Guatemala, estado de excepción

fuente: diagonalperiodico.net

No es exagerado afirmar que la llegada de transnacionales marca un antes y un después en la vida de las comunidades en Guatemala. El después implica terror por la presencia del Ejército y grupos armados, presos políticos, violencia sexual, debilitamiento de autoridades comunitarias y de la precaria institucionalidad democrática, divisiones intracomunitarias, militarización y estados de excepción.

Negación de los derechos de los pueblos sobre su territorio, asesinato de campesinos, ataques a comunicadores y más de 200 detenidos son algunas de las consecuencias de la actividad en el país de estas multinacionales, entre las que se encuentran españolas como Hidralia Energía.

En otros casos, las empresas recurren a procedimientos ilegales, al eludir el pago de impuestos o al suscribir contratos sin licitación pública: es el caso de Terminal de Contenedores de Barcelona, que recibió en usufructo 348.000 m2 de terreno.

La impunidad de empresas transnacionales en Guatemala no es posible sin el apoyo de gobiernos e instituciones internacionales, que ignoran denuncias de violaciones de derechos. En  Barillas, ni la embajada española ni los financiadores –Corporación In­teramericana para el Financia­miento de Infraestructura y NorFund, de No­ruega– tienen en cuenta las denuncias: entre otras, la queja presentada a la oficina del Defensor del Pueblo en junio de 2014, y la próxima interpelación a la Alta Repre­sentante de la Co­misión Europea para Asuntos Ex­teriores sobre los  crímenes cometidos por Hidralia Energía. 

En Monte Olivo, la Corporación Financiera Internacional, dependiente del Banco Mundial, promueve un proyecto que ya ha generado muertes de adultos y menores: el 23 de agosto de 2013, los niños Hageo Maas y David Pacav recibieron disparos realizados por un extrabajador de la hidroeléctrica presente en la zona. Ambos fallecieron pocos días después.

Falta de regulación

Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos , elaborados por la ONU y vigentes desde 2012, no derivan en “obligaciones jurídicas”, como los propios principios reconocen. Esto implica que, si una empresa viola derechos humanos, no es objeto de sanción. Las empresas transnacionales no tienen la obligación de “respetar la ley” y están exentas de “sanciones civiles y penales”, indican Pedro Ramiro y Juan Hernán­dez Zubizarreta, del Observatorio de Multinacionales en América Latina .

Las demandas de las comunidades afectadas son sorteadas a través de artimañas legales y políticas, que permiten a las empresas ocultarse mediante subsidiarias y establecer alianzas con actores políticos, grupos armados y operadores de justicia, para garantizar impunidad.

La falta de regulación sobre las grandes empresas se produce precisamente cuando su poder es mayor. Las transnacionales son, recuerda el abogado Alejandro Teitelbaum, los “poderes determinantes”, con capacidad de dictar leyes, influir sobre autoridades políticas, enviar dirigentes sociales a la cárcel, y reordenar territorios a la medida de sus intereses.

La superación de la impunidad empresarial pasa por fortalecer el poder de las sociedades y Estados. La creación por el Consejo de Derechos Hu­manos de la ONU de un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante para regular las actividades de las transnacionales en junio de 2014, es un paso significativo en esta dirección. Que el trabajo de este grupo prospere depende de la articulación de esfuerzos de comunidades en resistencia, organizaciones locales, organizaciones y coaliciones internacionales con capacidad de incidencia, redes de comunicadores, periodistas e investigadores.

En el medio plazo, se trata de pensar y construir nuevos modelos de vida, que fortalezcan la solidaridad, la colectividad y la ampliación permanente de derechos de personas y de la naturaleza. En estos nuevos modelos, las empresas transnacionales acumuladoras y violentas no tienen razón de existir.

Historial de ataques de las transnacionales

 Izabal. Violencia sexual en enero de 2007 contra once mujeres en Lote Ocho, que involucra a la canadiense Hud­bay Minerals.

Barillas. Agresión a dos campesinos y asesinato de otro, el 1 de mayo de 2012 en Santa Cruz Barillas, responsabilidad de una compañía de seguridad subcontratada por la empresa española Hidralia Energía.

San José del Golfo. Agresiones a comunicadores sociales en San José del Golfo, donde opera una minera canadiense.

Monte Olivo. Hostigamiento, persecución y agresión en contra de la comunidad de Monte Olivo, Alta Verapaz, con participación de la Corporación Financiera Internacional-Banco Mundial como financiadora de un proyecto hidroeléctrico.

200 detenciones. Negación sistemática del derecho a la consulta y el consentimiento de la población; persecución judicial –favorecida por las empresas– contra organizaciones, líderes y comunidades en resistencia: desde 2012 se han producido más de 200 detenciones ilegales y decenas de encarcelamientos.