Mientras aún resuena el triunfo de la derogación de la Ley de Semillas (conocida como Ley Monsanto) en Guatemala – Ley Monsanto-, Costa Rica sumó un nuevo triunfo en Nuestra América. La Sala Constitucional declaró como inconstitucional un artículo de la norma que regula la cesión de autorizaciones para desarrollar transgénicos en el país, y suspendió la posibilidad de liberar los Organismos Genéticamente Modificados (OGM). La medida no es definitiva –advierten las organizaciones ambientales-, pero sentó un nuevo antecedente en el continente contra las normas que avalan con discrecionalidad el avance de los negocios de las multinacionales como Monsanto.
La Acción de Inconstitucionalidad aprobada días atrás por la Sala de Constitucionalidad de Costa Rica, determinó que el Reglamento de Protección Fitosanitaria (RPF) vigente “vulnera derechos fundamentales de toda la población”. El artículo 132 de la RPF establecía que “Toda la información técnica y científica que aporten las personas físicas y jurídicas para los respectivos registros tendrá carácter confidencial”.
A partir de esa norma, la multinacional Monsanto se encontraba tramitando una habilitación para liberar semillas transgénicas de maíz, cuyo expediente había sido declarado por el Estado como confidencial.Tras el fallo, las autorizaciones que se encuentran en trámite deberán ser suspendidas hasta adaptarse a las nuevas disposiciones.
“Los alcances de esta sentencia no detienen, de manera definitiva, las posibilidades de liberar transgénicos en el país. Sin embargo, resulta un antecedente importante para demostrar que los intereses de las empresas vinculadas a esta actividad –entre ellas la transnacional Monsanto que tramitaba permiso para sembrar maíz – han sido beneficiados con el otorgamiento de permisos en contra de los derechos fundamentales de toda la población”, sostuvo en un comunicado la Federación Ecologista de Costa Rica que motorizó el pedido de inconstitucionalidad.
El recurso de anticonstitucionalidad había sido presentado en el 2012, luego de que la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CNTBio) entregase un permiso para sembrar maíz transgénico a la empresa D&PL Semillas Ltda., subsidiaria de Delta & Pine, de Monsanto – precisó la Regional Latinoamericana de de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación-. De acuerdo a la denuncia, tampoco se obligaba a la realización de un Estudio de Impacto Ambiental.
Golpes contra las corporaciones de semillas
El avance de las corporaciones vinculadas al negocio de las semillas y OGM tiene como principal aliado en el continente la denominada Ley de Protección de Obtenciones Vegetales que promueven la privatización de semillas.
La primera semana de septiembre, Guatemala asestó un fuerte golpe: el Poder Legislativo eliminó la Ley de Semillas que había sido aprobada en junio pasado. La decisión fue el resultado de una triunfante campaña de organizaciones de populares en contra de la norma denominada “Ley Monsanto” que había sido impuesta como requisito del TLC firmado con EEUU en el 2005.
En un escenario similar, aunque de menor alcance, en México un juzgado anuló la autorización a Monsanto para sembrar soja transgénica en Yucatán y ordenó que se realice una consulta popular antes de que el Estado expida otro permiso. El fallo fue en respuesta a diversas demandas presentadas por agricultores mayas, y dictaminó que la liberación de la región para la producción de las semillas genéticamente modificadas (OMG) de la multinacional, ponía en riesgo la economía y ambiente de la península del país americano.
El freno judicial fue en respuesta a un amparo presentado frente a la habilitación que recibió la multinacional en el 2012 para sembrar 253.500 hectáreas de soja transgénica en siete estados. El fallo también obligó a la Secretaría de Agricultura a que efectúe consultas populares previas a otorgar nuevas autorizaciones en los municipios indígenas de Yucatán. Ello sienta un antecedente: se reconoce el legítimo derecho de las comunidades campesinas e indígenas a decidir sobre su territorio y su producción –contemplado en la Ley de Biodiversidad-.
Monsanto controla el 60 por ciento del mercado mundial de semillas y el 76 por ciento de agroquímicos, junto a otras multinacionales como Syngenta, DuPont-Pioneer, Bayer, Basf y DowAgro Sciencis.
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