso implica que no se pueda mercantilizar.

El segundo problema que tenemos es la precarización laboral y ahí, como Colegio, lo que hemos dicho es que hay que ponerle fin al actual Código del Trabajo, que es lo que pensamos como último objetivo político. Hoy, lo que se puede hacer es avanzar en más garantías y mejor trato hacia los trabajadores. Estamos convencidos de que la discusión sobre reformas laborales nos importa y que queremos participar, más allá de que seamos un colegio profesional, porque entendemos que también somos trabajadores. Tenemos que exigir todas estas garantías conculcadas. Los periodistas nos vemos muy afectados por el artículo 22  del Código del Trabajo, que te permite trabajar decenas de horas extras, sin ser catalogadas como tales y, por lo tanto, no son remuneradas con la justificación de que la noticia no tiene horarios. Nos parece urgente participar de esta discusión y lo vamos a hacer en la medida de avanzar en más garantías y con el objetivo último de cambiar el  Código Laboral injusto y dictatorial.

También hay que regular la propiedad de los medios de comunicación para que no sea todo netamente mercantil, porque muchas veces un periodista que no está lo suficientemente preparado, que no tiene para pagar su título -por ejemplo- y que debe ponerse a trabajar para pagar una deuda estratosférica con el crédito CORFO que le permitió estudiar y recibe muy poca paga, quizás no va a tener las herramientas ni la mejor estabilidad laboral para hacer bien su trabajo en términos profesionales y tampoco puede dejar de hacerlo, aunque le paguen mal, porque sabe que afuera hay veinte personas más que están dispuestas a hacer lo mismo, incluso por menos sueldo. Hay un problema de modelo, de un sistema que no está funcionando y todo esto es un tema que hay que visibilizar; es un problema que es bien amplio, que hay que discutir y que no se resuelve únicamente con un bono en tal o cual empresa -lo que también es importante, pero no suficiente- y es éste el debate que nosotros queremos dar.

Chile está dando un debate ideológico en un montón de temas y nosotros, como Colegio de Periodistas, vamos a participar para aportar con todas estas miradas.

Otro de los ejes principales de tu proyecto es el de conformar una confederación de trabajadores de medios de comunicación. Podrías explicarnos en qué beneficia al rubro la existencia de esta confederación. Será sólo para periodistas o podrán participar de ella otro tipo de profesionales vinculados a los medios como, por ejemplo, camarógrafos, técnicos etc.

Hemos señalado que el Colegio de Periodistas no basta únicamente como tal. Hay que fortalecerlo, descentralizarlo, hacerlo más participativo y esos son unos de nuestros principales compromisos. Pero junto con eso, sabemos que esto no da cuenta de todo el crisol de los trabajadores de las comunicaciones, del sector productivo de contenidos informativos y culturales. La Confederación de trabajadores que hemos propuesto incluye desde el perillero al asistente de cámara, al camarógrafo, a la Unión de Reporteros Gráficos, a las distintas federaciones de periodistas, a suplementeros y ojalá a todos quienes participan del rubro. Lo difícil es pensar en cómo nos articulamos, porque el nivel de precariedad que tenemos cada uno en nuestro respectivo sector no es fácil de llevar. Pero en el fondo, esa es la pega que hay que hacer. Vincular todas estas organizaciones que están dispersas o en condiciones de poca fuerza. Pero, al menos nosotros, que tenemos un espacio, que tenemos una oficina, que somos una organización que se encuentra de Arica a Punta Arenas, podemos lograr el ser un punto articulatorio para toda esta gente. Para poder denunciar la precariedad y para poder avanzar en materia de libertad de expresión.

Entiendo que el ministro Elizalde y la Presidenta Bachelet plantearon que se va a generar una mesa de trabajo por el debate de la libertad de expresión en Chile. Si esto se lleva a cabo ¿cuál sería el escenario más auspicioso que se podría conseguir mediante esta mesa, cuál sería el mayor éxito que podrías llegar a concretar como presidenta, en el mejor de los casos?

Esta mesa de trabajo seguramente no va a llegar al tema de la reforma constitucional, pero va a hablar de las comunicaciones, y nosotros hemos dicho que creemos que la nueva Constitución debe garantizar el derecho a la comunicación universal. Luego de ello, esperamos que se implemente una ley, ojalá orgánica-constitucional de hecho, que incorpore la garantía, expresamente, de que Chile va a tener y de que el Estado va a promover que existan tres tipos o sectores de medios: los medios públicos, que debieran ser propiedad del Estado; los medios privados, que van a existir siempre; pero también los medios comunitarios, locales o regionales, que tienen que ver con las expresiones más propias de las bases. Hoy día hay señales de radio y también señales de televisoras populares, que son esfuerzos enormes y que muchas de ellas se encuentran, incluso, en la ilegalidad. Que son allanadas, que sus trabajadores son perseguidos, que sus equipos son expropiados, etc. Entonces nosotros creemos que tenemos que avanzar en este sentido, intencionar que el Estado dé estas discusiones para garantizar la existencia de este tercer sector, que en otros lugares del mundo es muy valorado.

El punto es que el Estado debe garantizar y proteger la existencia de estos tres sectores porque, de lo contrario, se está quebrando o vulnerando la democracia. Ahora, para que esto se produzca y se promueva, esa mesa de trabajo debiera debatir todos estos temas, pero arrojar una conclusión que apunte a la equidad, por ejemplo, de la distribución del avisaje público, porque esa es una manera de fortalecer otros medios. O sea, hoy las decenas de millones de avisaje público para prensa escrita, se van en un 90% a los grandes medios masivos, llámense La Tercera y El Mercurio. Eso no puede seguir así. Otro punto importantísimo es la propiedad de los medios de comunicación. La Nueva Mayoría propone en su programa que exista una ley que regule la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y Chile tiene índices de concentración de propiedad de los medios que bordean el 90%. Casi la más alta de América Latina.

En este sentido, para mí, el gran logro de esta mesa sería que tras su discusión se sienten las bases para un nuevo trato estatal a las políticas públicas de las comunicaciones. Para ello debiera concluir con un proyecto de ley orgánica-constitucional que garantice el derecho a la comunicación universal del pueblo, por medio de lo antes descrito.

Como militante del PC, cómo ves el hecho de que las mujeres estén en espacios “de poder” tan visibles e influyentes, como el caso de Bárbara Figueroa, Karol Cariola, Camila Vallejo, Andrea Gutiérrez y tú misma, considerando que, históricamente, las luchas de las mujeres fueron consideradas como preocupaciones que mermaban a la gran lucha que es la lucha de clases, y son hoy, justamente las mujeres, las que están visiblemente, dando la cara por el partido.

Me parece que es un muy buen escenario para Chile. Creo que estamos avanzando en equidad de género. Soy la primera mujer que está en este cargo en los 58 años de historia de esa organización, por lo tanto no es poco y todos los que estamos detrás de este proyecto así lo hemos entendido; pero además, creo que esto da cuenta también de un nuevo tiempo, de un nuevo ciclo que tiene que ver con mujeres que son comunistas (y no comunistas, también) que son dirigentas sociales y que se han forjado en el trabajo. Cada una ha trabajado años en su respectivo ámbito y eso ha permitido una validación para poder dirigir, liderar, ser la cara visible de un proyecto. El país ha desechado prejuicios, ha dejado persecuciones políticas antiguas y hoy es capaz de confiar en militantes comunistas que han demostrado trabajo, capacidad de liderazgo y convicciones. Pero sobre todo, los liderazgos también se construyen a base de un programa construido ampliamente y que da cuenta de peticiones, de deseos, que muchos han manifestado. Eso se produjo en la CUT, en la FECH y se sigue produciendo. Hay mujeres que también son de otras tendencias y que también son muy visibles desde otros puntos de la izquierda y en otros espacios. Yo creo que lo más interesante es eso. El Partido Comunista y muchas otras fuerzas entienden que el punto de inflexión que se marcó el 2011 no se detiene, sino que obliga a continuarlo con trabajo en diferentes instancias; desde la movilización en la calle, pasando por el trabajo desde la institucionalidad, participando de mesas de trabajo, fortaleciendo gremios y sindicatos, etc. Y hoy se está volviendo a depositar confianzas en aquellas instituciones que participaron de la transición consensuada y que no fueron precisamente las más inclusivas ni coherentes, pero que tienen historia y una historia hermosa que con trabajo, proyecta un futuro auspicioso.

Javiera, en relación a este mismo tema, en un par de entrevistas que te han hecho, se te ha preguntado, de forma insistente, sobre el rol del PC dentro del Colegio de Periodistas ya que eres militante y ahora la presidenta. Personalmente no veo conflicto de intereses y me parece más bien algo bien extraño, como si el hecho de ser judía, masona, negra, u homosexual, influyera en el rol de dirigente. ¿A qué crees que se debe esta pregunta?

Lo atribuyo a que pese a que hemos avanzado, hay una estigmatización, una persecución política  y clara, respecto del Partido Comunista en Chile.

¿Todavía se siente, según tú?

Yo creo que sí. La herencia de la dictadura desgraciadamente caló muy hondo y como país -que fue conejillo de Indias en la implementación del modelo neoliberal en América Latina- obviamente eso también penetró muy profundo. Hablar de comunismo, hablar de equidad, de igualdad, da susto. Hablar de Estado, incluso, genera a veces escozor en ciertos sectores. Referirse al Estado como un ente capaz de otorgar recursos, da susto en algunos sectores. Ahora, episodios como el 2006 con los pingüinos, el 2010 con la huelga de los subcontratistas del cobre y después el 2011 y todo el proceso de acumulación de fuerzas de las organizaciones sociales y sindicales, ha generado que los mitos vayan cayendo. Siento que vivimos en ese proceso, ya que todavía hay estigmatización y discriminación, pero estamos derribando mitos.

Hace 5 o 3 años atrás, que un comunista fuera presidente del Colegio de Periodistas era impensado. Que un comunista fuera presidente de la CUT se veía difícil. ¡Que, además, fuera mujer comunista, más impensado aún! Que existieran diputadas jóvenes, menores de 35 años, mujeres y comunistas era una cosa que rayaba en lo ridículo. Por eso insisto en que estamos derribando mitos. Y no sólo los comunistas. Ya ves a Melissa Sepúlveda en la FECH que es una militante anarquista y feminista que hoy está en todo su derecho de liderar una organización y así lo está haciendo. Y una dirigenta como Naschla Aburman, de izquierda, en la Universidad Católica, también lo está haciendo. Entonces, estamos democratizando las instituciones por la vía de permitir que cualquiera, siendo negro, amarillo, judío, palestino, comunista o masón, pueda dirigir un espacio, siempre y cuando se haga a través de un programa amplio y que esté en concordancia con el respeto a los derechos humanos y a los que la propia organización proponga.

Ahora que acabas de asumir la presidencia y que tienes todo el punch, cómo te gustaría que se viera este periodo de dirigencia, en el futuro. ¿Cuál sería tu mayor éxito?

Me gustaría que se viera como un aporte a la organización de los trabajadores de las comunicaciones y de todos aquellos que creen que es necesaria la existencia de garantías como el derecho universal a la comunicación para la democracia de Chile. Si pudiesen quedar instaladas bases de un movimiento social y sindical que luche por la democratización tanto de las condiciones laborales de los trabajadores de las comunicaciones, como de los contenidos expuestos al debate público por los medios, para mí sería un tremendo logro. Difícilmente esto se pueda conseguir en 2 años. Pero sí creo que se pueden sentar bases sólidas para ese movimiento y ya estamos en eso. Ya estamos recibiendo parabienes del sindicato de suplementeros, de trabajadores de las comunicaciones, de dirigentes sociales de diferentes organizaciones, de la agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos, y tantos más. Todos ellos,  han manifestado su apoyo y colaboración para trabajar en conjunto por esta construcción colectiva. Es un excelente inicio.

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