Como era de esperarse en República Dominicana se aprobó en la Asamblea Revisora de la Constitución el tristemente celebre artículo 30 que dice asumir la defensa de la vida “desde la concepción hasta la muerte”.
De un organismo arropado por la corrupción, lleno de miedo, politiquería y clientelismo, mediocre al extremo y pusilánime hasta la saciedad, no podía esperarse otra cosa. Allí estaban dadas todas las condiciones para producir esa votación bochornosa a favor de ese artículo ultra-conservador.
No hay nada que lamentar ni razones para deprimirnos. Ahora creció el desprecio a la maldad que representan la mayoría de los/as asambleístas.
Consagraron constitucionalmente la muerte de adolescentes y mujeres adultas con embarazos de altos riesgos de muerte.
Criminalizaron la interrupción del embarazo en casos de violación e incesto.
Condenaron al sufrimiento de por vida a las madres embarazadas de criaturas subnormales y a su entorno familiar.
Le negaron a la mujer el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida, dándole rango de persona humana al embrión y al cigoto.
Penalizaron la investigación con óvulos fecundados y los avances de creación de vida fuera del vientre materno.
Atropellaron los avances de la ciencia.
Impregnaron ese texto de fundamentalismo religioso.
Triunfó el Opus Dei y no sólo en ese artículo. El líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y autodenominado presidente de la modernidad, la post-modernidad y el progreso, ha auspiciado una constitución inspirada en el conservadurismo español y el neoliberalismo anglosajón; pactó con la cúpula corrompida del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y desplegó el proceso a plena conciencia de que la mafia congresual se subordinaría al acuerdo del cohollo bipartidista conservador PLD-PRD.
Están avanzando, a papeletazos sucios, a politiquería al cubo, hacia la confección de la constitución más ignominiosa e ilegitima de la historia dominicana.
Con la aprobación en segunda lectura de ese monstruoso artículo de esa mostrenca constitución, le dieron rango sustantivo-constitucional a la prohibición del aborto terapéutico.
Esto equivale a más muertes maternas, a más abortos ilegales, al encarecimiento de los procedimientos médicos de interrupción del embarazo, a profundizar por razones sociales las diferencias en el acceso a esos procedimientos, a provocar mayores pérdidas de vidas en los embarazos de mujeres pobres y a estimular la violación a la constitución por las élites y sectores adinerados de la sociedad.
Mayores desastres.
¿Que hacer?
¿Apalastrarnos, deprimirnos?, no.
¿Rebelarnos?, si.
El problema clave es cómo hacerlo desconociendo lo espuriamente aprobado y superando alternativamente su ilegitimidad. Pero de esto hay que hablar mucho más, dado que la lucha por una constituyente participativa se torna cada vez más imperiosa.
por Narciso Isa Conde
Político y ensayista dominicano