Piden justicia por campesinos asesinados en Pando

Entre el 11 y el 13 de septiembre del 2008, en el estado de Pando, norte de Bolivia, funcionarios policiales y sicarios dieron muerte a cerca de una veintena de campesinos y normalistas. La Oficina en Bolivia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió que el crimen no quede impune y el presidente, Evo Morales, exigió justicia para los familiares de las víctimas. Las pistas apuntan al gobernador Leopoldo Fernández, opuesto al proceso emancipatorio del MAS.

A un año de la matanza, la Oficina en Bolivia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo un llamado a que tan graves no sean olvidados ni queden en la impunidad. A juicio de la instancia internacional el hecho fue una grave violación de los derechos humanos ejecutada por funcionarios de la prefectura, funcionados del SEDCAM, miembros del Comité Cívico y otros partidarios de la Prefectura de Pando.

Por su parte, el presidente Morales, quien visitó Porvenir, localidad ubicada en Pando, dijo que comparte el dolor por las vidas perdidas hace un año y anunció que la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional debe cambiar normas para que la justicia sea más efectiva.

La matanza ocurrió en los municipios de El Porvenir y Filadelfia, del departamento de Pando, ubicado al norte de Bolivia, cuando tres grupos armados afines al prefecto Leopoldo Fernández dieron muerte a un número no preciso de campesinos simpatizantes al gobierno del presidente Evo Morales, que realizaban una marcha por sus reivindicaciones territoriales.

Según una investigación hecha por el Congreso, nueve de los fallecidos eran campesinos y otros dos eran empleados de la Prefectura de Pando, mientras que un pastor evangélico y un soldado fallecieron durante operativos militares posteriores en el aeropuerto principal pandino.

El cálculo de la Asamblea Permanente de Derechos Humano acusa que son 18 las víctimas fatales.

Pese a que la mayoría de los asesinados eran campesinos opuestos al prefecto Fernández, éste ha sostenido en el juicio en su contra que “esos campesinos eran los que venían armados”.

INFORME DE ONU

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia en su informe correspondiente al año 2008 estableció que la peor violación a los derechos humanos fue la masacre de Pando, ocurrida el 11 de septiembre de 2008.

La ONU se basa en los informes de la Fiscalía para señalar que en esa región murieron al menos 11 personas y que sólo dos de estos muertos pertenecían a la prefectura opositora y que los demás eran campesinos seguidores del Presidente Evo Morales.

Al igual que Unasur, la ONU acusó de la masacre a la opositora prefectura de Pando, al Comité Cívico de esa región y a grupos afines a la Prefectura, por lo que el principal acusado de estos hechos es el ex prefecto opositor Leopoldo Fernández, quien se encuentra detenido en una cárcel de La Paz.

La Oficina expresa preocupación por que la investigación penal desarrollada hasta ahora desemboque prontamente en un juicio justo, en el marco del respeto a las garantías constitucionales y al debido proceso. Cabe recordar que al centro de estos procedimientos están las víctimas, su derecho a conocer la verdad, a tener acceso a la justicia y a obtener una debida reparación. Todo esto se vería afectado si tan graves violaciones a los derechos humanos quedan en la impunidad.

La investigación de los hechos de Pando por el sistema penal ha vuelto a poner en evidencia la profunda crisis, no de hoy, que atraviesa la justicia boliviana, afectada por problemas estructurales y coyunturales de fondo.  En particular, resulta inquietante que, a la fecha, los imputados no conozcan aún su acusación, de ser el caso, a fin de poder preparar adecuadamente su defensa, garantizándose el respeto a los principios de legalidad e igualdad de armas.

La Oficina del Alto Comisionado reitera su recomendación de que la masacre y los otros hechos acaecidos en El Porvenir y sus alrededores el 11 de septiembre sean esclarecidos con estricto apego a los principios procesales y sin que se incurra en  dilaciones indebidas. Igualmente, a nivel administrativo, disciplinario y penal, si fuera el caso,  se deben llevar a cabo las investigaciones correspondientes para determinar si el accionar de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley el 11 de septiembre fueron las más adecuadas para evitar la escalada de la violencia, prevenir violaciones de derechos humanos y proteger a las víctimas.

La Oficina hace un llamado al Ministerio Público, director de la investigación, para que de manera urgente adopte las medidas más eficaces e inmediatas para garantizar la seguridad de los testigos, a fin de que puedan contribuir con sus declaraciones al esclarecimiento de los referidos hechos.

También se reitera todas las recomendaciones formuladas a las autoridades competentes del Estado boliviano contenidas en el Informe de la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los Hechos de Violencia Ocurridos en Pando, publicado el  24 de marzo de 2009.

El ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández está recluido desde hace un año en un penal de La Paz, a la espera de juicio por su presunta responsabilidad penal en la masacre.

Fernández, sorprendió la semana pasada con su postulación a la Vicepresidencia de Bolivia como compañero de fórmula del también ex prefecto Manfred Reyes Villa, en la alianza conservadora Plan Progreso.

El Ciudadano