Luego de varios meses de debate, y tras entrevistarse con el ministro Máximo Pacheco, funcionarios de la cartera y de expertos del ámbito tributario, ambiental y las propias comunidades, la Comisión Asesora Presidencial (CAP) para la Descentralización y el Desarrollo Regional aprobó los acuerdos que enviará al ministerio de Energía para ser incorporados a la discusión sobre Ley de Asociatividad.
Tal trabajo fue un mandato de la Agenda de Energía, presentada por la Presidenta Michelle Bachelet a mediados de mayo y que establece que la instancia presidida por Esteban Valenzuela y Heinrich von Baer será la responsable de proponer mecanismos “para que la comunidad reciba parte de los beneficios de los proyectos energéticos que se instalen en su territorio”.
Uno de los primeros acuerdos que la CAP adoptó, luego de una exposición del ministro Pacheco en julio en Calama, fue que la discusión no podía restringirse solo al ámbito económico. También debía incluir el ordenamiento territorial y la participación de la ciudadanía en el propio proceso de discusión, “que también es parte de los mecanismos, donde incluso las comunidades puedan decir sí o no a determinadas iniciativas en un proceso regulado. Porque esto no puede convertirse solo en compensaciones económica para las comunidades y los municipios con el objetivo de destrabar proyectos de alto y negativo impacto territorial, aprovechando un espacio vacío que por décadas ha dejado el Estado en regiones” explica Miriam Chible, integrante aysenina de la comisión e impulsora de esta mirada al interior de la comisión.
El compromiso fue, entonces, que la propuesta a enviar a Energía fuera una combinación entre los acuerdos del grupo de Descentralización Fiscal-Económica y los del de Participación Ciudadana y Control Democrático, los cuales fueron aprobados definitivamente por el pleno en las sesiones del 26 y 27 de septiembre. Esto, en el marco de múltiples otros acuerdos que permitirán avanzar en la democratización y el desarrollo integral del país.
Participación vinculante, no solo dinero
El documento definitivo se presentará a la Presidenta el próximo martes 7 de octubre en el Congreso en Valparaíso.
Específicamente en lo relacionado con planteamientos que se espera sean incorporados a la Ley de Asociatividad se avanzó en varios ámbitos.
Primero, hacer vinculantes los instrumentos de ordenamiento territorial actuales a través de una ley marco para el ordenamiento territorial y espacial, estableciendo como criterio de admisibilidad ambiental que los proyectos sean coherentes con los instrumentos de planificación previos (estrategias de desarrollo regional, pladecos).
Se acordó también la posibilidad de convocar a plebiscitos sobre iniciativas energéticas, con la reunión de firmas del 5 % del padrón electoral ante el SERVEL, o por los alcaldes e intendentes con quórum especial para su llamado. El referéndum será vinculante siempre que vote a lo menos el 50 % de los electores.
Superadas las etapas anteriores, se incentivará la instalación de mesas de trabajo con actores relevantes de la ciudadanía que participen en la discusión, promoviendo la creación de un fondo estatal de apoyo a la ciudadanía que le permita ser contraparte informada para enfrentar el proceso de negociación con la o las empresas involucradas, incluidos estudios que valoricen en términos económicos el impacto de diversas iniciativas.
Un elemento que se incorporó fue prohibir que empresas realicen acciones de mitigación y compensación previo al proceso de evaluación ambiental, como una forma de que no intervengan en la decisión soberana de las comunidades.
Los principios que sustentan estas propuesta se basan en que “todo proceso de asociatividad debe estar sustentado en un enfoque de derechos ciudadanos y garantías que resguarden, como requisito, que la asociatividad es con consentimiento previo, libre e informado de la ciudadanía” y en que “ningún proyecto de inversión debe superponerse a la protección y cuidado establecido en normativas, cuerpos legales y vocaciones territoriales consignadas en el ordenamiento territorial que resguardan ecosistemas, santuarios y parques nacionales, territorios indígenas, entre otros”.
En el ámbito fiscal y económico se estableció, en el marco de una Ley de Rentas Regionales, añadir una patente eléctrica municipal, “con el mismo tope de 40 mil UTM (unos $ 1.700 millones) correspondiente a las patentes comerciales, distribuyéndose el pago en un 70% en el municipio respectivo y un 30% para la región respectiva. Con un 60% deducible del impuesto de primera categoría. Aplicándosele el régimen general de cálculo de patentes. Debe considerarse en caso de afectar comunidades indígenas, procesos participativos en conformidad con el Convenio 169”.
“En las regiones, y particularmente en Aysén, vemos con preocupación que el objetivo del ministerio de Energía esté enfocado principalmente a ‘destrabar proyectos’, ya que aunque se están realizando talleres no los vemos orientados a incorporar elementos de participación ciudadana vinculante y los instrumentos de ordenamiento territorial que ya existen. Por ello este acuerdo es fundamental y nos preocuparemos que sea incorporado en el proyecto de Ley de Asociatividad que está impulsando el gobierno” señaló al respecto Miriam Chible.
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