El gobernante puertorriqueño Luis Fortuño reconoció este miércoles que ha sido el primer gobernador en la historia de Puerto Rico con el valor de afrontar la reducción de la elevada nómina de empleados públicos; sin embargo esto ha llevado a la destitución de un gran número de trabajadores cuyas familias quedarán sin sustento. Esta política originó la convocatoria de huelga posiblemente indefinida a partir de este jueves.
Una huelga general en protesta por el despido de, hasta ahora, más de 17 mil funcionarios, es la medida con la que sindicatos puertorriqueños desafiarán este jueves al gobierno del anexionista Luis Fortuño.
Fortuño, líder del Partido Nuevo Progresista (PNP), reconoció este miércoles que ha sido el primer gobernador en la historia de Puerto Rico con el valor de afrontar la reducción de la elevada nómina de empleados públicos, lo que ha provocado una ola de protestas con consecuencias impredecibles, como esta huelga que, de realizarse, se presentaría por primera vez en la isla caribeña.
El gobernante, un reconocido neoliberal que aboga por la anexión plena de Puerto Rico con Estados Unidos, justificó los despidos como única forma de reducir un déficit público que alcazaba cuando llegó al poder el pasado enero los tres mil 200 millones de dólares, un problema que, según Fortuño, ahoga la economía de la isla.
Fortuño anunció nada más tomar las riendas del Ejecutivo el ahorro, a través de la llamada Ley 7, de dos mil millones de dólares en gastos gubernamentales; sin embargo, esto implica el despido de miles de funcionarios públicos y el perjuicio para sus familias.
Los sindicatos respondieron a las intensiones del mandatario el pasado 5 de junio con una manifestación desarrollada en las calles de San Juan en la que, según algunas estimaciones, participaron cerca de cien mil personas, cifra desconocida en la historia puertorriqueña para una protesta pública.
Sin embargo, Fortuño ignoró la demostración del poder de convocatoria de los sindicatos y anunció el pasado 28 de septiembre el despido de 17 mil funcionarios, lo que generó el llamamiento a la huelga general de este jueves.
El presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), Roberto Pagán, manifestó a la prensa internacional que no tiene dudas de que la huelga paralizará la actividad laboral del país, al afectar tanto a las corporaciones estatales como a las empresas privadas y advirtió que la huelga y la marcha a realizarse este jueves «no son el final» de la estrategia sindical contra el despido de los empleados públicos y que podría convocarse «una huelga general indefinida» si Fortuño y su gobierno no desisten de sus planes.
En tanto, el portavoz de la Coordinadora Sindical y del Frente Amplio de Solidaridad y Lucha (FASyL), Luis Pedraza Leduc, predijo «una manifestación masiva que inundará las calles de San Juan».
Fortuño aseguró, tras escuchar a los sindicatos, que no dará marcha atrás en sus planes y explicó que si no se hubiera despedido a estos empleados estatales habría tenido que cerrarse el Gobierno antes de la próxima Navidad por falta de fondos.
Sindicatos y algunos analistas acusan a Fortuño de querer desmantelar los servicios públicos para entregárselos a la iniciativa privada, mientras que el mandatario ha reiterado que una de las soluciones a los problemas de la economía de la isla pasa por las llamadas Alianzas Público Privadas, que permitirán operar activos públicos a empresas particulares y en su opinión generar miles de nuevos empleos.
Puerto Rico sufre su cuarto año consecutivo de crisis económica, responsable de una tasa de desempleo galopante que alcanza ya al 16 por ciento de la población activa.
El pasado 1 de mayo, los sindicatos del sector público de Puerto Rico le advirtieron al gobernador Luis Fortuño que, de llevarse a cabo un plan de despidos de hasta 30 mil funcionarios y de privatización de las principales corporaciones del país, realizarían una huelga.
Posteriormente, el pasado 12 de mayo, el movimiento sindical puertorriqueño denunció la posibilidad de que se produzca un traspaso de servicios públicos a la empresa privada, debido a un plan de Alianzas Público-Privadas (APP), que fue aprobado por el Senado de ese país.
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