La Corte de Apelaciones de Talca ordenó que el general director de Carabineros se pronunciara por vulnerar la Ley de Transparencia en una serie de solicitudes de información vinculadas al caso Matute.
Los requerimientos efectuados por el medio de investigación periodística Verdad Ahora pretendían transparentar las circunstancias en las que el mayor Andrés Ovalle, a cargo del caso en Carabineros, fue apartado de la institución, otorgando igual publicidad a una investigación sumaria que indagó los nexos entre uniformados y una red de protección del narcotráfico presuntamente involucrada en la muerte de otros policías.
En la primera solicitud, relativa al procedimiento que determinó la desvinculación de Ovalle del caso Matute, Carabineros violó una resolución del Consejo para la Transparencia que decretaba la entrega de los documentos. Esta infracción se materializó cuando el Departamento de Información Pública de Carabineros remitió copias tachadas de un sumario en el que Ovalle acusaba al entonces Jefe de Zona de la Región del Biobío, general Juan Donati Pino, de “no entregarle ningún medio” para investigar la desaparición del estudiante Jorge Matute Johns, quien fue visto por última vez en la discoteque La Cucaracha de Talcahuano, en noviembre de 1999.
Posteriormente, Verdad Ahora solicitó copias de un proceso interno del año 2000 que indagó las actividades del denominado “cartel de Coronel”, una supuesta organización de policías que otorgó protección a las actividades ilícitas del traficante Manuel Hernández Delgado, alias ‘Mañungo’. Carabineros negó la información, pero el Consejo para la Transparencia ordenó su entrega. Sin embargo, cuando el organismo emitió su fallo, la institución señaló que el sumario se había “perdido”. Actualmente está en curso una nueva investigación a cargo del coronel Leonardo Galaz Opitz para saber qué ocurrió con los documentos.
En el tercer requerimiento, cuya tramitación originó el reclamo presentado en Talca a inicios del mes de septiembre, el sitio web pidió un cúmulo de antecedentes sobre el cabo primero Sergio Muñoz Torres, un ex funcionario de la Tercera Comisaría de Coronel que falleció en octubre de 1995. Originalmente caratulada como un “suicidio”, la muerte de Muñoz tuvo una interpretación completamente distinta para la familia: en el diario «Crónica» de la época señalaron que al cabo lo habían asesinado porque “sabía de gente de alto nivel metida en la mafia del narcotráfico”.
Según relatos vertidos en la prensa, Muñoz recibió un balazo fatal cuando salía del departamento de los colectivos de Schwager donde vivía. La noche anterior había estado compartiendo con un colega en la inauguración de “La Casona de Mirla”, un local perteneciente a la hermana de ‘Mañungo’. “(…) la bala que lo mató entró por la izquierda. Si fuera suicidio, necesariamente debería haberse disparado entonces con la mano izquierda, cosa muy difícil, puesto que era diestro”, declaró su padre.
En 2009, la Revista Nos publicó un reportaje titulado “Carabineros destapan la olla y apuntan a la oficialidad”. En él se planteaba la posible participación circunstancial de funcionarios ligados a la red de ‘Mañungo’ y a Bruno Betanzo en la desaparición de Jorge Matute. Parte de la información había sido extraída de una confesión realizada ese mismo año en la Primera Comisaría de San Clemente por un funcionario activo de Carabineros al ex mayor Andrés Ovalle. Este policía, que integró las filas del OS7 de Concepción a mediados del año 2000, también se refirió a la muerte del cabo Sergio Muñoz.
“Él (Muñoz) fue al OS-7, llenó un formulario donde se identificó con nombre y apellido y denunció a sus superiores”, escribió la periodista Sonnia Mendoza.
En este contexto, Verdad Ahora había exigido a Carabineros una copia del sumario interno correspondiente a la muerte del cabo Sergio Muñoz, y una constancia de la supuesta denuncia que dicho funcionario habría realizado en contra de jefes policiales vinculados al narcotráfico. La institución respondió que era imposible saber si se instruyó o no una investigación interna, atendido el tiempo transcurrido. Asimismo, justificó la imposibilidad de constatar una denuncia como la descrita señalando que “gran parte de los archivos de la 2da. Comisaría de Coronel (ex Tercera Comisaría)” se destruyeron con motivo del “terremoto y posterior tsunami” del 27 de febrero de 2010.
Pese a que el Consejo para la Transparencia rechazó un Amparo sobre este último requerimiento, señalando que la respuesta de Carabineros era suficiente para absolver las inquietudes del reclamante, el sitio web volvió a insistir con la presentación de un Reclamo de Ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Talca, argumentando que existe un patrón de réplicas ambiguas e incompletas en solicitudes relativas al caso Matute.
Por el mérito de los antecedentes contenidos en el escrito, la justicia acogió a trámite el recurso (Causa Rol Nº 1695-2014 de la Corte de Apelaciones de Talca), oficiando el general director de Carabineros, Gustavo González Jure, para que entregue una respuesta en un plazo que no exceda los 10 días hábiles.
En paralelo, este diario tomó contacto telefónico con la periodista Ana Betanzo Rivas, encargada de comunicaciones de la Prefectura de Concepción, quien declinó referirse al estado del sumario que se instruye en Carabineros por la “pérdida” de documentos vinculados al cartel de Coronel.
Betanzo afirmó que cualquier consulta periodística debía “hacerse por la Ley de Transparencia”.
Matías Rojas
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