La peligrosa y sucia estela de la corrupción

El reciente episodio de corrupción administrativa conocido como Caso Penta, viene a confirmar la presencia de una práctica instalada como método habitual por la clase política y los empresarios. La corrupción, entendida como actos de compra y venta de favores, se ha vuelto una forma común de apropiación indebida de recursos del Estado, de utilización maliciosa de fondos públicos, de enriquecimiento ilícito de individuos, en donde el afectado siempre es el fisco, el Estado, el bien común. Es decir, quebrantar la moral de la administración política y la honradez de funcionarios públicos para que mediante dádivas y prebendas obren en un sentido incorrecto en beneficio de un privado, se está convirtiendo en una forma peligrosamente normal en las relaciones entre las diversas esferas de la cosa pública y el mundo empresarial privado.

El comienzo del robo al Estado

Los historiadores chilenos coinciden en señalar que a lo largo de la historia republicana los personeros políticos y funcionarios públicos dieron muestras de probidad y decencia en el ejercicio de sus labores y en el uso de los recursos del fisco. Más allá de algunas inevitables excepciones, lo cierto es que la honradez y austeridad fue una característica constante de mandatarios, funcionarios y trabajadores fiscales que establecieron una escuela de cómo se debían tratar y manejar las cuestiones del Estado. Eso hasta que llegó la dictadura y Pinochet echó por tierra la tradición y las buenas costumbres. El tirano estableció la escuela de la rapiña y la desvergüenza. Desde el comienzo de la transición aparecieron los buenos buitres, pirañas y ratones de todos los pelajes ávidos de continuar con el estilo sinvergüenza impuesto por el tirano.

El robo descarado se vio facilitado en tiempos de dictadura por la inexistente función de la Contraloría, como órgano contralor, valga la aclaración, puesto que sólo se limitó a visar los arbitrios y saqueos. En esa época, los sueldos desproporcionadamente elevados de las “autoridades”, ministros y altos funcionarios fueron una de las formas de iniciar el desfalco de las arcas fiscales. Pero, a lo largo de los años, se estructuró una larga lista de sistemáticos robos entre los que cabe señalar: los sobresueldos de otros altos funcionarios, como los jerarcas de la Corte Suprema; las elevadas indemnizaciones que recibían ejecutivos y directivos de empresas del Estado que, curiosamente, cambiaban constantemente de trabajo yendo de una a otra; el negocio de las privatizaciones de las empresas del Estado, vendidas a precio de ganga a privilegiados amigos de los tiranos, que retribuían el regalo con jugosas donaciones al dictador; los pinocheques o el robo dirigido por el hijo mayor de Pinochet quien se apoderó de una empresa de manera fraudulenta; la venta de propiedades y bienes del ejército de cuyos montos y fondos no rendían cuenta a nadie; las redes de tráfico de armas utilizando la fábrica de armas del Estado (FAMAE) para estos fines; redes de narcotráfico; redes de contrabando; el montaje de Cema Chile como fachada para ingresar dineros del Estado a las cuentas familiares del tirano y su círculo cercano; todo este robo descarado se tradujo, como no, en el enriquecimiento ilícito de Pinochet y su familia, lo que al quedar al descubierto dio paso al llamado Caso Riggs del que el dictador también escapó por su falsa locura.

La dictadura corrompió este país, además de todos los males y desgracias que provocó. El SII calculó en unos US $ 6.000 millones (6.000 millones de dólares) las pérdidas del fisco causadas por estos robos entre 1978 y 1990. El descaro y la facilidad con que se hizo trampa al Estado obviamente ha tenido seguidores.

El Caso Penta

El Caso Penta es una buena muestra de este fenómeno en donde, mediante un delito tributario, se generó fondos para financiar campañas políticas de determinados candidatos de partidos de la derecha. El hecho fue descubierto gracias a la denuncia formulada por una funcionaria de Impuestos Internos que detectó irregularidades en ciertas contabilidades que sus superiores se negaban a investigar. Con esta denuncia, el SII se vio obligado a presentar una demanda por delito tributario contra los representantes legales de las Empresas Penta S.A., Inversiones Penta III Ltda., Inversiones Perkita Ltda, Inversiones Santa Sarella Ltda. Inmoviliaria Duero Ltda., e Inversiones Challico Ltda., teniendo como base de acusación la emisión de facturas falsas y el uso indebido de boletas de honorarios para disminuir la base imponible de sus respectivas declaraciones de impuestos sobre la renta. Acto seguido, y producto de hacer un poco de investigación (la misma que reclamaba la funcionaria que hizo la denuncia inicial), sobre la Empresa Penta S.A. recayó otra demanda por disminuir la base imponible de sus impuestos de primera categoría mediante el uso de facturas y boletas falsas utilizadas para rendir servicios y asesorías que nunca existieron. La misma investigación judicial dejó en evidencia que estas prácticas venían siendo realizadas por las empresas denunciadas desde las elecciones del 2009 y 2010, hasta donde ha podido determinar el SII; tan solo en ese lapso de tiempo la evasión de impuestos de estos acusados supera los $2.000 millones de pesos.

Todo este tinglado de elusión y evasión tributaria estaba destinado a generar fondos para financiar las campañas electorales de colectividades y candidatos políticos en las recientes elecciones parlamentarias y presidenciales del pasado año 2013. Los directos beneficiarios y destinatarios de estos mal habidos fondos fueron los candidatos UDI Iván Moreira, Ena von Baer, Laurence Golborne y Pablo Zalaquet, además del ex Ministro de Hacienda del anterior gobierno de Bachelet, Andrés Velasco, devenido en indefinible candidato empresarial. También aparece involucrado en este malabar tributario el actual Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien había creado la fundación “Ciudad Justa” para recaudar fondos para su pasada (y perdida) campaña senatorial por Santiago; claro que la mentada fundación tenía como domicilio una botillería para recibir las “donaciones” del grupo Penta.

Lo que parece obvio es que estos tinglados empresariales y políticos no son los únicos que se han montado con idéntico propósito y para beneficiar a diversos destinatarios. Desde luego no son los primeros que se han descubierto. Ni la evasión y elusión tributaria ha sido el único recurso de corrupción utilizado con finalidad política o simple avaricia empresarial.

Caso Coimas

Con este nombre se conoce un caso de cohecho ocurrido durante el gobierno de Ricardo Lagos, denunciado el año 2002, que incluyó a autoridades y parlamentarios de la época, todos cercanos al gobierno de entonces.

En octubre de ese año, el empresario Carlos Fillippi denunció que debió pagar $15 millones de pesos a Patricio Tombolini, directivo del PRSD y Subsecretario de Transportes del gobierno de Ricardo Lagos, para que aprobara la instalación de su planta de revisión técnica en Rancagua. El hecho delictivo se había cometido durante el primer semestre del 2002 y en su materialización habrían participado el diputado Víctor Manuel Rebolledo (PPD), ex Ministro Secretario General de Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Otros implicados en la operación fueron Eric Leyton, jefe de finanzas del SENCE, Alejandro Chaparro, jefe de gabinete del ministro de Transporte y Obras Públicas, Carlos Cruz (PS), y los empresarios Gabriel Álamo e Iván Sánchez.

Como arista de este mismo caso, el empresario Alejandro Denham, denunció que los diputados DC Cristián Pareto y Jaime Jiménez le habían exigido el pago de $ 20 millones de pesos para facilitar los trámites de autorización de otra planta de revisión técnica en la misma zona. La investigación judicial de este caso concluyó al cabo de casi dos años con la condena de 8 de los 35 procesados.

La particularidad del Caso Coimas es que producto de las investigaciones judiciales y de los antecedentes surgidos se dio origen al caso de malversación de fondos públicos conocido como MOP-Gate.

Caso MOP-Gate

Este es el principal caso de corrupción ocurrido durante el gobierno de Ricardo Lagos y tuvo como protagonistas a funcionarios de Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de la empresa de Gestión Administrativa y Territorial (GATE).

En esta “operación” el MOP pagó sobresueldos a 129 funcionarios por trabajos que nunca se realizaron y la empresa GATE recibía desde 1997 pagos injustificados por supuestos estudios sobre las autopistas concesionadas y sus proyecciones.

La investigación judicial de este caso comenzó en enero del año 2003 y concluyó en octubre del 2008. En el proceso quedó registrado que los fraudes al fisco sumaron más de $ 1.250 millones de pesos producto de sobrevaloración de contratos, ocultamiento de costos reales y triangulaciones de dinero, mediante un estudiado tinglado destinado a defraudar al fisco. En la sentencia de julio del 2010, la magistrado que sustanciaba el proceso condenó a 14 personas por fraude al fisco y estafa; entre los condenados estaban el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Carlos Cruz, el ex jefe de finanzas del MOP, Sergio Cortés, el dueño de la empresa GATE, Héctor Peña Véliz, además de los funcionarios públicos Eduardo Balbontín, Gonzalo Castillo, Nazir Sapag y Oscar Araos, entre otros. Aparte de los 14 condenados, otras 17 personas procesadas fueron absueltas.

Caso Empleos Brujos

En diciembre del año 2005 el alcalde de Quillota denunció que se estaban utilizando fondos públicos del programa Generación de Empleos (PGE) para remunerar a 45 trabajadores de obras viales por trabajos que nunca se habían realizado. La investigación del Fiscal a cargo descubrió que los fondos estaban siendo desviados a otras provincias de la región de Valparaíso para financiar campañas políticas de la Concertación. El caso que se llamó “Empleos Brujos”, se cerró el año 2009 con la condena de seis de los nueve imputados, entre los que estaban el entonces Seremi del Trabajo, José Manuel Mansilla (PS), el ex funcionario de gobierno regional, Jaime Quiroz, los contratistas Hugo Meza y Guiseppe Malatesta, el ex concejal de San Felipe, Ricardo León y el dirigente del PS de Valparaíso, Edgardo Leppe.

Caso Publicam

A fines del 2006 al senador Guido Guirardi el Servel le cuestionó su rendición de gastos electorales y se le acusó de presentar boletas y facturas falsas de empresas ficticias para desviar fondos públicos hacia su campaña electoral. La empresa fantasma aparecía registrada como “Publicam”. Las rendiciones de campaña de los candidatos RN Sebastián Piñera y Lily Pérez también presentaron facturas falsas de Publicam.

Sin embargo, el Servel sobreseyó a los políticos involucrados con el argumento de que éstos desconocían el origen de las mentadas facturas, cuyo monto total ascendía a 55 millones de pesos. El único condenado fue Ricardo Farías, asesor electoral del senador Guido Girardi.

Caso Chile Deportes

En octubre de 2006 se descubrió que al interior de Chiledeportes, el organismo del Estado destinado a fomentar y apoyar el desarrollo deportivo, existía una serie de irregularidades consistentes en la malversación de fondos públicos. Estos fondos, que alcanzaron un total de 400 millones de pesos, habrían sido utilizados en campañas políticas de varios candidatos del PPD.

Producto de la denuncia pública de este hecho, la Subsecretaria de Deportes, Catalina Depassier, solicitó una auditoría interna, un sumario administrativo, y se enviaron todos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, y solicitó la renuncia de 13 directores regionales de la entidad deportiva.

Nada nuevo

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, cada vez que estalla un escándalo de ilegalidades, de dolo, de robo de recursos del Estado, de irregularidades, fraudes, malversaciones o hasta de estafa, la clase política en su conjunto, y desde luego la aristocracia empresarial, salen a reclamar la necesidad de “regularizar” la situación en cuestión. No hay reproche, no hay crítica social, no hay condena política; por el contrario, lo que pretenden es legalizar la ilegalidad (o “regularizar”, como eufemísticamente lo llaman). Ya lo hicieron hace unos años para tapar el escándalo de los sobresueldos de ministros y subsecretarios; instante e instancia que aprovecharon los propios legisladores para subir considerablemente el monto de sus sueldos y asignaciones. Es decir, el robo se corrige con más robo. Ahora pretenden legalizar los tinglados contra las arcas fiscales para asegurar el financiamiento de sus inmundas campañas políticas y electorales. Hay en la clase política una absoluta falta de ética, de moral, de honradez. Los tiempos en que los dignatarios se retiraban de la cosa pública con dignidad, con austeridad, con lo mismo que habían llegado, parece haber quedado en el pasado absoluto.

via Resumen