Campaña nacional Verdad y Justicia Ahora, a 41 años del golpe de Estado Cívico-Militar

A 41 años del golpe cívico militar y en memoria de las víctimas de la dictadura, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), en conjunto con todas sus sedes regionales, plantearon este lunes una propuesta de Derechos Humanos, tendiente al término de la impunidad, y a que en definitiva se establezca la verdad y se aplique justicia a los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Chile.

Acompañada por parlamentarios, alcaldes,  dirigentes de derechos humanos y sociales, trabajadores, artistas, entre otros, la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro Sierra, dio cuenta del inicio de la campaña denominada “ Verdad y Justicia: Ahora!”, tendiente a dar sustento a la iniciativa que considera el trabajo conjunto con actores de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial.

“Nuestro sustento se basa en que a más de 40 años del golpe de Estado de 1973, los resultados de nuestras demandas han sido parciales por múltiples razones. Creemos que no se puede dilatar en el tiempo medidas que sean efectivas para el ‘Nunca Más’, avanzar en la adecuación de la legislación acorde con el Derecho Humanitario Internacional, en educación, en la eliminación de privilegios a los criminales, en políticas públicas de memoria, son entre otras, posibles de llevar a cabo en momentos históricos como el que vivimos, con una ciudadanía demandante y empoderada capaz de obtener los cambios y avances que solicitamos”, declaró la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro.

La dirigente explicó en la sede de la AFDD hoy el país vive una realidad distinta, por lo que “existiendo voluntad política de sancionar la impunidad, podremos avanzar en curar lo que se ha llamado la herida abierta. El tiempo que podemos recuperar, es corto, pues lentamente se impone la impunidad biológica, aquella que deja de sancionar los crímenes de lesa humanidad por muerte de los perpetradores”.

Por ello detalló que la propuesta es un avance sustantivo y podrá ser realidad de contar con la voluntad y responsabilidad histórica de las autoridades. Explicó que se requiere reactivar proyectos de ley o bien reformular propuestas legales que consideren:

1.- Declarar la nulidad de Derecho Público del Decreto Ley Nº 2191 (Ley de Amnistía) de 1978;

2.- Aprobar el proyecto de ley que interpreta los Artículos 93 y 103 del Código Penal, referido a excluir de beneficios carcelarios a quienes sean condenados por su responsabilidad en causas de violaciones de derechos humanos;

3.- Enviar un proyecto de ley que tipifique la “Desaparición Forzada de Personas” como crimen contra la humanidad;

4.- Apoyo del Ejecutivo del proyecto de ley interpretativa que adecua la legislación penal chilena a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos;

5.- Que Chile ratifique la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, aprobada el año 1968 en Naciones Unidas;

6.- Que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ponga fin a su accionar contrario al derecho que le asiste a las víctimas y sus familiares a ser reparados por el Estado;

7.- Uno de los mandatos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (Artículo 6° de la Ley 19.123), es el de coadyuvar a la ubicación de los detenidos desaparecidos y el esclarecimiento de los hechos de las víctimas de ejecución política, a ello debe agregarse la facultad de querellarse en los casos de víctimas de tortura, para tales efectos es necesario el envío de un proyecto de ley que los faculte para lo cual es necesario ampliar su personal e infraestructura;

8.- Ampliar las facultades del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), permitiendo que este pueda querellarse en casos de violaciones a los Derechos Humanos;

9.- Que los procesos radicados en los tribunales de justicia a lo largo del país cuenten con investigaciones exclusivas;

10.- Envío de un proyecto de ley que elimine el secreto que contempla cincuenta años de reserva en los nombres de los torturadores que se mencionan en el Informe emanada de la Comisión de Prisión Política y Tortura; así como impulsar todas las iniciativas que impidan el ocultamiento de archivos del periodo de la dictadura cívico-militar.

11.- Que definitivamente la justicia militar restrinja su competencia a materias propias de sus instituciones y que dejen de tener cualquier facultad relacionada con procesos por violaciones a los derechos humanos.

12.- Reapertura y se mantenga de manera permanente la recepción de denuncias y calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos;

13.- El reforzamiento de las políticas de recuperación de la memoria histórica, en sus diversas formas y ámbitos. Especial preocupación reviste la situación de impunidad y ocultamiento de información que aún mantiene la ex Colonia Dignidad, se deben tomar medidas que terminen con el manto de protección a este enclave;

14.- Que en el plano educacional, la asignatura de derechos humanos sea incorporada a la  malla curricular, en los distintos niveles de educación formal;

15.- Proscribir los beneficios para todos los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden que sean acusados y condenados como violadores de los Derechos Humanos;

16.- Terminar con las cárceles especiales para los violadores de derechos humanos sancionados por la justicia, tales como Punta Peuco.

17.- Reestructuración de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), reincorporando al mando de ella a funcionarios de probada trayectoria e idoneidad para instruir indagatorias de este tipo;

18.- Elaborar un proyecto de ley para la Subsecretaría de Derechos Humanos, con la participación activa, propositiva y resolutiva de las organizaciones sociales involucradas.

La dirigente de la AFDD sostuvo que la propuesta se gesta ante la perspectiva de que las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura militar “son un tema que aún atraviesa a toda la sociedad chilena”.

“Nuestro país conoció las políticas de terrorismo de Estado, traducidas en exilio, tortura, allanamientos poblacionales masivos, ejecuciones, exoneraciones, relegaciones, prisión política y una de la más brutal de esas violaciones, la detención con desaparición forzada, que afectó a nuestros familiares, crimen en el cual se sintetizan todas las violaciones a los derechos de una persona”.

Pizarro hizo presente que estas iniciativas sólo apuntan a trabajar por el reencuentro de todos los chilenos, y más allá de ser un tema recurrente para fechas emblemáticas, y busca que hechos criminales como los acontecidos durante 17 años no vuelvan a ocurrir, pero para eso “debe haber justicia, debe establecerse la verdad y castigar a los criminales; el Estado chileno debe dar una solución, pues desde el retorno a la democracia sólo ha existido o primado una política de buena voluntad, sin que realmente se subsane el que a 41 años de los crímenes aún no podamos saber el paradero de nuestros seres queridos; es un drama, pero es una realidad que persiste en el  país  y de allí que sigamos demandando encontrar a los detenidos desaparecidos”.

Recordó que en esta propuesta está suscrita además por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua; Agrupación de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta; Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparacidos y Ejecutados Políticos de Paine; Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de La Serena; Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca; Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Linares; Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Parral; Agrupación de Familiares De Detenidos Desaparecidos de Chillan; Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Los Ángeles; Agrupación De Familiares De Detenidos Desaparecidos de Concepción; Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia; Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía; y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Osorno.

Acompañaron la Conferencia de Prensa :

Alicia Lira Presidenta  AFEP, Juan Rene Maureira Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Paine, Maria José Perez Coordinadora Londres 38, Diputado Hugo Gutierrez, Diputado Tucapel Jimenez,  Diputado Roberto Poblete, Diputado Sergio Ojeda. Claudina Nuñez Alcaldesa de Pedro Aguirre Cerda,  Juan   Carrasco Alcalde de Quilicura. Raúl de la Puente Presidente ANEF. Andrea Gutierrez Presidenta SIDARTE. Roberto Marquez Illapu. Daniel Cantillana Inti Illimani. Marcelo Coulon Inti Illimani. Manuel García Cantante.