«El Estado de Chile tiene la obligación de restituir las tierras ancestrales de los pueblos indígenas. No es sólo entregar tierra como en una reforma agraria, es determinar cuáles fueron de ellos», afirmó el Relator Especial James Anaya en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos.
El 28 de septiembre el Relator presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe de seguimiento sobre la situación de los derechos humanos en Chile. Recomendó al estado de Chile que inicie un proceso para obtener la confianza de los pueblos indígenas.
Ginebra. El Relator Especial de Naciones Unidas Sobre los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe de seguimiento sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chile. El informe es resultado de una visita a Chile del 5 al 9 de abril del 2009 y del intercambio de informaciones con el Gobierno de ese país.
En él, Anaya reconoce los avances realizados por el estado de Chile, como la ratificación del Convenio 169 y las iniciativas en materia de reforma constitucional, pero también identifica los desafíos, en especial la recuperación de la confianza.
«Las iniciativas que tome el gobierno en aras a mejorar la situación de los indígenas, aunque sean buenas, van a ser difícilmente aceptadas si no participan los indígenas, si no tienen confianza en el proceso», señaló.
Es por ello que el relator aboga por que los indígenas participen desde el inicio de todas las iniciativas, para que se sientan partícipes del proceso. «Por ejemplo, el proceso de consulta, hay que empezar por ‘consultar’ con los indígenas cómo será ese proceso de consulta».
En un sentido parecido, el relator lamentó que en un país con tanta disparidad étnica los ciudadanos de éstas no se conozcan entre sí. «Hay que hacer un proceso de acercamiento intercultural, hay que empezar por las escuelas, desde pequeños, educando en la diferencia».
Respecto a la reforma constitucional, Anaya no quiso ahondar, pero sí recordó que debe hacerse de acuerdo a la legislación y a la normativa internacional.
Asimismo, el relator considera que «uno de los principales problemas» es el tema de la adjudicación de tierras a los indígenas. «Se debe hacer con criterios justos, y eso no quiere sólo decir cuántas hectáreas son necesarias, sino también pensar en la financiación para que sean obtenidas».
Además, Anaya hizo hincapié en señalar la necesidad de que los indígenas recuperen sus tierras ancestrales, tal y como lo afirma la legislación internacional y la jurisprudencia interamericana. «El Estado de Chile tiene la obligación de restituir las tierras ancestrales; no es sólo entregar tierra como en una reforma agraria, es detectar cuáles fueron de ellos».
Finalmente, el relator señaló como uno de los aspectos más graves a superar el «excesivo uso de la fuerza» y la criminalización de la protesta indígena. «Ha habido un uso excesivo de la fuerza en diversas ocasiones. Además se ha aplicado la ley antiterrorista contra aquellos que protestaban; para mí no corresponde. Mi antecesor ya recomendó que se suspendiera la aplicación de esa práctica, pero el gobierno no lo ha hecho», aseguró Anaya.
«Yo comparto que el gobierno tiene el derecho y el deber de mantener el orden público, y repudio la violencia como forma de protesta, pero debería haber una comprensión especial para este contexto», añadió el relator de la ONU.