Fuego cruzado por financiamiento político destapa relevancia de poderes económicos

Donde cae uno caen todos pareciera ser la lógica que adoptará la Unión Demócrata Independiente (UDI) para enfrentar la arista política que se abrió luego de las investigaciones en torno a las irregularidades tributarias del caso Penta.

Los diputados gremialistas habrían recibido un correo electrónico del jefe de bancada Felipe Ward, en el que les notificó el inicio de una ofensiva contra la Nueva Mayoría, especialmente la presidenta Bachelet y los ministros, en el marco de los aportes irregulares para campañas políticas.

Esto se concretaría a través de las comisiones investigadoras aprobadas por la Cámara, haciéndole  llegar un cuestionario a la mandataria, con lo que intentarán identificar a quienes hayan hecho donaciones monetarias cuando se desarrollaba la campaña presidencial. La idea, también  contempla establecer el rol del ministro Rodrigo Peñailillo, quien fue coordinador de la instancia y el actual vocero Alvaro Elizalde, que tuvo el mismo cargo durante el proceso.

Frente a la ofensiva del partido conservador, la Presidenta aseguró todo que el financiamiento de su campaña fue revisado por el Servicio Electoral (Servel).

“En la campaña presidencial mía no hubo ningún aporte ilegal”, aseguró. Agregando que no sabe quién la financió porque los aportes de su campaña fueron “reservados”.

Esta modalidad ha sido fuertemente criticada, sobre todo por los diputados más jóvenes como Giorgo Jackson y Vlado Mirosevic, pero también por la ciudadanía donde la percepción de la clase política esta por los suelos y se sobrentiende que los financiados candidatos sí saben quién les entrega los aportes, quedando amarradas las decisiones que podrían ser importantes en el futuro.

Estas presiones parecieran estar produciendo algunos efectos ya que en una entrevista con El Mercurio, la secretaria de Estado, Ximena Rincón, explicó que la Presidenta le pidió trabajar en el tema y reformar el sistema mediante tres ejes: equidad, transparencia y control democrático.

“Eso incluye terminar con los aportes reservados. Eso incluye dotar de facultades al Servicio Electoral, con el que tenemos que sentarnos a trabajar, dado que no lo hemos hecho todavía. Hay que robustecerlo para que efectivamente exista control”, explicó. Pero también avisó que al no existir los aportes reservados de las empresas, tendrá que haber mayor aporte público, quedando en evidencia el protagonismo de los poderes económicos al momento de elevar al nuevo líder del país.

El Servicio Electoral, también tendría nuevas atribuciones, según explicó Rincón, entre las que estaría la capacidad de realizar auditorías in situ durante las campañas.

Finalmente, volviendo al cuestionario que enviará la UDI a la presidenta, las preguntas que pretende enviar el gremialismo serían:

¿Cuáles fueron los financistas de su campaña, tanto públicos como privados?
¿Qué empresas y/o empresarios otorgaron los mayores aportes?
¿Cuál fue la modalidad de recolección de fondos para la candidatura?
¿Quiénes ejercían el rol de administrar esas platas?

La tienda, además pedirá la revisión de cuentas efectuada por el Servel.