Carta ciudadana en pro de la Democracia y los derechos civiles y políticos

Como ciudadanos, queremos expresar nuestro desacuerdo e inquietud ante el menoscabo a la Democracia y a nuestras libertades civiles y políticas, que se está llevando a cabo al promover el proyecto de ley 4832-07, recientemente aprobado por la Cámara de diputados, y que, entre otras cosas, establece responsabilidades civiles para los convocantes -directos o indirectos- a manifestaciones públicas por los posibles daños causados.

Somos ciudadanos conscientes de que la Democracia y la República se alimentan y robustecen a través de una sociedad civil activa y plural, que puede ejercer sus libertades políticas y civiles con responsabilidad. En consecuencia, no estamos de acuerdo con este proyecto de ley puesto que vulnera y restringe los derechos a la libre reunión -ya restringido por el Decreto Supremo 1086 dictado en 1983, que impide la reunión en lugares públicos sin permiso previo- y la libre  expresión, y porque además, se aleja del espíritu de un gobierno ciudadano al limitar el derecho de las personas a utilizar los espacios públicos.

Asimismo, queremos manifestar nuestra inquietud por lo que creemos serían las repercusiones o consecuencias negativas que este proyecto traería para la democracia en el caso de ser aprobado. Entendemos que la intención del proyecto es el resguardo del patrimonio y orden público y la propiedad privada. Sin embargo, el artículo N° 4 puede generar problemas o vicios absolutamente contrarios a la libertad de expresión.

En primer lugar, el artículo puede transformarse en una peligrosa arma para los detractores de una determinada manifestación o forma de expresión cultural, étnica o racial. Por ejemplo, una organización convoca a una marcha por la tolerancia y contra el racismo. Para un grupo neonazi extremista será una gran tentación encapucharse y destrozar elementos de alto valor, los que deberán pagar las organizaciones convocantes, las cuales rara vez tienen recursos de sobra. De esta forma se perjudican o estigmatizan organizaciones sociales legítimas, las que no pueden hacerse cargo de actos realizados por lumpen u otros grupos detractores organizados.

En segundo lugar, y como producto de lo anterior, se desincentivarían las manifestaciones públicas, lo que produciría una pérdida de legitimidad de la participación ciudadana en democracia y no haría más que aumentar la brecha entre la esfera política y la social, transformando nuestra democracia en un claro despotismo blando.

En tercer lugar, promueve y fortalece descontentos generalizados sin caras visibles. Los problemas o conflictos sociales siguen existiendo, pero se debilita a las organizaciones que pueden conducir de manera pacífica y organizada las demandas generadas a partir de éstos y su posterior proceso de resolución. Esto, no sólo porque se les despoja de sus recursos sino también de las posibilidades reales que tienen para expresar sus demandas a través de manifestaciones organizadas y responsables. Esto sin duda aumentará el número e intensidad de los conflictos sociales.

En cuarto lugar, y producto de lo anterior, se incentivarían las manifestaciones ilegales, en las que “nadie convoca”. Junto con ello, se facilitarían las acciones sin ningún tipo de control ni responsabilidad, lo que a su vez nos introduciría en un círculo vicioso de represión y deslegitimación de las normas que regulan las manifestaciones.

En vista de lo expuesto, solicitamos que se rechace el artículo Nº 4 del proyecto y que se instale en la discusión pública la búsqueda de otros mecanismos que efectivamente aborden el problema de la violencia en las manifestaciones y que apunten a los responsables de ella de forma individual y no colectiva.

Para ello consideramos que es fundamental debatir sobre los siguientes temas:

Primero, analizar los factores que inciden en el surgimiento de actos violentos, el por qué de dicha violencia, pues sólo al conocer éstos, es posible intervenir sobre ella.

Segundo, definir de qué manera se puede complejizar la mirada con la cual se ha abordado en el país el tema de la seguridad ciudadana y promover enfoques integrales.

Tercero, reflexionar sobre cómo perfeccionar los mecanismos y procedimientos de las fuerzas de orden tanto para responsabilizar y detener a los causantes de actos violentos, como para asegurar la seguridad de las personas y el resguardo del patrimonio público y privado.

Esperando su consideración y reflexión en torno a lo anteriormente planteado, se despiden cordialmente,

Comité de Ciudadanos de Chile