No sólo Matute: Los enigmas policiales que llevan a las familias de Aysén a exigir justicia

Esta semana se cumplieron 15 años desde la desaparición y muerte de Jorge Matute Johns. Cuatro magistrados y más de 40 tomos de diligencias fueron necesarios para que recién ahora el Servicio Médico Legal pueda confirmar, de manera científica, la participación de terceros en el homicidio del estudiante de ingeniería forestal. Más al sur, en la Región de Aysén, otras familias esperan que el Poder Judicial subsane una deuda pendiente con la memoria de jóvenes que también fallecieron en extrañas circunstancias.

Rosa Flores, madre del ex conscripto Roberto Lagos Flores, continúa luchando por saber qué le ocurrió a su hijo el día 12 de junio del 2000, cuando salió con sus amigos del Liceo Politécnico de Aysén y se le perdió el rastro. El cadáver de Roberto fue encontrado tres meses después en el borde del Río Aysén. Años antes, en 1998, ese mismo caudal torrentoso se había llevado las almas de Leandro Morales y Juan Carlos Machuca, dos adolescentes que conocían al soldado y que también desaparecieron.

El padre de Leandro Morales, un suboficial de Carabineros, cuestionó en televisión abierta la posibilidad de un suicidio en la muerte de su hijo. “Leandro no tenía agua en los pulmones”, afirmó Wilson Morales cuando estalló el Caso Aysén. Por hablar más de la cuenta recibió una dura sanción: fue trasladado inmediatamente a Valparaíso, perdiendo su asignación de zona.

La presidenta de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Alicia Araneda, investigó los casos y los cerró, determinando que no había pruebas suficientes para comprobar la comisión de delitos. Pero la declaración de un instructor del Ejército, adosada al proceso por la muerte de Roberto Lagos, unió los tres fallecimientos: el testigo señaló que Lagos le había confesado que sus amigos Morales y Machuca habían sido asesinados por observar un “contrabando de drogas” entre un civil, dueño de una conocida ferretería, y un oficial de las Fuerzas Armadas.

La arista del tráfico de cocaína se diluyó cuando Jorge Corona, un bodeguero de Puerto Chacabuco, fue condenado por falso testimonio al entrar en una serie de contradicciones en el caso. Si bien hubo detalles que no encajaron, la médula del testimonio de Corona apuntaba justamente a un civil y a un oficial de Ejército. Así como ocurrió en el caso Spiniak con Gemita Bueno, la sola retractación de Corona sirvió para desechar cualquier nexo entre los hechos investigados y asociaciones ilícitas compuestas por agentes del Estado.

“La ministra Araneda dice que los casos están cerrados, pero hay cosas que no investigó”, señala Rosa Flores desde Puerto Aysén. “Fuimos perseguidos, los testigos cambiaron sus versiones y la ministra nunca quiso llegar a la verdad. En la Corte siguen los mismos, y no hay cambios. Tampoco hay interés de las autoridades ni de los políticos que tenemos acá sobre estos casos”.

En conversación con El Ciudadano, Rosa Flores dijo sentir desconfianza hacia la presidenta Michelle Bachelet, quien ejercía el cargo de ministra de Defensa cuando se vinculó a funcionarios del Ejército con redes de narcotráfico, sin recibir de ella una respuesta clara sobre los sumarios internos que se llevaron a efecto. También se muestra disconforme por el escaso avance en la investigación del Ministerio Público sobre las extrañas muertes de Carmen Montiel y María Vargas, ocurridas en julio de 2012 y febrero de 2013, respectivamente.

“Cuando estuvo haciendo campaña en Aysén, la presidenta Bachelet ofreció que, saliendo electa, mandaría a un equipo de la Policía de Investigaciones (PDI) a investigar estos casos, pero hasta ahora no ha pasado nada”, señaló.

Similar postura sobre el estado de la justicia en la región es la que tiene Gladys Mardones, madre del joven Víctor Hugo Barría, quien apareció muerto una mañana de marzo del año 1997, sospechándose la acción de funcionarios de Carabineros en su fallecimiento. Uno de los efectivos de Puerto Aysén que persiguió a Barría la noche antes de morir – fue visto por última vez con vida mientras escapaba de un furgón policial – ha sido ligado por testigos al caso de los “hornos de Lonquén”. Otro uniformado que estaría involucrado en el caso fue condenado por matar a un niño de 11 años en la comuna de Maipú.

La muerte de Víctor Hugo es muy similar a la de Fabián Díaz Nahuelquín, joven que apareció muerto en octubre del 2001 tras ser perseguido por carabineros en el sector de Isla Díaz. Para su padre, es imposible que Fabián se haya ahogado en un “charco de agua”, teniendo en cuenta que era un excelente nadador. Así como en los casos ya citados, tampoco hay avances para dilucidar lo ocurrido con el aisenino.

En contacto telefónico con este medio, la madre de Víctor se mostró conforme con los avances en la investigación del caso Matute, e instó al Poder Judicial a resolver los procesos que aún están pendientes en su región.

“Primero quiero felicitar a la madre de Jorge Matute Johns y darle un abrazo fuerte para que sigan luchando como familia”, señaló Gladys Mardones. “Tenemos la esperanza de que llegue una jueza como la que está ahora en su caso, que venga de corazón a investigar estas cosas”.

La también integrante de la Agrupación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Río Aysén dijo tener “una tristeza grande de que los jueces no hagan nada” para resolver los enigmas policiales que aún conmueven a la Patagonia, y aseguró que el acceso a la justicia debe ser “un derecho de todos”.

“Cuando hay gente importante, nunca se llega a la verdad y se van tapando las cosas. Creo que eso también ocurre acá en Aysén”, puntualizó.

Matías Rojas