Ley de Salud Mental: Los locos al servicio del neoliberalismo

En Junio de éste año publiqué un artículo que denunciaba un eventual lobby propiciado por el Observatorio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental, fundado por los psiquiatras Alberto Minoletti y Mauricio Gómez, para una Ley de Salud Mental que, al margen de los mismos usuarios, asegura los intereses de la Iglesia Católica y el gremio psiquiátrico.

Tal parece que ese lobby ha empezado a rendir buenos frutos. Hace poco tiempo Mauricio Gómez fue elegido la máxima autoridad de la “Salud Mental” en Chile: Jefe de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud. Se trata del mismo cargo que fue ocupado por Minoletti durante los gobiernos de la Concertación. Tal parece que compartirse los puestos del Estado entre amigos no está exento del problema de la “Salud Mental”. Desde esa posición, ya se ha podido ver a Gómez profundizando el lobby por una futura Ley de “Salud Mental”(1).

A su vez, un miembro del Observatorio al que se la ha visto acompañando a Gómez en sus lobbies, Juan Carlos Cea (2014), ha publicado un artículo donde, según él, la falta de participación de los, como él llama, “discapacitados mentales” genera un escenario poco propicio para escribir una Ley. Sin embargo, como sí o sí saldrá la Ley, realiza una invitación pública, en nombre del Observatorio, a un par de reuniones donde se debata en torno a ella.

En realidad, el texto se trata de un montón de consignas generales amigables y con las que nadie, al menos en principio, podría estar en desacuerdo: “derechos humanos”, “inclusión”, “comunidad”, “empoderamiento de los usuarios”… básicamente los típicos discursos sin operatividad práctica con que, desde el final de la dictadura, se ha profundizado el modelo neo-liberal a costa de sonrisas, abrazos, comisiones y “arreglines” entre cuatro paredes, mientras buscan convencernos de que “hemos avanzado en una sociedad más democrática”.

Son los conceptos “políticamente correctos” que se encuentran en el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría (MINSAL, 2000), que es el Plan de la Concertación que guía las políticas públicas en Salud Mental. Este Plan fue redactado el año 2000 por Alberto Minoletti en conjunto a un grupo de psiquiatras que se autodenominan “comunitarios”. Hoy, liderados por Gómez, son los mismos que demandan sistemáticamente más recursos y una Ley que garantice el asentamiento de las políticas del Plan que diseñaron ocupando los puestos claves del Estado y que, como se ve con Gómez, hoy siguen ocupando.

“EMPODERANDO A LOS USUARIOS”

El texto de Cea (2014) sugiere, tal como se ve en su título, que al parecer la nueva estrategia comunicacional de este grupo de profesionales es “arremeter” en contra del modelo neo-liberal. Sin embargo, la “arremetida” no roza en un ápice el problema real del neoliberalismo: la instalación de un modelo económico que desmantela el Estado y convierte en mercancía lo que para la ciudadanía son derechos. Parece que basta con “atacar” al neo-liberalismo en términos meramente retóricos y amigables. Sin embargo, si uno escucha estos panfletos sin ingenuidad, logra ver que los discursos políticamente correctos y las frases estrambóticas son, de hecho, muy funcionales a la profundización del modelo, en el sentido de que ocultan, con “bella poesía”, las prácticas concretas y efectivas que terminan por incrementar el lucro privado en la Salud.

No se trata de que dicha “bella poesía” sólo oculte lo que ocurre. Sucede que perfectamente podemos “empoderar” a todos los “usuarios” que se quiera, “incluirlos en la sociedad”, incluso invitarlos a los “debates” sobre la futura Ley de “Salud Mental”, pero si eso deriva en que éstos demanden más servicios de “los profesionales de la Salud Mental” que, a su vez, terminan maximizando las ganancias del Capital privado, lo que hacemos en realidad es, directamente, profundizar el modelo neo-liberal.

Eso es lo que pasa, de hecho: el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, como indican Díaz y Radiszcz (2012), no es más que una economía de la salud, que se limita a administrar recursos según categorías costo/efectivas. Se realizan sólo las prestaciones que generen beneficios económicos según fríos cálculos matemáticos (la política de los AVISA: Años de Vida Saludable perdidos en términos de capacidad de producir), dejando la calidad del servicio como un tema secundario, completamente supeditado a las variables del mercado. Esto en un contexto donde la Salud, tal como lo han mostrado de forma notable Goyenechea y Sinclaire (ver bibliografía), se ha convertido en un negocio lucrativo, mediante una serie de mecanismos que, precarizando y empobreciendo al máximo la Salud pública, permiten traspasar recursos de todos los chilenos a las cuentas de los grandes grupos económicos.

LÓGICA AUGE

El AUGE/GES es la plenitud de este sistema perverso: se estima que cada año se transfieren alrededor de 1.000 millones de dólares desde el Estado a los grandes conglomerados privados de la Salud. A su vez, se estima que con la enorme cantidad de dinero que el Estado ha gastado incrementando el lucro privado se habrían podido construir y gestionar, al menos, 20 hospitales públicos de calidad, según ha demostrado Carlos Pérez Soto (2013).

Ni el Plan mencionado, ni los comentarios que el grupo de psiquiatras que lo diseñaron realizan en sus constantes lobbies, ni la nueva camada de profesionales de la “Salud Mental” que adhieren a estas políticas (como lo muestra el texto de Cea) mencionan ni ofrecen soluciones concretas a estos problemas de base. En cambio, se limitan a mantener un discurso sobre los “Derechos Humanos” de las personas con “discapacidad mental” que, en realidad, lo que entiende por “Derechos” es la capacidad de los “usuarios” –convertidos en clientes de los servicios de Salud- para demandar las prestaciones que entregan los profesionales y que, justamente, terminan por beneficiar la privatización de la Salud. Empeora el panorama si dichos “Derechos” se logran consolidar en una Ley de “Salud Mental” que cristalice una política al servicio del modelo neo-liberal, como es la que impulsan estos profesionales.

Quiero sugerir, de forma sucinta, los mecanismos básicos que ha encontrado el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría y los profesionales que a él adhieren para profundizar, en la práctica, el modelo neo-liberal. Sostengo que mientras no problematicemos en un debate serio (y no en reuniones para la foto), a lo menos, estos puntos, la mejor idea es por ahora, simplemente, NO escribir una Ley de “Salud Mental”. Para los que realmente creemos que la Salud es un Derecho Humano Universal, sólo tiene sentido escribir una ley si esta va en contra, directa y concretamente, del modelo neo-liberal imperante.

1. Inventar enfermedades mentales:

En el fenómeno que se ha conocido como medicalización de la vida, el Plan convierte los problemas objetivos que genera el modelo neo-liberal (pobreza, segregación, precariedad laboral, endeudamiento, discriminación) en “enfermedades mentales”, asumiendo completamente el discurso y la práctica médica como eje de su acción sin que esto cuente con el respaldo empírico y teórico suficiente y, más aún, existiendo poderosas evidencias de que esto termina siendo perjudicial para las personas.

De esa forma, los problemas sociales objetivos, en consonancia con la ideología neo-liberal, son individualizados, psicologizados y naturalizados (Pérez Soto, 2012): el problema está en la biología de la persona, no en el contexto. Ya no se trata, por ejemplo, de que nos exploten en trabajos sin sentido y mal remunerados, se trata de que si presentamos algún malestar al respecto tenemos una “enfermedad” y debemos ser “tratados” para poder reincorporarnos a la producción.

2. Correr y fragmentar las bases sociales

El efecto inmediato que genera hacer pasar los problemas objetivos de la vida cotidiana como “enfermedades mentales”, introduciendo el discurso médico y sus operaciones a ámbitos que, simplemente, no le corresponden, es que esos problemas objetivos generados por el modelo neo-liberal quedan como un asunto meramente técnico, en manos de supuestos “expertos en la vida” que tendrían las soluciones. Ya no se trata de soluciones colectivas, de acciones políticas gestionadas por las mismas comunidades de pares que comparten problemas comunes, ahora se trata de diversos gremios de profesionales que, autoderogándose la representación de los “Derechos Humanos” de los demás, en el fondo lo que buscan es administrar los recursos del Capital privado y, así, sacar su pedazo del pastel monetario.
Se segrega, aísla y divide a las personas, dejándolas completamente indefensas ante las administraciones burocráticas que estos supuestos “expertos” ofrecen. Ahora las personas tendrán que recurrir siempre a ellos y sus tecnologías, negando sistemáticamente la capacidad que tienen las mismas personas, que son las verdaderas expertas al vivir concretamente, día a día, las miserias que el neo-liberalismo genera, para autodeterminarse y desplegar, de forma autónoma, las acciones que realmente las beneficien.

3. Convertir las “enfermedades mentales” en “discapacidades”

Se ha inventado el concepto de “discapacidad mental”. No se crea que la “discapacidad mental” se reduce a los esquizofrénicos, por ejemplo, los “expertos” entienden por “discapacidad mental” afecciones tan comunes como la “Depresión”(2), ya que ésta produciría grandes pérdidas económicas para el país. La idea es que estas “enfermedades mentales” “discapacitan” a la persona para producir y que los profesionales de la “Salud Mental” tendrían las herramientas técnicas para “capacitar” a los “enfermos”: quien antes no producía, ahora produce. Negocio redondo.
La drogadicción psiquiátrica masiva cumple directamente la función de reincorporar a las personas a las actividades productivas sin tocar la raíz del problema –además de permitir el ingreso, desde ya, de la megaindustria farmacéutica para desplegar, con nuestro dinero, todos sus intereses que poco y nada tienen que ver con la Salud-, y las políticas de la famosa “inclusión” cumplen el mismos objetivo pero recubierto de lindas y amigables palabras. “Inclusión” es, por supuesto, incluir a los supuestos “enfermos discapacitados mentales” al modelo neo-liberal, reincorporándolos al mercado laboral explotador y enajenante sin que éste, en el fondo la raíz del problema, sea cuestionado. Nadie se ha puesto a pensar, por ejemplo, que la verdadera discapacidad la tiene el sistema neo-liberal para hacernos felices.

4. Hacer de los “discapacitados” clientes de los servicios de “Salud Mental”:

El “discapacitado” es convertido en “usuario”, pero el usuario es tal sólo porque cuenta con el dinero (ya sea entregado por el Estado, como co-pago o desembolsado directamente) para pagar las prestaciones. En términos simples: FONASA funciona como una “Gran Compañía de Seguros de Salud”, que lo que hace es definir los montos de las prestaciones según tablas de siniestralidad medidas, otra vez, por su impacto en la economía del país. De esa forma, paga sólo por paciente atendido, entendiendo la Salud como un servicio individual y principalmente curativo, y no como un, ahora sí, verdadero Derecho Humano fundamental Universal que debiese estar permanentemente cubierto para todos y no supeditado a variables macro económicas.

El Plan de Gómez prefiere la lógica de clientelismos que tantos beneficios económicos le ha permitido a los conglomerados privados de Salud (3). En sus lobbies y propuestas, ninguno de los ideadores del Plan y su nueva camada de profesionales hablan sobre ese punto. Por el contrario, tal como se puede ver en la propuesta del mismo Gómez (Gómez et. al., 2014), lo que hacen es alabar, buscar corregir y aumentar las “enfermedades mentales” en el AUGE/GES, la plenitud de este traspaso de nuestros recursos a los privados.

Los locos, entonces -los mismos a quienes dicen “defender”, “empoderar” y “luchar por sus Derechos”-, convertidos en “discapacitados” primero y en “usuarios/clientes” luego, son directamente utilizados para desviar el gasto público en Salud al sector privado, pagando sobre precios que terminan por empeorar la Salud pública, negando la posibilidad de vivir la Salud como un Derecho Humano básico y Universal, sin lucro, permanentemente cubierto para todos.

Gonzalo Carrère Valdés*

* Psicólogo. Director Ejecutivo de Fundación Diferénciate Chile. Comentarios a [email protected]

NOTAS:

(1) En esta dirección se ve uno de los seminarios en donde Gómez fue invitado a hablar sobre la famosa Ley: http://politicaspublicas.uc.cl/agenda/ver_evento/93. Llama la atención que también se haya invitado a ese seminario al diputado Concertacionista Sergio Espejo, ya que él también fue expositor en el lanzamiento del “Informe Diagnóstico de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad mental” realizado por el “Observatorio” en la CEPAL, a inicios de este año y sobre el cual me referí en el artículo citado (Carrère, 2014). Se comienzan ver las mismas caras, que ocupan espacios de poder en el Estado, hablando sobre el mismo tema.

Como “misteriosamente” luego de mi artículo anterior muchos de los links que ofrecí fueron dados de baja, y tal como aquella vez, cuento con todos los respaldos de las referencias que ofrezco. En el caso de que nuevamente ocurran misterios, basta con que me escriban al mail ya indicado y gustosamente les haré llegar lo que sea necesario.

(2) Exactamente aquí, en el recuadro del principio del texto: http://web.minsal.cl/portal/url/item/71e6341aec4aaae2e04001011f017bae.pdf

(3) Por ejemplo, FONASA paga $4.950 pesos por consulta médica en hospitales públicos, y en cambio paga $11.730 por el mismo asunto en las clínicas privadas, financiando el margen de utilidades de dichas clínicas (Pérez Soto, 2013).

BIBLIOGRAFÍA

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