El Estado Español maniobra para no entregar a los 19 franquistas que pide Interpol

fuente: vdeverdadnews.com

La policía española no dentendrá a los 19 franquistas reclamados por la Justicia argentina a través de Interpol. Se aferra a una directiva del organismo internacional prevista para eludir estos arrestos en casos de genocidio o crímenes de guerra y que se pone en marcha en caso de que el país de origen, en este caso el Estado español, presente una queja. Ahora la juez Servini tendrá que pedir la extradición. Pero el ministro de Justicia ya avisa que no prevé entregarles.

Las reclamaciones de la Interpol por los 19 dirigentes franquistas imputados por la juez María Servini (eran 20, pero el pasado mes de setiembre murió Antonio Barrera de Irimo, ministro entre 1973 y 1974) chocan con las maniobras del Estado español para no entregarles. La oficina en Argentina del organismo policial dictó ayer una orden de detención «muy urgente» contra los responsables del régimen de Francisco Franco. El Estado sin embargo, dio una rápida respuesta y advirtió que ni serán arrestados ni mucho menos extraditados. Así lo aseguró el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, que se escudó, como viene siendo habitual, en la Ley de Amnistía de 1977 y en la supuesta prescripción de los casos. No obstante, las maniobras venían de antes. Así lo demuestra una información difundida por Europa Press que revela cómo Madrid apeló ante la Secretaría General de Interpol y se aferró a una resolución de 2010 que afecta, precisamente, a solicitudes relacionadas con los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Se trata de un acuerdo por el cual, si un Estado presenta alguna queja en los 30 días posteriores que se formalice la orden de arresto esta no tiene por qué llevarse a cabo. Un protocolo desarrollado, como señaló Carlos Slepoy, abogado de la causa, como precaución contra el avance de la «Justicia Universal».

Según indicaba la agencia española, citando fuentes policiales, los agentes no detendrán a los 19 franquistas porque después de que se cursase la orden de arresto desde Argentina, la oficina en Madrid de Interpol presentó la alegación. Es decir, que protestó para que no se pudiese perseguir a los responsables de hechos como la matanza de cinco obreros en Gasteiz en 1973, las ejecuciones de Salvador Puig Antich, de Jon Paredes Manot «Txiki», Ángel Otaegi, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, el «proceso de Burgos» o diversas denuncias de torturas. Según esta información, la oficina de Lyon habría hecho caso a los requerimientos españoles y habría cursado la orden argentina sin distintivo rojo, lo cual implica que esta solo tiene efecto en el país emisor. Es decir, que los 19 franquistas, a día de hoy, solo pueden ser detenidos si viajasen a Argentina.

Próximos movimientos
«El Gobierno español hecho uso de esta situación para evitar no solo que puedan ser detenidos y juzgados en España, sino para que estén protegidos internacionalmente», denunció el letrado Carlos Slepoy, que puso en evidencia la gravedad de la reacción de Madrid. En su opinión, este es un tecnicismo que podría ser solventado si existiese voluntad, lo que es inexistente en el caso del Ejecutivo de Mariano Rajoy. De este modo, y ante la negativa de la detención inmediata, el siguiente paso será que la jueza Servini reclame directamente la extradición.

Para esto, el Estado también tiene previstos sus obstáculos. De hecho, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya advirtió ayer que espera que la resolución de la Audiencia Nacional vaya en el mismo sentido que las que ya dictó en los casos del policía español Antonio González Pacheco, «Billy el Niño», y el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar. En realidad, una vez que se solicite la expulsión a Argentina, es el Ejecutivo el que tiene que decidir si la tramita o no y, a partir de entonces, sería cuando intervendría el tribunal especial, como ya ocurrió en el caso de los dos torturadores franquistas que eludieron a la Justicia pero no evitaron su imagen desfilando ante el juez durante la vista.

«Están preocupados»
«Están muy preocupados», consideró Slepoy ante todas las protecciones adoptadas por Madrid ante la posibilidad de que los cargos franquistas y policías, entre los que se encuentran, por ejemplo, Rodolfo Martín Villa o José Utrera Molina, sean juzgados. En este sentido, consideró que lo que el Ejecutivo quiere eludir es la fotografía de los antiguos cargos del régimen de Franco declarando ante la Audiencia Nacional. Para evitar las maniobras del Estado, los querellantes ya han puesto en marcha su propio plan de acción.

Según explicó Slepoy, mantendrán diversos encuentros tanto con organismos internacionales (la ONU, entre otros muchos, ha censurado la impunidad que permite la Ley de Amnistía) así como formaciones políticas. Hoy mismo se encontrarán con IU y el Grupo Mixto, en el que se encuentra Amaiur. Mientras, el Gobierno español se prepara para mantener el cobijo de los franquistas.

Los precedentes: un trámite sin efecto jurídico real
Si se atienden a los precedentes de estas 19 imputaciones se puede comprobar que el Estado español a lo máximo que está dispuesto a llegar para resarcir a las víctimas del franquismo es a un derecho a la denuncia que permita «ser escuchado» pero que no tenga efecto jurídico real. Esto quedó demostrado en las vistas sobre la extradición de los torturadores Antonio González Pacheco «Billy el Niño» y Jesús Muñecas Aguilar que tuvieron lugar este mismo año en la Audiencia Nacional española. En aquel momento, fiscalía reconoció que las sesiones se celebraron únicamente por «compromiso diplomático», dejando clara su nula voluntad de cumplir con las víctimas y negando que los crímenes del franquismo constituyesen delitos de lesa humanidad, lo cual les convertiría en imprescriptibles. Frente a ello, se escudó, como ayer hizo el ministro de Justicia, en la Ley de Amnistía de 1977 (frecuentemente cuestionada por diversos organismos internacionales) o en el hecho de que las torturas habrían prescrito. Solo dio opción a las víctimas de presentar una denuncia en su lugar de origen para ser escuchadas, pero dejando claro que no tendría efecto real por el hecho de la prescripción. Ahora, está por ver si el ministerio de Justicia español acepta, al menos, que se tramite la solicitud de extradición, lo que obligaría a posicionarse al juez que se encuentre de guardia en la Audiencia Nacional. Todo parece indicar que no tienen intención de que ni siquiera llegue esa imagen.