En la mañana del lunes 15 se presentó ante los tribunales una demanda por Ley Zamudio contra el Grupo de Trabajo de la ONU que recomendó el aborto en Chile para menores de 18 años. El demandante, la ONG Comunidad y Justicia, se considera discriminado al no haber sido recibidos por el Grupo pese a que se le solicitó hasta en cuatro ocasiones.
La semana pasada se conocieron las conclusiones preliminares del Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica, organismo de la ONU que recomendó a Chile legislar a favor del aborto para menores de 18 años.
Cuando se anunció la visita a Chile del Grupo de Trabajo, la ONG Comunidad y Justicia solicitó ser recibida para transmitir su opinión al respecto. En cuatro ocasiones lo pidió, incluso personalmente a la experta doña Alda Facio (Costa Rica). No obstante, en ningún momento se les atendió ni se justificó el motivo de su exclusión. Jamás fueron recibidos ni escuchados por el organismo, a diferencia de otras organizaciones, como por ejemplo, el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh).
Desde la ONG consideran que el Grupo de Trabajo de la ONU tenía la obligación de escuchar y considerar las distintas opiniones de las organizaciones de la sociedad civil en Chile previo a emitir su informe. Pero durante su visita a nuestro país, el Grupo de Trabajo no se reunió ni con Comunidad y Justicia ni con ninguna organización de la sociedad civil que pueda ser percibida como pro vida.
Como señala Pablo Urquízar, Director Legislativo de Comunidad y Justicia, “esta actitud nos parece una conducta absolutamente reprochable, discriminatoria y excluyente, que demuestra un sesgo ideológico que excede las atribuciones del organismo internacional”.
Por esta razón, Comunidad y Justicia ha presentado en tribunales una medida preparatoria por Ley Zamudio contra la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, al considerar que se les ha discriminado y afectado en sus derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, no discriminación arbitraria, libertad de opinión y de petición, de manera arbitraria por el organismo internacional.
Para Urquízar “lo mínimo que debiera esperarse de los organismos de la ONU es que actúen sin discriminar ni excluir. Esto es un escándalo y deslegitima totalmente las recomendaciones que hizo el Grupo de Trabajo en materia de aborto. El proceso está viciado e ideologizado”.
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