Dirigentes sociales nuevamente amenazados

Como una advertencia, previo al debate sobre paramilitarismo en el Senado, 92 organizaciones y líderes sociales fueron amenazados de muerte por la banda paramilitar las “Águilas Negras”. Las amenazas incluyen algunas de las víctimas que viajaron a Cuba en el marco del proceso de paz con las FARC. Pero no era el único hecho. En una sinfonía del terror, el Esmad agrede a bala las movilizaciones de campesinos en el Putumayo; en diversos municipios del Meta, Ejército y Fiscalía detenían a reconocidos campesinos acusándolos de rebelión.

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En Bogotá, el Ejército desata las llamadas “batidas” para reclutar ilegalmente a jóvenes y llevarlos contra su voluntad a la guerra. Una combinación de formas legales e ilegales del establecimiento contra las expresiones sociales que están en acción por la paz, la democracia y sus derechos. Y luego, en el debate sobre paramilitarismo, el innombrable senador de la extrema derecha aceleraba el coro bélico diciendo que todo lo que que no concuerde con el establecimiento es terrorismo.

Al mismo tiempo se incrementan las amenazas contra dirigentes sindicales y sus organizaciones: Sintracarbón, Sinaltrainal, Comité Ejecutivo Subdirectiva CUT Guajira, Sintramienergética, Sintraunicol, Sindesena, Sintrabecólicas, Sintraimagra, Fecode y sus organizaciones filiales, Anthoc Valle del Cauca, Sintraemcali, Sintrainagro, Sinaltracampo, Sintrahospiclínicas, Fensuagro, Sinproseg, USO, SNTT. Tres dirigentes de la USO están detenidos y 39 procesados por indicaciones previas de Pacific Rubiales a la fiscalía. Su delito: la defensa de los recursos naturales.

En vez de fortalecer las medidas de protección a los dirigentes y organizaciones en situación de riesgo, sale a la luz un gran escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Protección en el manejo de los recursos. Su secretario general huye del país y el ministro del Interior anuncia un drástico recorte de recursos y mecanismos para las personas amenazadas. En la medida en que se reactiva la actividad paramilitar y la agresividad militar contra el movimiento popular y la oposición, en esa misma proporción el Gobierno reduce los mecanismos de protección a líderes en situación de riesgo. Es el retrato fiel de un régimen decadente, inhumano y corrupto, que habla cínicamente de paz pero se niega a renunciar al uso de la violencia como forma de hegemonizar el poder.

A pesar del discurso de Santos de que en Colombia por fin reina el paraíso de los derechos humanos, en los primeros seis meses del 2014 han sido asesinados 30 defensores de derechos humanos. Del 2009 al 2014 han sido asesinados 290. En los últimos tres años algo más de cien reclamantes de tierras ilusionados en la restitución fueron asesinados; hay 9.500 presos políticos hacinados en cárceles del país. La instigación del Ministro de Defensa Pinzón contra la Marcha Patriótica ha dejado 60 de sus miembros asesinados en diversas regiones del país. Por un lado la extrema derecha y sus bandas armadas conspiran contra las fuerzas sociales que alientan el proceso de paz y por el otro Santos y Pinzón lanzan el Esmad y el Ejército contra toda expresión popular que sale a las calles a reclamar sus derechos.

La oligarquía colombiana, que prevé un ascenso de la movilización social tras los posibles acuerdos con las FARC y el ELN, diseña desde ya mecanismos de contención social. La violencia está ahora legalizada: “Estatuto de seguridad ciudadana”, ampliación del fuero militar, multimillonaria campaña mediática para justificar y mantener el gasto de guerra en los post-acuerdos de paz, construcción de más cárceles e inacción frente al fenómeno paramilitar, que es funcional para evitarse finalmente restituir las tierras despojadas. Desde tiempos inmemoriales se ha confirmado, una y otra vez, que a pesar de sus diferencias naturales el pueblo debe unirse para expulsar de la dirección del Estado a una oligarquía incapaz, rapaz y violenta, y generar un nuevo poder humanista, decente y democrático.

Fuente: Kaosenlared.net