El juez Alessandro Arturi quien instruye el proceso desde hace un año, ordenó procesar a los agentes, entre los que se encuentran el expresidente peruano Francisco Morales Bermúdez y su par boliviano Luis García Meza Tejada. La lista original también incluía al ex dictador uruguayo Juan María Bordaverry, que murió en el año 2011 y a otros 2 fallecidos.
Este episodio de la justicia italiana es histórico, ya que se trata del primer proceso en Europa por la Operación Cóndor, que fue el dispositivo para coordinar la represión de las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 que permitió la detención, el intercambio, la desaparición y el asesinato de miles de personas por ser opositores a las dictaduras militares que se estaban viviendo en América Latina.
El juez, en su dictamen de hoy, separó algunos casos de los militares uruguayos imputados, ya que, según la información presentada, ya habían sido procesados en su país por el homicidio de los italianos Armando Bernardo Arnone, Gerardo Francisco Gatti, María Emilia Islas y Juan Pablo Recagno.
Según informaron diversas agencias internacionales de noticias, entre los chilenos figuran Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía, el militar Sergio Víctor Arellano Stark, el general Manuel Contreras, el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo, Carlos Luco Astroza, el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el coronel Hernán Jerónimo Ramírez. Las acusaciones que pesan sobre estos sujetos son los de secuestro de personas y homicidio múltiple agravado. Las edades de los inculpados van de los 70 a los 92 años.
También se encuentran imputados el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el excomandante Luis Joaquín Ramírez Pineda y el brigadier Manuel Vásquez Chahuan.
Los imputados serán juzgados en ausencia.
Estas investigaciones fueron abiertas por la fiscalía italiana, gracias a las denuncias presentadas por los familiares de los italianos desaparecidos.
Dentro de la Operación Cóndor, las dictaduras, principalmente de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, trabajaban juntas permitiendo las capturas y extradiciones de secuestrados y en otros casos la eliminación de las personas capturadas en procedimientos que estaban siempre, fuera de los parámetros que establece la ley. Incluso hay información de procedimientos en los que militares de dos países participaban juntos en operativos que incluyeron torturas.