«Para impulsar Alto Maipo, AES Gener ha recurrido a operaciones que sobreexplotan y mercantilizan un bien común: El agua»

Ricardo Cano

Ante la ofensiva que el ex ministro de Estado y actual presidente ejecutivo del proyecto Alto Maipo, Jorge Rodríguez Grossi, ha desarrollado contra la dirigenta ambientalista Sara Larraín, recurriendo a injurias y cuestionamientos de índole personal para poner en duda sus reales motivaciones para oponerse a las centrales hidroeléctricas que la empresa que representa quiere construir en la cuenca del río Maipo, las organizaciones y ciudadanos abajo firmantes declaramos lo siguiente:

· El proyecto Alto Maipo, de la empresa estadounidense AES Gener y de Antofagasta Minerals del grupo Luksic, ha demostrado, como múltiples otras iniciativas destinadas a profundizar el modelo de desarrollo extractivista de Chile, ser una iniciativa que pone en riesgo el abastecimiento de agua potable de millones de santiaguinos, el riego de miles de hectáreas en el valle del Maipo y la subsistencia de ecosistemas y economías del Cajón del Maipo, al intervenir irreversible y negativamente el nacimiento de las cuencas de los ríos Volcán, Yeso Colorado y Maipo. Tales mega intervenciones está demostrado tienen efectos irremediables

· Para impulsar su proyecto Alto Maipo, AES Gener ha recurrido a operaciones financieras que sobreexplotan y mercantilizan un bien común como el agua (como el contrato con la sanitaria Aguas Andinas y la alianza con minera Los Pelambres, operadora del tranque de relaves El Mauro), ha intervenido comunidades a través de prebendas monetarias y ejecutado lobby político al más alto nivel, involucrando incluso a los actuales ministros de Energía Máximo Pacheco y de Hacienda Alberto Arenas.

· La duda que Jorge Rodríguez Grossi pretende instalar sobre las reales motivaciones de Sara Larraín constituye una estrategia comunicacional que, aprovechando la tribuna que históricamente los medios de comunicación han dado al sector empresarial, busca deslegitimar a una dirigenta del movimiento socioambiental que ha demostrado una convicción y consecuencia hoy más que nunca necesaria.

· Lo que no dice Jorge Rodríguez Grossi es que el territorio sobre el que se demanda servidumbre e indemnización corresponde al santuario de la naturaleza San Francisco de Lagunillas, cuyo estatus de área protegida comprueba la coherencia de Sara Larraín en su trabajo por la protección ambiental en los territorios de nuestro país. Lamentablemente, el sistema legal actual que prioriza la explotación económica por sobre los derechos ambientales o sociales, no asegura la protección de estas áreas protegidas, lo cual también afecta a la reserva nacional El Morado y el glaciar San Francisco, igualmente afectados por el proyecto Alto Maipo en la zona.

· Similar a lo que ocurre con miles de dirigentes y ciudadanos de todo el país, la perseverancia y compromiso de Sara Larraín en el diseño de mejores políticas publicas y en la defensa del presente y futuro de Chile está a la vista. Comunidades desde el extremo norte al extremo sur del territorio nacional pueden dar cuenta de ello, así como múltiples actores y organismos nacionales e internacionales que la consideran un referente en materias de políticas publicas y de justicia socioambiental.

· Chile requiere más que nunca a personas que sirvan de contrapeso a una visión de desarrollo hegemónica que ve la naturaleza y los territorios solo como yacimientos de materias primas para explotar. Este paradigma está en el origen de la injusticia socioambiental y constituye una irresponsabilidad en materia de equidad actual e intergeneracional. Un ejemplo de ello es el mismo Jorge Rodríguez Grossi, que en calidad de ministro de Economía, Minería y Energía apoyó irrestrictamente a principios de la década la instalación de la mega planta de aluminio Alumysa en la Patagonia chilena, cuando presidió Guacolda S.A. (también de AES Gener) fue el responsable de incorporar el petcoke (cancerígeno) a la generación eléctrica en el valle del Huasco y luego promovió la generación a carbón como ministro de Energía y Minería. En concreto, todo esto sirviendo en empleos públicos y privados vinculados a un tipo de desarrollo energético que queremos superar.

· En Chile somos millones quienes compartimos la mirada de Sara Larraín, y nos oponemos a proyectos dañinos e irregularmente aprobados como Alto Maipo, para generar más lucro para el grupo Luksic y la estadounidense AES Gener.

· Somos ciudadanos y organizaciones que legítimamente defendemos nuestros derechos y los de nuestras comunidades, al igual que Sara Larraín. Tenemos la convicción de que solo una ciudadanía activa nos permitirá poner fin al abuso de poder y a las desigualdades existentes hoy en el país, para construir un Chile más sustentable, justo y democrático para los chilenos y chilenas del futuro. Campañas injuriosas como la de Rodríguez Grossi, en representación del grupo Luksic y AES Gener, no serán impedimento para seguir trabajando por el respeto a los derechos humanos y por un Chile justo y democrático.

Firman la presente carta: