La UDI se resiste a la eliminación de los aportes reservados a campañas políticas y pretende eliminar los aportes anónimos

En el marco del caso Penta, la UDI no deja de sorprendernos.

La UDI se resiste a la eliminación de los aportes reservados a campañas políticas y pretende eliminar los aportes anónimos

Autor: Ángela Barraza
Hernán Larraín-2

foto: Angela Barraza Risso / El Ciudadano / Archivo

En esta oportunidad, están elaborando una propuesta para modificar la Ley de Financiamiento de Campañas electorales y de los partidos. La fantástica idea -que los favorece en particular a ellos, como ha quedado de manifiesto en el escandaloso caso Pentagate y los financiamientos irregulares a las campañas políticas de parlamentarios, especialmente de los gremialistas- consiste en mantener los aportes reservados (que son los que superan las 20 UF.) y en eliminar los aportes privados (que son inferiores a la cifra mencionada anteriormente).

Quien encabeza la comisión que elaboró esta propuesta es el senador, obviamente de la UDI, Hernán Larraín, quien se reunió en algunas oportunidades con la ministra Ximena Rincón, para darle a conocer su punto de vista frente a este tema.

Según informa BioBioChile, la iniciativa ya fue entregada a la directiva de la colectividad.

No contentos con levantar esta moción, al ser consultados por la decisión de mantener los aportes de las empresas que tienen carácter de reservados, desde la UDI la respuesta fue que estos son positivos.

Hay que recordar que, según las cifras aportadas por Servel, fueron los parlamentarios de la UDI, los que recibieron más aportes por este concepto.

No podemos olvidar mencionar que estos aportes son perjudiciales porque las empresas que realizan estos aportes, mientras más alta es la cifra que apuestan en estas campañas, son más altos los favores que cobran, incidiendo en la forma de legislar que tienen sus financiados.

Un claro ejemplo de esto es el caso de la Ley Longueira o ley de pesca que favoreció ampliamente a las empresas pesqueras, en desmedro de pescadores artesanales y del uso del territorio marítimo de los chilenos para los chilenos, ya que habían financiado estas empresas a los senadores (obviamente de la UDI) que le dieron carácter de urgencia a esta ley para que fuera aprobada en el gobierno de Piñera.

 


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