EEUU: militarización y racismo de las fuerzas de seguridad

fuente: noticiaspia.org

Amnistía Internacional y la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), junto a otras organizaciones -entre ellas We Act Action y Collective Power–han logrado que el consejo municipal de Washington iniciara esta semana una investigación sobre las políticas y los procedimientos de la policía.

Según denuncian las organizaciones, es frecuente ver en las calles de Washington, como también en el resto del país, el uso excesivo de la fuerza policial junto a su creciente militarización, producto, por un lado del racismo enquistado en las fuerzas de seguridad, y por el otro por las políticas del Departamento de Defensa que cada año transfiere miles de equipos y armamentos diseñados para el combate en el campo de batalla a las fuerzas de seguridad locales.

La muerte de Michael Borwn en manos de un agente el pasado 9 de agosto en Ferguson que desató una ola de protestas en todo el país contra la violencia policial, permitió visualizar el panorama de las fuerzas de seguridad: policías con fusiles de asalto de alto calibre, uniformes de camuflaje, pistolas, chalecos blindados y otros medios suministrados por el Pentágono respondiendo con una brutal represión, gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de sonido junto a la detención de cientos de personas, inclusive periodistas, funcionarios y ciudadanos que se manifestaban dentro del terreno de su propio hogar.

En el marco la reducción de las tropas estadounidenses en Afganistán e Irak, las policías locales de todo el país han recibido una parte del arsenal del Ejército, incluso tanques anfibios, armas de fuego y drones. A partir de esto, es frecuente ver miles de despliegues al año de unidades de élite SWAT en operaciones de rutina.

Según datos del Pentágono,  durante el Gobierno de Obama los departamentos de policía recibieron más de 90 mil ametralladoras, 180 mil cargadores de municiones, 40 mil  dispositivos de visión nocturna, 500 aeronaves, 400 vehículos resistentes a las minas y otros 400 vehículos blindados.

Se trata de un proceso de militarización de las fuerzas de seguridad locales, principalmente en los estados fronterizos, así como en el resto de los estados sureños y en los  grandes centros urbanos, una medida enmarcada en un programa de transferencia militar aprobado por el Congreso en la década de los ’90 bajo el argumento de un aumento del índice de criminalidad y la “lucha contra el narcotráfico”.

Bajo una política similar se encuentra el Ejército, en el que manuales de formación detallan instrucciones para combatir protestas sociales mediante el uso de fuerza letal.

De acuerdo a un manual de 132 páginas redactado en abril pasado, se presentan diversos escenarios desde manifestaciones pacíficas hasta “disturbios a gran escala”, ante los que se contempla una “respuesta letal” contra “civiles desarmados”, incluido el uso de francotiradores y ataques directos con armas de fuego.

Por ejemplo, recomienda a los francotiradores “apuntar a los líderes de los alborotadores” y “aprovechar el efecto psicológico del ataque”; para el uso directo de armas de fuego se recomienda comenzar desde los calibres pequeños y con disparos distanciados aumentando gradualmente hasta calibres mayores y armas automáticas.

Además, el manual advierte que los disturbios pueden resultar del odio étnico o de “asuntos sociales o económicos altamente emocionales”. “Las considerables diferencias étnicas en una comunidad pueden crear un ambiente de desconfianza, incluso de odio […] y causar la erupción de un desorden civil capaz de conducir a verdaderos disturbios”, sostiene el documento.