En un informe elaborado por dos observadoras permanentes de Derechos Humanos -la psicóloga social Andrea Hain, miembro de la Comisión Ética Contra la Tortura de Osorno, y y la trabajadora social Candice Aguad, del Servicio Paz y Justicia de Los Lagos- se denuncia la detención ilegal de dos menores de edad pertenecientes a la comunidad mapuche Marriao Collihuinca, en el sector de Lumaco Bajo, en la comuna de Río Bueno.
Según el informe, en el contexto del proceso de recuperación productiva de tierras, que se inició el pasado 16 de septiembre, también se hizo presente también la abogada de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Patricia Rada Salazar.
El documento señala que hasta el viernes 4 de octubre, fecha en que las tres observadoras concurrieron al lugar, “se han realizado tres procedimientos de desalojo que emanó como consecuencia de una medida de protección del fundo en proceso de reinvindicación territorial“, y agrega que las tres observadoras estaban permanentes en las tres ocasiones.
El informe asegura que “es particularmente preocupante que en el ultimo procedimiento del día miércoles 01 de octubre se hayan tomado detenidos a dos niños de 10 y 12 años, quienes según su relato fueron golpeados por un trabajador del fundo, con cachetadas y golpes de puños en el caso de M.C.M., y luego arrastrados y conducidos amarrados hacia la comisaria de Rio Bueno, tanto M.C.M. como B.C.M. quienes fueron retenidos ahí por casi tres horas”.
En momentos que las observadoras se encontraban recopilando testimonios de estos hechos, un helicóptero sobrevoló el lugar, lo que llamó su atención.
El relato agrega que “pasados unos diez minutos de esta reunión se acerca agitado un menor de edad para indicar que a su mamá la había golpeado un trabajador del fundo. Inmediatamente se fue a constatar esta situación y la mujer de 29 años, venía con una evidente hematoma en el pecho producto de un piedrazo que le impacto y que fue tirado con una onda, así como una mano herida producto de golpe con una horqueta, fue insultada con gritos racistas, amenazadas y haciendo alarde de la situación de impunidad del agresor“.
«Como comisiones de observación de derechos humanos sostenemos que es urgente que las autoridades tomen conciencia de que estos hechos son cotidianos en el sector, y no deben ocurrir. Bajo ninguna circunstancia los niños pueden ser agredidos, ni las personas por particulares que sienten que están en situación de impunidad; la policía debe actuar conforme a derecho y a los procedimientos estipulados por la ley”, concluye el documento.
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