¿Qué entendemos por competitividad?

El Ciudadano desea compartir con sus lectores un informe del Transnational Institute sobre el Pacto de Competitividad europeo, presentado a mediados de año por la presidenta de Alemania Angela Merkel y que termina siendo un nuevo eslabón para imponer políticas neoliberales. Promete ayudas económicas a los estados a cambio de nuevos recortes, rebajas en salarios y pensiones, además de ahondar en la pérdida de soberanía de los estados que lo contraigan.

Pese a que el artículo esboza la situación europea, también da luces sobre un concepto cacareado por los economistas neoliberales y amplificado por los medios masivos en Chile y Latinoamérica, forzándonos a ser competitivos.

En los últimos años, las instituciones de la UE han desarrollado paquetes legislativos a una velocidad inaudita. Después de los conocidos como ‛two-pack’ o paquete de dos medidas sobre supervisión presupuestaria, ‛six-pack’ sobre gobierno económico y el Pacto Fiscal, el Pacto de Competitividad da un paso más para exigir a los Estados miembros que sigan una agenda normativa concreta. Los años de austeridad no han conseguido proporcionar los resultados esperados y la ‛competitividad’ se ha convertido ahora en un elemento más importante de la estrategia comunitaria para superar la crisis europea.

La Comisión Europea y los medios suelen mencionar la palabra ‛competitividad’ en un sentido positivo, pero sin revelar qué se esconde realmente detrás del término. Los programas de ajuste estructural desplegados en los países sometidos al régimen de la Troika, que priorizan ‛la consolidación fiscal y el impulso de la competitividad’, se han utilizado para promover políticas de austeridad, fomentar las privatizaciones y socavar los derechos sociales y laborales.

El Pacto de Competitividad representa la etapa final de la nueva arquitectura de gobernanza económica de la UE. En esta guía básica, explicamos los mitos y las realidades sobre la competitividad, y sobre qué significa esta realmente para la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Europa.

1. ¿Qué entendemos por competitividad?

En términos económicos, la competitividad se refiere a cualquier cosa que facilite que determinadas empresas, países o regiones vendan bienes y servicios a otras empresas, países o regiones. La competitividad puede basarse en multitud de factores. En la teoría económica, suelen mencionarse el trabajo, el capital y la tecnología como los factores más relevantes para las empresas; en el caso de los países y las regiones, se considera que también son determinantes las instituciones y las políticas. En la teoría económica también se mide la competitividad de los mercados. Un mercado ‛perfectamente competitivo’ se define como aquel en el que no existen barreras de entrada ni de salida, con un gran número de vendedores y compradores, sin costes de transporte ni costes de información, y donde el funcionamiento del mercado no afecta a terceros (externalidades) y está impulsado por la maximización de los beneficios. La reducción de las barreras al comercio, la rebaja de los costes de transporte e información en las últimas décadas y los retos que plantea la competencia global han convertido la competitividad en una cuestión de gran importancia para grandes empresas, economistas y responsables de política económica.

Sin embargo, en los debates políticos actuales se utiliza una visión muy miope de la competitividad, que la reduce a los componentes de los costes laborales, como salarios y prestaciones sociales. Estos se presentan como costes añadidos que incrementan el precio final del producto o servicio, reduciendo su competitividad y, por lo tanto, la cuota de mercado de la empresa o el país en cuestión.

En realidad, muchas economías con salarios relativamente altos, como Finlandia y Noruega, son muy competitivas debido a sus elevados niveles de inversión tecnológica y formación. La competitividad tampoco está necesariamente vinculada con un giro hacia la liberalización de los mercados; no se puede decir que muchas economías en las que el Estado desempeña un papel destacado sean poco competitivas (China sería un ejemplo evidente en este sentido).

Con esto no pretendemos defender el modelo económico de los países escandinavos ni de China; solo señalar que la competitividad, entendida en términos generales, es un fenómeno complejo y con múltiples facetas.

2. ¿Qué significa la competitividad para las instituciones europeas?

Para las instituciones europeas, la ‘competitividad’ ha sido una de las fuerzas impulsoras del proceso de integración. La Estrategia de Lisboa, presentada en el año 2000, se fija como objetivo para la próxima década convertir a la Unión Europea “en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social”.¹

La protección de la ‛libre competencia’ ya era un elemento clave del Tratado de Maastricht de 1992, que sentó las bases para la actual configuración de la UE. El tratado se adaptaba a los rigores de la época, inspirándose en el ‛consenso de Washington’.² La intervención estatal y las empresas públicas se presentaban como obstáculos a la construcción de un mercado interno europeo perfectamente competitivo. La privatización de los servicios públicos y la liberalización de los mercados estratégicos (finanzas, energía, transporte, comunicaciones) se convirtieron en la política cotidiana de los Gobiernos europeos, y en un requisito imprescindible para poder entrar en el club comunitario.

La competitividad es el argumento que usa constantemente la Comisión Europea cuando exige a los Estados miembros que apliquen reformas normativas, sobre todo desde el estallido de la crisis financiera en 2008. En Europa, la crisis financiera acabó desembocando en un gran rescate del sector financiero con fondos públicos. Esto, a su vez, desencadenó una crisis de la deuda soberana en los países periféricos de la zona euro. El régimen establecido para los países que necesitaban ayuda exterior de sus socios europeos es lo que se ha dado a conocer como ‛la Troika’.

La Troika está formada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde 2010, los países deben solicitar los conocidos como ‛préstamos de rescate’ o ‛préstamos de salvamento’ al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para obtener apoyo financiero.³ Los préstamos proceden de un presupuesto conjunto de los países participantes y del FMI. Como contrapartida, los países receptores adoptan compromisos contractuales –a través de un Memorando de Entendimiento– para aplicar unos extensos programas de reformas neoliberales. Estos programas de ajuste económico, se afirma, tienen por objetivo “restaurar la sostenibilidad fiscal y poner en práctica reformas estructurales con el fin de mejorar la competitividad de la economía, sentando así las bases de un crecimiento económico sostenible”.⁴ La Troika negocia estas condiciones y supervisa su aplicación. El contenido de un Memorando de Entendimiento suele girar en torno a la privatización, los recortes en gastos y servicios sociales, las rebajas salariales y la eliminación de derechos laborales.

Por lo tanto, para las instituciones de la UE, la definición de competitividad se ajusta a la narrativa neoliberal, que comenzó con el consenso de Washington en la década de 1990 y se mantuvo y ejecutó con el Tratado de Maastricht y la Estrategia de Lisboa. Las consecuencias –como podemos ver en Grecia, Portugal y otros ‛países que participan en el programa’– son una recesión más profunda y el inicio de una crisis social de grandes proporciones. Desde que la Troika empezó a ‛rescatar’ a Grecia, la economía del país se ha contraído en torno a un 30%, el desempleo ha aumentado del 9,5 al 27,3% y la deuda pública se ha incrementado del 129,7 al 175,1% del PIB. Actualmente, más de una tercera parte de la población griega está afectada por la pobreza o la exclusión social.⁵

1. Consejo Europeo: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm
2. El ‛consenso de Washington’ se refiere al conjunto de reformas normativas macroeconómicas que caracterizan al neoliberalismo: liberalización del comercio, privatización y desregulación: http://www.iie.com/publications/papers/paper.cfm?researchid=486
3. Hasta la fecha, han usado este mecanismo Grecia, Irlanda, Portugal, España y Chipre.
4. Comisión Europea – Financial assistance to Greece: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/
5. Comisión Europea (mayo de 2014) – Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes

3. ¿Qué es el Pacto de Competitividad?

El Pacto de Competitividad fue presentado por la canciller alemana Angela Merkel durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2013.⁶ La idea del Pacto es que todos los países de la zona euro (y otros países de la UE que decidan sumarse) deben firmar ‛acuerdos contractuales’ bilaterales de reforma con la Comisión Europea. En estos contratos, los países de comprometerían a desplegar un conjunto de reformas con el fin de aumentar su competitividad. Merkel señaló que el incremento constante de la competitividad es imprescindible para ampliar la cuota europea en el mercado mundial, y así mejorar los niveles de vida europeos. Lo que no explicó es que las reformas de la UE para fomentar la competitividad consisten, entre otras cosas, en rebajar los salarios, recortar las pensiones y aligerar las normas ambientales. Estas medidas suponen un ataque directo a los niveles de vida; no una mejora de estos.

Durante 2013, se celebraron una serie de discusiones sobre la propuesta en el Consejo Europeo y con la Comisión. El resultado de esas discusiones está ahora sobre la mesa: una especie de ‛Troika para todos’, es decir, extender el régimen de la Troika (ver la pregunta 2) a toda la zona euro.

Los acuerdos contractuales de reforma se diseñarán para aumentar la competitividad y “cubrirían un amplio espectro de políticas y medidas que favorezcan el crecimiento y el empleo, incluidos el funcionamiento de los mercados laborales y de bienes, la eficiencia del sector público, así como la investigación e innovación”.⁷ Incrementar la ‛competitividad’ mediante estas reformas significará, una vez más, rebajar los salarios, recortar derechos laborales y reducir las normas ambientales en la producción. La disminución de los impuestos sobre los beneficios también podría convertirse en un tema importante. El Pacto generaría más presión para que se sigan aplicando los principios neoliberales a las políticas económicas, sociales y presupuestarias.

Los países que aceptaran estos acuerdos contractuales podrían acceder, a cambio, a ayudas financieras a través del llamado ‘mecanismo de solidaridad’. La Comisión Europea se encargaría de supervisar la aplicación de las reformas y la ayuda financiera estaría vinculada con el avance del proceso de reforma. Así, la UE solo seguiría otorgando su ayuda si se ponen en práctica seriamente las reformas acordadas.⁸ A los países con dificultades financieras no les quedaría más remedio que aceptar los contratos. La Comisión tendría entonces efectivamente la última palabra sobre las principales medidas de política económica, ya que el país deudor debería aceptar el contrato para recibir cualquier tipo de asistencia financiera. Así pues, otro de los peligros del Pacto es que el incentivo de la ayuda financiera de la UE puede ser utilizado por los Gobiernos nacionales que deseen aplicar reformas neoliberales.

6. Ver (en alemán): http://www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Reden/2013/01/20…
7. Consejo Europeo (diciembre de 2013) – Conclusiones del Consejo Europeo, párrafo 34: http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/140263.pdf
8. Ibid., párrafos 35 y 37

4. ¿Quiénes o cuáles son los intereses detrás del Pacto?

La verdadera agenda que se esconde detrás de toda esa retórica sobre la ‛competitividad’ se hizo patente en la reunión del Consejo Europeo del 19 de diciembre de 2013, en la que se debatió la nueva propuesta de Pacto de Competitividad. Para ayudar a redactar el texto, la canciller alemana Merkel había invitado al presidente francés, François Hollande, y al jefe de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, a una reunión en Berlín en marzo de 2013, junto con quince integrantes de la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT), todos ellos directores ejecutivos de grandes corporaciones (y a dos de los cuales se les pidió que presidieran un ‛grupo de trabajo sobre competitividad)’. El informe de ese grupo proponía, entre otras cosas, una reducción de impuestos, un disminución de la (ya limitada) regulación bancaria, una mayor rebaja de la protección laboral, la facilitación de fusiones y adquisiciones, y el fomento de las privatizaciones.

En palabras de Corporate Europe Observatory, “las exigencias de la ERT parecen entrañar nada menos que poner la Unión Europea totalmente al servicio de las grandes empresas”.⁹ La influencia de la ERT en la formulación de políticas de la UE tiene una larga trayectoria, que se remonta a antes del Tratado de Maastricht.¹⁰ A raíz de la crisis económica europea, la ERT ha podido potenciar su agenda normativa de forma notable. Ya en 2010, el informe ‛La visión de la ERT para una Europa competitiva en 2025’ había identificado la crisis de la deuda europea como “una oportunidad para replantear el futuro rumbo de la Unión Europea y para actuar con determinación”.¹¹ Estas son las fuerzas que impulsan la agenda de competitividad de la UE.

9. http://corporateeurope.org/eu-crisis/2013/06/mad-men-roundtable
10. http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/state_of_europe_chap…
11. http://www.ert.eu/sites/default/files/ERT%20Vision%20Report%20FINAL%2020…

5. ¿Cuáles son las principales críticas al Pacto?

Los ejemplos de Grecia, Portugal, España y otros países sometidos al régimen de la Troika demuestran las consecuencias de este tipo de políticas.

En primer lugar, los profundos recortes en el gasto público provocaron una enorme recesión. En Grecia, la economía se contrajo un 25%. El desempleo se disparó, mientras que las prestaciones por desempleo se redujeron. Esto llevó a un rápido aumento de los índices de pobreza, la disminución de los niveles de vida y el incremento de las personas sin hogar. Los sistemas de salud se derrumbaron y el número de suicidios creció. Al mismo tiempo, la crisis financiera se hizo aún más profunda. La recesión generó una importante disminución de los ingresos fiscales, y las turbulencias financieras (agravada por la anterior liberalización financiera) precipitaron grandes movimientos de capital, en detrimento de los países periféricos de Europa.

El objetivo oficial de esta política era acabar con la crisis de la deuda; sin embargo, durante la recesión, la deuda pública aumentó. En los 18 países de la zona euro, la deuda pública bruta como porcentaje del PIB pasó del 70,1% en 2008 al 92,6% en 2013.¹²

Todo esto no sería necesariamente resultado del Pacto de Competitividad, pero la tendencia es la misma. Como el objetivo último del Pacto es el aumento constante de la competitividad, es probable que este fomente medidas que supongan una rebaja de los salarios, el menoscabo de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, la desregulación de los mercados, las privatizaciones y los recortes sociales. Los niveles de vida que se han labrado las sociedades durante muchas décadas y los derechos sociales conseguidos por generaciones anteriores después de las guerras mundiales se verían atacados directamente en todos los países de la zona euro. Especialmente en época de crisis, las repercusiones económicas y sociales podrían ser muy graves.

Otro punto de crítica está relacionado con la democracia. Al igual que los programas del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el Pacto de Competitividad reduciría el nivel de toma de decisiones democráticas. Los acuerdos de reforma se deben negociar entre los Gobiernos nacionales y la Comisión. La influencia parlamentaria se debe minimizar. Según las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de diciembre de 2013, se debe garantizar “una apropiada participación ” de los Parlamentos nacionales. Estos términos suenan más al derecho de ser informado que al derecho de tomar decisiones finales. En cambio, la Comisión, que prácticamente no cuenta con ninguna legitimidad democrática, desempeñaría un papel decisivo.

Así que dentro de la eurozona, el Pacto supondría un ataque a los sistemas sociales y las normas laborales, además de recortar la democracia. Pero existe otro punto de crítica que está más relacionado con el significado global del Pacto. Angela Merkel anunció muy claramente en Davos que el Pacto persigue aumentar la competitividad de la zona euro en su conjunto con el fin de fortalecer su papel en el mercado mundial.

A escala global, es probable que el Pacto provoque la desestabilización económica así como la inhibición del desarrollo económico en el Sur, ya que una eurozona más competitiva incrementaría sus exportaciones. Los excedentes de exportación significarían un déficit en otras regiones del mundo. Los desequilibrios económicos globales se acentuarían y los países menos adelantados se verían sometidos a una presión aún mayor. La eurozona asumiría cada vez más el problemático papel que desempeña Alemania dentro de la actual Unión Monetaria. Hasta cierto punto, otras regiones reaccionarían devaluando sus monedas para compensar el aumento de la competitividad de la zona euro. Esto podría conducir a nuevos recortes y/o devaluaciones de moneda dentro de la eurozona, y así sucesivamente.

Así pues, existe el peligro de que el Pacto de Competitividad desencadene una especie de carrera hacia el precipicio económico y social. Los primeros efectos serían probablemente salarios más bajos y una merma de las normas laborales y sociales.

12. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=…

6. ¿En qué situación se encuentra el Pacto actualmente?

Después de Angela Merkel planteara la idea, se celebraron varios debates políticos. La Comisión Europea presentó propuestas sobre cómo poner en práctica el Pacto y los mecanismos de los acuerdos de reforma.

Basándose en esas propuestas, el Consejo Europeo decidió en octubre de 2013 que “se impulsarán los trabajos destinados a reforzar la coordinación de las políticas económicas, con el objetivo de tomar decisiones en diciembre [de 2013] sobre las características principales de los acuerdos contractuales y de los mecanismos de solidaridad asociados”.¹³ Así que el otoño pasado parecía que el Pacto se acordaría a escala comunitaria muy rápidamente. Esto no resultaba especialmente extraño, ya que los proyectos europeos del Gobierno alemán se suelen impulsar con bastante intensidad.

En diciembre, sin embargo, se pisó el freno. En las conclusiones de la cumbre del Consejo Europeo, se aclara lo siguiente: “Las asociaciones basadas en un sistema de acuerdos contractuales mutuamente convenidos con los mecanismos de solidaridad asociados contribuirían a facilitar y apoyar políticas correctas”. El condicional se usa en todos los párrafos referentes al Pacto de Competitividad, lo cual sugiere un escaso consenso político al respecto.

Los principales puntos de desacuerdo giran en torno a la ayuda financiera, el llamado ‛mecanismo de solidaridad’. Se supone que el propósito de dicho mecanismo es ofrecer “apoyo, en su caso, a los Estados miembros que suscriban los acuerdos contractuales mutuamente convenidos”. Estas palabras dan lugar a multitud de interpretaciones. De las conclusiones de la cumbre se desprende que no se ha alcanzado ningún acuerdo en lo que respecta al tipo de apoyo (préstamo, subvención, garantía) ni al valor de este. El Consejo zanja de momento el tema señalando que “se seguirá trabajando” en estas cuestiones.

Mientras que el Gobierno alemán persigue a toda costa el enfoque de ‘Troika para todos’ –es decir, vincular la presión para emprender reformas con los incentivos financieros– algunos Gobiernos, como los de Austria, Finlandia, Suecia y los Países Bajos, han puesto en tela de juicio el principio mismo del mecanismo. Estos Gobiernos no quieren correr con los gastos de las reformas de otros países. Al fin y al cabo, arguyen, mejorar la competitividad es algo que responde al propio interés de esos países. Lo que quieren es establecer acuerdos contractuales de reforma pero sin vincularlos a la ayuda financiera, lo cual plantea la pregunta de por qué desearían los Estados miembros firmar esos acuerdos. Con un modelo así, el Pacto se convertiría en una herramienta poco sólida y no vinculante.

En vez de tomar las decisiones previstas en un principio, estas se han ido postergando. Está previsto que en octubre de 2014 el presidente del Consejo informe sobre los trabajos relativos al Pacto de Competitividad. Esto significa que diciembre de 2014 es la fecha más temprana en la que se pueden esperar decisiones. En otras palabras: el proyecto se ha aplazado un año.

En este lapso, se producirán intensas discusiones. El Consejo Europeo de junio de 2014 tiene el “crecimiento, competitividad y empleo” como segundo punto de la agenda y “ratificará las recomendaciones específicas por país a fin de orientar a los Estados miembros en sus reformas estructurales, políticas de empleo y presupuestos nacionales”.¹⁴ Este procedimiento se ha convertido en rutina en el marco del ciclo normativo conocido como ‛Semestre Europeo’. Si las élites políticas serán capaces de llegar a un acuerdo sobre el Pacto de Competitividad sigue siendo un interrogante que, además, no solo hallará respuesta en las salas de negociación de la UE. La respuesta dependerá también de la influencia de los resultados de las elecciones europeas y de los debates públicos, la atención ciudadana y la resistencia.

13. Consejo Europeo: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/1392…
14. Consejo Europeo: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%208280%202014%20INIT

7. ¿Qué podría acabar con el Pacto de Competitividad?

Acabar con el Pacto de Competitividad es un esfuerzo que supondrá trabajar en muchos niveles. Ya está en marcha una gran labor de resistencia, que está dando las primeras señales de éxito. De hecho, quienes se oponen al Pacto podrían atribuirse el mérito de que actualmente esté en suspenso.

Algunas de las vías de resistencia más prometedoras para acabar con el Pacto de Competitividad son las siguientes:

• Desvelar la verdadera agenda que se esconde tras el Pacto de Competitividad (ver la pregunta 3).
• Explotar los desacuerdos entre países, poniendo de relieve qué intereses se están sirviendo y cómo la mayoría está perdiendo.
• Utilizar las contradicciones internas y los distintos intereses entre los Gobiernos de los países (ver la pregunta 6).
• En caso de que se deba producir un proceso de ratificación de los documentos legales, trabajar para evitar que los principales grupos y partes interesadas voten a favor.
• Vincular la crisis económica y de empleo en los países europeos con la agenda de la élite, principalmente representada por la ERT (ver la pregunta 4), que expresa la misma mentalidad que el Pacto de Competitividad.

Los movimientos sociales en los distintos países deben centrarse en construir alianzas y en movilizar a actores que puedan influir en la posición de los representantes en el Consejo Europeo, así como en la postura de su Gobierno nacional frente al Pacto de Competitividad. Un buen ejemplo es la exitosa campaña iniciada por Attac Austria, ‛¡Otra Europa es posible!’, que trata de articular una alianza más amplia entre los grupos progresistas que se oponen al Pacto de Competitividad y la ‛Troika para todos’.¹⁵

15. http://espanol.europa-geht-anders.eu/

8. ¿Qué consecuencias tendría el fracaso en la aplicación del Pacto?

El Pacto de Competitividad es uno de los proyectos emblemáticos de las élites empresariales y políticas europeas para complementar y completar la arquitectura de gobernanza económica neoliberal de la UE.¹⁶ Su fracaso abriría espacios y oportunidades para un cambio de rumbo.

Agrandar las fisuras hasta convertirlas en un agujero donde enterrar el paradigma dominante dependerá en gran medida de hasta qué punto se pueda traducir un posible fracaso en divisiones entre los diferentes actores y Gobiernos.

Alemania, por ejemplo, ha sido uno de los principales impulsores de la agenda de la competitividad. Sería importante crear la sensación de que el fracaso de esa agenda equivale al fracaso del liderazgo del Gobierno alemán, que ha contribuido a abocar a la UE a una recesión prolongada. Si este proyecto tan mimado por los líderes conservadores fracasa, podría abrirse una grieta en los actuales apoyos a la agenda de austeridad, algo que los movimientos sociales podrían utilizar para promover soluciones normativas alternativas.

Pero debemos ser realistas. Un fracaso del Pacto podría ser el germen de una crisis de las élites gobernantes y de su agenda de austeridad y competitividad. Por otro lado, también es probable que el fracaso de este proyecto diera lugar a otros planes para hacer lo mismo con un nombre diferente. Los últimos años nos han demostrado que las élites son bastante ingeniosas a la hora de perseguir sus prioridades económicas con distintos medios y herramientas. Una de esas propuestas es la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI; TTIP en inglés), con la que se crearán nuevas normas para ‛fijar’ los niveles actuales de liberalización con el objetivo de caminar hacia una mayor desregulación. Vincular las luchas contra el Pacto de Competitividad y las políticas de austeridad con las luchas contra la ATCI y el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) es algo clave, ya que ambos temas son dos caras de la misma moneda.

Así, las voces y redes que critican el Pacto de Competitividad deben estar preparadas para aprovechar y agrandar cualquier resquicio que se abra en caso de que el Pacto fracase, y trabajar hacia el derrumbe del paradigma dominante y el desmantelamiento del poder de las élites neoliberales. El fracaso debe proyectarse como un fracaso de las élites europeas, y sobre todo como un fracaso de sus convicciones, paradigmas y la credibilidad de su agenda política económica. Un fracaso supondrá que surjan nuevas oportunidades en muchos niveles, especialmente para que las redes de movimientos sociales de toda Europa trabajen hacia una agenda de los pueblos.

16. http://corporateeurope.org/eu-crisis/2014/02/punishing-victims-beginners…

9. ¿Qué oportunidades brindaría a los movimientos sociales europeos el bloqueo del Pacto de Competitividad?

La resistencia contra el Pacto de Competitividad hasta la fecha ha conseguido retrasar el proyecto. Los desacuerdos entre los jefes de Estado de la UE y, en particular, los países de la zona euro están aumentando. La reciente evolución económica también favorece a las reivindicaciones de los movimientos sociales por un cambio radical en las políticas de la crisis, empezando por el fin de la austeridad. En el momento de escribir estas líneas, cinco países de la eurozona se enfrentan a la deflación y existe un riesgo creciente de que esta dinámica se extienda al resto de la eurozona.

Esto es una clara muestra de que la rebaja de los salarios y las pensiones, y la destrucción del Estado de bienestar –como está ocurriendo en Grecia, España, Portugal e Irlanda– están empujando a Europa hacia una crisis aún más profunda. La resistencia popular a estas políticas aumenta día a día, no solo en los países del sur de Europa, sino también en Francia, Austria y Alemania. Son estos acontecimientos los que están incrementado las probabilidades de que el Pacto de Competitividad nunca se haga realidad. Sin embargo, no basta con bloquear esta propuesta. Ya sabemos que las élites económicas y políticas intentarán encontrar otra manera de impulsar su visión de futuro, como con la ATCI (ver la pregunta 8).

Para los movimientos sociales ha llegado el momento de asumir un papel más dinámico y no solo movilizar las resistencias contra las políticas de austeridad, sino empezar a promover alternativas en caso de que el Pacto se vea finalmente neutralizado. Aunque ya se están desarrollando una gran multitud de alternativas, y todas son necesarias teniendo en cuenta las muchas crisis a las que nos enfrentamos, el reto para los movimientos sociales es confluir en algunas alternativas estratégicas que tengan el potencial de acabar con la lógica actual y generar nuevas dinámicas a corto plazo.

La cuestión es: ¿cuáles serían o podrían ser esas demandas estratégicas? Estas son algunas ideas:

• Aumentar los salarios y las pensiones, y reducir la jornada laboral como respuesta inmediata a la crisis social y los altos niveles de desempleo.
• Permitir la financiación directa de los bonos públicos por parte de los bancos centrales y cancelar parte de la insostenible deuda pública para poner fin a la crisis de la deuda y acabar con las políticas de austeridad.
• Separar los bancos comerciales de los bancos de inversión, establecer normas que prohíban el crédito con fines especulativos y hacer que los bancos sean lo bastante pequeños como para que puedan quebrar.
• Introducir impuestos para los más ricos, acabar con todos los mecanismos de evasión fiscal y democratizar los presupuestos públicos.

Para llevar adelante reivindicaciones como estas se necesitas alianzas fuertes. Estas propuestas ponen sobre la mesa la cuestión de una distribución más equitativa de la riqueza y el trabajo, como una alternativa a la ‛competitividad’ y con la fantasía de que las economías europeas se puedan exportar a sí mismas de la crisis. Las demandas estratégicas que den respuestas a corto plazo a la crisis social se deben complementar con demandas que pongan mayor acento en la crisis ecológica y la justicia climática. La transición hacia energías renovables, la soberanía alimentaria, la ampliación del transporte público y la reubicación de otros sectores de la economía son algunos de los puntos relevantes en este sentido.

Para conseguir estos objetivos, los movimientos sociales también deben empezar a discutir la idea de un nuevo proceso constituyente para Europa, encabezado por sus ciudadanos y ciudadanas, ya que es evidente que el actual marco de la UE necesita un cambio radical. Debemos aprovechar esta oportunidad para iniciar el debate sobre estos temas fundamentales y para reapropiarnos de la capacidad de tomar decisiones sobre nuestro propio futuro.

 Andy Storey

Profesor en la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de University College Dublin, Irlanda, presidente de la ONG Action from Ireland (Afri) y miembro fundador de la coalición Debt Justice Action, que hace campaña contra la deuda ilegítima en Irlanda, Europa y el resto del mundo.

Alexandra Strickner

Economista, y cofundadora y presidenta de Attac Austria.

Elisabeth Klatzer

Economista política, activista e integrante de la junta de Attac Austria

Steffen Stierle

Ayudante de investigación en el partido La Izquierda (Die Linke) en el Parlamento alemán y miembro de Attac Alemania.

Attac – Transnational Institute