Hoy, según lo publicado por la página web de poder judicial, se conoció el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual consigna que el Fisco deberá pagar 150 millones de pesos a cada uno de los 30 demandantes. Además, el fallo indica que «cabe señalar que si bien es cierto que el daño moral debe ser acreditado, debe tenerse presente que no puede existir duda que las víctimas de violaciones de derechos fundamentales, en particular los actores, que fueron recluidos ilegalmente en una isla del fin del mundo; que sufrieron maltratos y que vivieron en aquel período la agonía de la incertidumbre de su propia existencia, sufrieron un inconmesurable daño moral, que no requiere ser probado pues el más elemental sentido común basta para tal efecto».
La Isla Dawson está ubicada en la región de Magallanes, en el extremo sur de Chile. Luego del golpe militar en 1973, se convirtió en un centro de torturas donde fueron detenidos y violentados los derechos humanos de activistas políticos de izquierda. En este austral escenario se cometieron crímenes en contra de centenares de prisioneros que allí encerró la dictadura de Pinochet.
Este fallo responde a que el 7 de enero de 2013, la magistrada Donoso Niemeyer (en causa rol 803-2008) estableció la responsabilidad del Estado en los hechos y la correspondiente indemnización. En esa primera instancia, se resolvió que: «Atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueran sometidos, que incluye el tiempo que se encontraron privados de libertad, tanto que fueran reconocidos como víctimas del Estado chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, lo que naturalmente conlleva gran dolor y aflicción que provocan en un ser humano sujeto a aquellos, no sólo dolor físico inmediato, sino que además un estado de vulnerabilidad interna con efectos permanentes».