La Segunda Sala de la Corte Suprema rearfimó esta mañana las condenas contra los suboficiales retirados de la Armada José Manuel García Reyes, Manuel leiva Valdivieso y Héctor Palomino López, procesados por su implicación en el secuestro y posterior tortura y desparición del sacerdote británico Michael Woodward Ireberry, perpetrado el 22 de Septiembre de 1973, en el marco de los días posteriores al golpe de estado pinochetista.
Con fallo unánime, la corte rechazó el recurso de casación interpuesto contra la resolución contra las penas establecidas contra los suboficiales, a saber:
Manuel García Reyes: 5 años y un día de presidio sin beneficios.
Manuel Leiva Valdivieso: 5 años y un día de presidio que no serán cumplidos como consecuencia de la enfermedad mental que padece, por lo que la justicia ha determinado que sea entregado al cuidado de su hija.
Héctor Palomino López: 3 años y un día de presidio en libertad vigilada.
En el ámbito civil, se ha ratificado también la sentencia que condena al fisco a pagar 100 millones de pesos a la hermana del sacerdorte, Patricia Woodward Ireberry, en concepto de daño moral.
Asimismo, la sala dictó las absoluciones de Carlos Miño Muñoz, Marcos Silva Bravo, Guillermo Inostroza Opazo, Luis Pinda Figueroa y Bertalino Castillo Soto, referidas en primera instancia por el ministro Julio Miranda Lillo.
«Nuevamente en Chile no se hace justicia»
Como en muchos de los casos de detenidos desaparecidos durante la dictadura, la justicia chilena ha distado mucho, y valga la redundancia, de hacer justicia en lo que a las condenas de los autores se refiere.
El abogado de la familia, Boris Paredes, ha lamentado la baja pena y que no se haya condenado a los altos mandos de la Armada:
«Consideramos que se ha puesto fin de una manera lamentable; Es increíble que ningún alto oficial haya sido condenado en esta causa; o tenemos malos investigadores o sencillamente no se quiere hacer justicia.»
Y ha señalado: «No es posible pensar que subalternos de una manera desproporcionada hayan actuado por su cuenta; Eso no es creible, no es justo, es irracional y nuevamente en Chile no se hace justicia».
Los antecedentes del caso
Según los antecedentes manejados por la justicia, Miguel Woodward, sacerdote chileno-británico que simpatizaba con Allende y militaba en el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), fue detenido y secuestrado el 18 de septiembre de 1973 en su domicilio de Valparaíso, desde donde habría sido trasladado a la Universidad Técnica Santa María -convertida en cuartel- y posteriormente a la Academia de Guerra Naval.
Tras ello se le trasladó al Buque Esmeralda donde fue torturado, y posteriormente al Hospital Naval, donde se perdió su rastro definitivamente, después de que un médico de la Armada extendiera un certificado de defunción.
Sin embargo, sus restos nunca aparecieron; Si bien se encontró una anotación en el registro de sepultación del Cementerio número tres de Playa Ancha, en Valparaíso, las excavaciones en el lugar concluyeron sin resultados.
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