Infierno al interior de Carabineros

Tristemente recordado aquel Día del Carabinero -27 de abril- del año 1998, cuando esposas de funcionarios policiales fueron apaleadas sin piedad por otros miembros de la fuerza, en pleno centro de Santiago y frente a las cámaras de televisión.

Uno de los que reaccionó indignado fue el entonces cabo de Carabineros, Hernán Leiva Suazo, quien, por supuesto sin pedirle permiso a sus jefes, acudió al día siguiente a un programa nacional de televisión. Entrevistado por los periodistas Consuelo Saavedra y el ahora senador Alejandro Guiller, Leiva contó haber sido testigo de la golpiza a las señoras de los Carabineros y aclaró quiénes habían sido los ejecutores:

“Sentí bastante impotencia de ver como sangraban las mujeres, como les pegaban, pero eran los oficiales, no lo propios maridos, como se había dado a entender… Quiero dejar muy en claro que las fuerzas policiales de ayer eran los oficiales, no los carabineros”, señaló.

Leiva se explayó no sólo sobre los problemas económicos que habían motivado la protesta, sino también sobre las enormes diferencias con los oficiales y el brutal trato que estos tienen con sus subordinados.

“Nosotros muchas veces no tenemos ni siquiera un pan para comernos en la casa, yo sé lo digo, porque a mí me ha tocado, sin embargo yo les digo, los oficiales que salen de la Escuela de Carabineros hacen tour por Europa, Estados Unidos.”

Leiva relató que era “habitual” que los carabineros fueran privados de libertad en sus cuarteles por cosas “increíbles”, tales como “por llegar atrasados, porque tienen el pelo largo, porque no han limpiado sus hebillas.” Leiva fue detenido al día siguiente de la entrevista y condenado por la Justicia Militar un tiempo después a tres años de presidio menor. Por otra parte, alrededor de un centenar de carabineros fueron dados de baja por haber participado ellos y/o sus esposas en las manifestaciones de descontento.

Unos cinco años después, el año 2003, una pareja de carabineros hicieron un relato mucho más extenso y detallado de las injusticias que se estarían viviendo al interior de Carabineros. Esta vez no lo hicieron frente a cámaras de televisión. Lo hicieron en un país extranjero y antes las autoridades de inmigración, a las que les pidieron asilo político por temor a volver a su país.

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Se trata del ex-carabinero Julio César Pino Ubilla y de su esposa la ex-cabo segundo Myriam Alejandra Solís Fernández que firmaron en Londres, el 8 de agosto del 2008, un documento de 37 páginas que titularon “Chile un país en falsa democracia”. El Ciudadano tuvo acceso al documento en el que se detallan un sin número de abusos y malos tratos no sólo contra civiles, sino en contra de los mismos carabineros. La información fue considerada por las autoridades de inmigración, quienes el 13 de agosto del 2003 aceptaron la apelación de Julio Pino y brindaron a ambos ex-carabineros protección en ese país.

UN PAÍS EN FALSA DEMOCRACIA

La pareja de asilados argumentó que los malos tratos al interior de Carabineros estaban relacionados con los frecuentes abusos a civiles:

“La gente no sabe y critica siempre a los Carabineros por ser policías represores, pero es que la gente no se imagina, no piensa, ni cree todos los problemas, abusos y represiones, malos tratos, injusticias, descalificaciones y discriminaciones que pasa el carabinero en su unidad, y que tiene que ir con mil problemas personales servicialmente a solucionar los problemas de la ciudadanía”.

Puntualizaron claramente que su intención era la de mejorar la situación y que no era posible hacerlo por otros medios: “La única finalidad de hacer esta declaración no es la venganza ni la intención de perjudicar a la institución, sino la de informar a la opinión pública y a todo ciudadano chileno, de lo que sucede en la institución y de que de una vez por todas el Gobierno haga algo por solucionar estos problemas ya que los Carabineros también son chilenos.”

“…Cada vez que un miembro de la institución de Carabineros de Chile ha querido informar a la ciudadanía de las profundas discriminaciones que son objeto por parte de los mandos superiores de la institución, son detenidos y acusados por sedición…”, agregaron la pareja de carabineros desde Londres.

Los ex-carabineros contaron el feroz entrenamiento al que son sometidos:

“En los Grupos de Formación Policial los instructores se dedican solamente a torturar a los futuros carabineros, como es el caso del Grupo de Formación ubicado en Chiloé, X Región del país. Los instructores gozaban sacando a los alumnos a las tres o cuatro de la madrugada, completamente desnudos, a la lluvia, ordenándoles arrastrarse por el barro, siendo tanto el frio del momento, que muchos carabineros se enfermaron hasta de neumonía. En ocasiones lanzaban granadas lacrimógenas a los cuartos o dormitorios, los carabineros alumnos en su desesperación, saltaban del segundo piso del edificio, resultando algunos de ellos lesionados”.

En el documento se cuenta de graves casos de malos tratos y torturas a jóvenes, entre ellos miembros de comunidades Mapuche. Pero el racismo también estaría presente al interior de la policía:

“En la institución de Carabineros de Chile existe gran cantidad de oficiales descendientes de alemanes, ingleses, americanos, etc., los cuales en su mayoría son xenofóbicos, a los cuales no les agradan los funcionarios de menor grado que sean de color o descendientes del pueblo Mapuche o de otras etnias originarias de Chile. Suelen burlarse de ellos en las formaciones, delante de los demás funcionarios diciéndoles por ejemplo, “de qué tribu vienen”, “indios”, “negros”, etc., cualquier apelativo que destaque sus rasgos indígenas, o burlarse diciendo: “éste es gringo por el apellido que tiene.”

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Estos oficiales, según el testimonio de la pareja de ex-carabineros que pidió asilo en Inglaterra frecuentemente favorecerían a sus conocidos y harían mal uso de recursos fiscales, dando numerosos ejemplos de ello.

“En oportunidades, hay oficiales, que como siempre haciendo abuso de su grado y atribuciones utilizan a funcionarios policiales para que les cuiden sus domicilios particulares cuando ellos están ausentes, o cuando ellos tienen alguna fiesta los envían de punto fijo a cuidar sus hogares o los hogares de sus amistades”, señalan en el documento.

El testimonio fue entregado el año 2003. Pero las larvadas manifestaciones de descontento en Carabineros han seguido. El fenecido diario La Nación informaba que en marzo de 2005, doce carabineros anónimos de la Prefactura de Concepción enviaron una carta al Intendente “reclamando por malos tratos y jornadas de trabajo extenuantes.”

La misma publicación informó el año 2008 que algunos carabineros, en un correo electrónico de 16 páginas y en un CD demandaban mejoras salariales y reclamaban “por el trato que reciben de parte de la oficialidad”. Las autoridades de Gobierno amenazaron en esa ocasión con dar de baja a los carabineros. No sabemos que sucedió con ellos.

A fines de 2010 el Gobierno de Chile reconoció ante la Corte Interamericana de DDHH que había vulnerado los derechos en el caso de ocho ex-carabineros y seis esposas de ellos, todos ellos afectados por la racha que hubo después de las manifestaciones de 1998. Se les canceló alrededor de 34 millones de pesos y seis millones a las ex-esposas, y el Estado se comprometió además a que “se resguarden debidamente los derechos funcionarios de éstos (carabineros), acorde a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.”.

Pero al parecer no es mucho lo que ha cambiado. El primero de abril recién pasado se convocó a una marcha por el “Respeto a los Derechos Humanos de Carabineros”. Alrededor de 30 personas marcharon un par de cuadras desde Plaza Italia. No fueron reprimidos, quizá porque se trataba de la “Agrupación Nacional de Carabineros en Retiro y Exonerados”, es decir nadie en servicio activo.

Pero ellos, los ex-carabineros cuentan en su página web que desde el año 2007 abogan por todos ellos, incluyendo los que están en servicio activo. “Que Carabineros de Chile sea una policía democrática, que cuente con una asociación de funcionarios que permita el equilibrio entre subalternos y superiores, para evitar los abusos de autoridad internos”.

¿Cuándo sucederá aquello?

Por Cristián Opaso

El Ciudadano N° 152, abril 2014