Organizaciones populares de Honduras convocan a nuevas acciones a pesar de no existir garantías constitucionales, mientras tanto se espera la llegada de una nueva delegación de altos funcionarios de la OEA a la nación centroamericana.
El Frente Nacional contra el golpe de Estado de Honduras realizó una nueva convocatoria a manifestar para este viernes, pese al estado de sitio decretado por el gobierno golpista de Roberto Micheletti, y en medio de la visita de una delegación de funcionarios de la OEA que busca dialogar con las partes y aliviar la crisis política que vive la nación.
El coordinador general del frente popular, Juan Barahona, anunció que el apoyo al presidente legítimo Manuel Zelaya volverá a congregarse frente a la embajada de Estados Unidos, donde este jueves realizaron una concentración antigolpista.
Las medidas de excepción decretadas por el régimen instalado en Honduras, el pasado domingo 27 de septiembre, permite la violación de derechos humanos fundamentales, dejando al pueblo hondureño a la merced de los organismos policiales y militares durante 45 días.
La medida golpista eliminó la libertad personal, la libertad de asociación y de reunión, el derecho de circulación y la libertad de expresión, éste último materializado el pasado lunes con el cierre de la emisora Radio Globo y la televisora Canal 36, que contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Por ello, desde el anuncio del decreto, las demostraciones de protesta son cercadas por centenares de policías y soldados para impedir las marchas en las calles.
Asimismo, Barahona exhortó a la resistencia a utilizar formas alternativas de comunicación para hacer del conocimiento al pueblo hondureño las acciones del frente, tras el cierre y la confiscación de los equipos de los dos medios de prensa con cobertura de la lucha popular.
Entre tanto, Radio Globo logró reaparecer con transmisiones vía Internet y algunas emisoras alternativas del interior se enlazan con su señal, a modo de poder hacer escuchar las voces a favor del presidente Constitucional Manuel Zelaya, en un esfuerzo por romper el cerco mediático impuesto a la población por el gobierno de facto de Roberto Michelletti.
MISIONES INTERNACIONALES
Para este viernes se espera la visita de altos funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) para preparar una misión de cancilleres que se espera llegará al país centroamericano el próximo 7 de octubre, que contará, por ahora, con la presencia del secretario general, José Miguel Insulza.
Las gestiones de la OEA se desarrollarán en la nueva coyuntura que se materializa en Honduras tras el sorpresivo regreso al país del presidente derrocado, Manuel Zelaya, quien se encuentra bajo la protección de la embajada de Brasil desde el pasado lunes 21 de agosto.
A la visita de la representación de la OEA, se suman la anunciada este viernes en la mañana, en la que se prevé la llegada de Senadores Republicanos que sostendrán reuniones con las autoridades de facto de Honduras.
A su vez, una misión de diputados brasileños abandonó en la mañana Honduras, tras cumplir el jueves una visita para conocer la crisis política del país y la situación de la embajada de Brasil en Tegucigalpa.
El coordinador de la misión de Diputados, Raúl Jungmann, confirmó a los periodistas en el aeropuerto de Tegucigalpa que se reunieron en la Casa Presidencial con el gobernante de facto hondureño, Roberto Micheletti.
El legislador brasileño comentó que ambas partes «están lejos» en cuanto al «contenido» de ese diálogo, que se prevé instalar la próxima semana con el acompañamiento de una misión de cancilleres de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Tras su llegada el pasado día 21 de septiembre, el presidente Constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, convocó a un diálogo nacional para buscar una salida pacífica a la crisis desatada por el golpe de Estado del 28 de junio pasado.
El jefe de Estado, legítimo de Honduras, confirmó su disposición a firmar un plan para su restitución condicionada propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, promovido como mediador en la crisis por el gobierno de Estados Unidos.
Esa posibilidad es rechazada por el gobierno de facto y los grupos políticos y empresariales afines al ilegal régimen.
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