Hacia fines del siglo XIX, la oligarquía chilena (aliada al capital Ingles) se encontraba en pleno proceso de expansión territorial imperialista que ya había sometido al dominio de los dueños de Santiago a las provincias de la Antigua Capitanía General de Chile, a Chiloé, a Magallanes, al Wallmapu y al Departamento peruano de Tarapacá y al Departamento boliviano de Litoral (quedando aun por anexionar los territorios de Aysén y de la Antártica).
Las ambiciones de la oligarquía no tenían límites, tanto es así que llegaron al punto más alejado del planeta: una pequeña isla de apenas 170 km2 ubicada en medio del océano Pacífico, en la cual vieron un punto estratégico para el comercio marítimo (considerando la próxima apertura del Canal de Panamá), para la instalación de la Armada en el Pacífico y, por supuesto, realizar uno que otro negocio en aquellas tierras sin importar a quien le pertenecieran. Por supuesto, la oligarquía chilena no podía quedarse al margen del reparto del Pacífico que las grandes potencias realizaban en ese entonces.
En 1888 (un 9 de septiembre) el Reino de Te Pito o Te Henua, representado por su Rey Atamu Tekena, celebra un “Acto de Voluntades” con el Estado chileno representando por el Capitán de Corbeta Policarpio Toro. Al firmarse el tratado el Rey tomó un puñado de tierra y lo guardó en su bolsillo y luego tomó un puñado de pasto y lo entregó a Policarpio Toro diciéndole: “[…] a partir de hoy puedes enarbolar tu bandera en el mismo mástil, pero mi bandera en lo alto y tu bandera bajo la mía… al enarbolar tu bandera, Chile, no quedas dueño de esta isla, porque nada te he vendido y nada te he regalado”. Con esto el Rey ratificaba su soberanía en el territorio, designando a chile como un amigo del lugar, el cual le ofrecía a cambio protección, apoyo y amistad.
Pero, tras estas buenas voluntades se escondía la ambición del Estado chileno. Tras el intento frustrado de colonización realizado por el hermano de Policarpio Toro, el Estado decide violar el tratado desconociendo la soberanía de los maorí-rapanui y firma un contrato arrendando la isla al comerciante Enrique Merlet por 20 años, quien luego se asoció con la Willamson, Balfour & Co., de capitales ingleses para conformar la Compañía Explotadora de Isla de Pascua, dedicada a la crianza de ovejas para la producción de lana. Para resguardar el negocio el Estado chileno crea en 1896 se la subdelegación de la Isla de Pascua, dependiendo de la gobernación marítima de Valparaíso, otorgándole al administrador de la Compañía el cargo de Subdelegado Marítimo (hasta 1914).
A partir de entonces se inicia la sangrienta dictadura de la Compañía Explotadora amparada por el Estado Chileno, que someterá a los maorí-rapanui a un régimen de esclavitud, usurpando sus tierras, destruyendo su patrimonio, reprimiendo y asesinando a los que se resistían, ultrajando a mujeres y niños, quemando sus cosechas y viviendas, aniquilando su ganado, restringidas sus libertades. Cansados, en 1914 los maorí-rapanui se levantaron, liderados por la anciana María Angata Veri Veri y su hijo Daniel María Teave. Recuperaron vacas y ovejas y sitiaron a los funcionarios de la Compañía, siendo finalmente reprimidos por la Armada de Chile. A pesar de esto, y de las denuncias del arzobispo Rafael Edwars, el Estado decidió renovar el contrato de arriendo a la Compañía.
En 1933 el Consejo de Defensa del Estado de Chile decide inscribir arbitrariamente 16.600 has de la isla a nombre del Fisco, desconociendo totalmente los derechos de los habitantes originarios. En 1952 termina el contrato de arriendo con la Compañía y pasa a ejercer directamente el control de la isla a través de la Armada, la que continúa con los abusos y violaciones hacia la población. Producto de esto es que en 1964 se produce un levantamiento, liderado por Alfonso Rapu, el que obliga a Eduardo Frei Montalva a aceptar muchas de las demandas de los isleños, aprobándose la Ley Nº 16.441 (conocida como «Ley de Pascua»), que integró la isla a la organización territorial chilena y entregó a los maorí-rapanui supuestamente los mismos derechos que al resto de los habitantes del país, sin embargo, la isla sigue siendo una colonia, las tierras usurpadas siguen en manos del Estado, con la propiedad ilegítima de más del 80% de la isla, incluyendo el “Parque Nacional Rapa Nui”, del cual los habitantes originarios son completamente excluidos.
Para el Estado chileno la isla se ha convertido en una fuente de ingresos turísticos y en un puesto de avanzada geopolítico en el Pacifico al cual no pretende renunciar. Tanto es así que durante la Dictadura militar se intentó instalar en la isla una Base Militar Norteamericana, que no se llegó a construir pero sí se suscribió un acuerdo para permitirle a los Estados Unidos utilizar el Aeropuerto de Mataveri para el aterrizaje de transbordadores espaciales, con lo cual el Imperio Norteamericano tiene un injerencia sobre la isla (no es que vayan a utilizar el aeropuerto sin tener acondicionadas las pistas, generadas las condiciones necesarias, instalados los equipos de comunicaciones, etc., y siempre donde hay un tipo de intervención de este tipo, hay personal estable que trabaja también en otras materias propias del Imperio Norteamericano).
La anexión de Rapa Nui es quizás una de las mayores muestras del Imperialismo criollo. No hay justificación histórica, ni territorial, ni de ningún tipo, para mantener colonizada bajo las banderas chilenas a una isla cuyos habitantes tienen una cultura absolutamente polinésica, completamente diferente a la que predomina en el Chile continental, por mucho que se use y abuse de su cultura para hacerla parecer como “chilena”. De ahí que las demandas y la lucha autonomista e independentista del pueblo-maorí rapa nui son absolutamente justificadas al igual que la compensación que debe realizar el Estado Chileno por todos los abusos cometidos.
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