De Uruguay para el mundo: 5 lecciones sobre la legalización de la marihuana

Pepe Mujica, presidente de Uruguay, se llevó las palmas (y un alto grado de escepticismo) al aprobar el año pasado una política pública que legaliza el cultivo, venta y consumo de marihuana en el país. Sin embargo, el responsable del experimento social es Julio Calzada, secretario general de la agencia antinarcóticos de Uruguay.

En entrevista con el GlobalPost, Calzada explica cómo se pone en práctica la legalización en Uruguay; pase lo que pase durante los próximos años, estas políticas sentarán un precedente histórico en la lucha por la legalización de la marihuana, simplemente porque es la primera vez que se realiza a esta escala.

1. El impuesto a la marihuana está relacionado con el precio en el mercado negro

Las compañías encargadas de producir la cannabis estarán sujetas a un impuesto especial que cambiará dependiendo del precio de la marihuana en el mercado negro. Según Calzada, “el objetivo central de esta tasa variable es competir con el mercado negro. De modo que si la marihuana se vende en la calle por 25 pesos, la comisión, que es un porcentaje, debe permitir que las compañías vendan cannabis legal a 25 pesos”.

En otras palabras, el precio de la marihuana en el mercado ilegal determina el precio del mercado legal.

2. Las compañías privadas se pelean la posibilidad de cultivar cannabis –como en licitaciones de cualquier otro tipo

El gobierno uruguayo recibe propuestas de compañías para acceder a una de tres licencias para cultivar marihuana legal. Según Calzada, 22 compañías han solicitado dicha licencia, y aunque la mayoría son uruguayas, 20% son internacionales.

A pesar del tope de 1 dólar el gramo que el gobierno ha impuesto al producto final, el interés mostrado por las compañías es señal de que (oh, sorpresa) cultivar marihuana legal puede ser buen negocio.

3. El gobierno posee un estudio que muestra que es posible cultivar marihuana a 1 dólar el gramo, pero nadie puede verlo

Muchos expertos afirman que no sería viable, pero según Calzada, los expertos no saben nada. El gobierno financió un estudio no sólo para probar su viabilidad, sino para llevarlo a cabo. El documento es clasificado, pero Calzada dice que se hará público una vez que las compañías sean elegidas.

4. Estados Unidos no ha presionado negativamente a Uruguay (pero la ONU sí)

Históricamente, EE.UU. ha sido una potencia entrometida que presiona a los países en desarrollo para mantener sus políticas alineadas con Washington. Sin embargo, Uruguay no ha recibido presión directamente del gobierno de Estados Unidos –pero sí del Comité Internacional de Control de Narcóticos de las Naciones Unidas (INCB).

Según el organismo, Uruguay contraviene la Convención Internacional de Control de Narcóticos; el presidente de la INCB, Raymond Yans, incluso dijo que Uruguay ponía en peligro la salud pública. José Mujica instó a Yans a “dejar de mentir” y lo retó a visitar Uruguay para discutir el asunto.

La posición de Calzada es que “el cambio de una posición punitiva, donde el consumo de drogas se penaliza y se considera criminal, a una posición donde las drogas se piensan como un asunto de salud pública, es un cambio radical. Pienso que, en realidad, en Estados Unidos ha habido cambios significativos”, refiriéndose a las nuevas regulaciones en Colorado y otros estados.

5. No hay que ser usuario de drogas para aprobar su despenalización

En una entrevista con Vice, un reportero le preguntó a Mujica si él consumía cannabis, lo cual negó. Calzada tampoco se ofendió cuando se le preguntó sobre sus hábitos personales, respondiendo que la cuestión es “irrelevante”. La extraña analogía utilizada fue la de que no es necesario haber estado embarazado para ayudar a alguien más a dar a luz.

Tal vez Calzada no sea bueno con las metáforas, pero sin duda su actitud respecto a la legalización de la cannabis no está interferida por sus posturas personales, como suele ocurrir cuando se retoma el asunto en otras legislaciones. Y es que la legalización y regulación de la cannabis y otras sustancias ilegales ha pasado por un veto moral de facto, en lugar de atenderse como un problema de salud.

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