Es la hora de saber cuántos transgénicos, azúcar y sal tienen los alimentos

Pronto se conocerá el reglamento de la llamada “Ley Super Ocho” (Ley 20.606 de Rotulado y Publicidad de Alimentos), al haber concluido la fase de participación ciudadana convocada por el ministerio de salud. Si esta vez el lobby de la industria alimentaria fracasa en sus intentos, y siempre que la ministra Helia Molina se atreva a prevenir la obesidad, los padres y madres tendrán derecho a saber cuánta azúcar y sal contienen los alimentos que compran para sus niños.

Se habrá avanzado algunos pasos en la dirección correcta. Pero ojo: la nueva etiqueta seguirá muda acerca de si ese alimento es o no transgénico. El semáforo no dirá nada al respecto.

Por ello, la ministra secretaria de gobierno Ximena Rincón, que en 2012 presentó en el Senado un proyecto de ley de Moratoria y Etiquetado de Transgénicos, recibió de manos de nuestra campaña ciudadana, un ejemplar de la primera versión en español de “Transgénicos: Mitos y Verdades”, de Antoniou, Fagan y Robinson (RAP-Chile, Quimantú, 2014). La obra fundamenta con base científica las razones por las cuales los alimentos elaborados con ingredientes transgénicos presentan riesgos para la población.

La campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile le hizo llegar el libro presentado recientemente para poner un piso sólido a la exigencia de que esta ley de moratoria y etiquetado, que duerme en el senado, sea puesta en discusión con urgencia. En su rol actual, Ximena Rincón deberá decidir si responde a la demanda ciudadana integrando ese proyecto a la agenda legislativa definida por el comité de ministros, o si se sitúa del lado de Monsanto, Pioneer/Dupont y sus pares.

La ley Super Ocho ignoró absolutamente el tema de los transgénicos. A través de observaciones al reglamento de esta ley, muchos ciudadanos y ciudadanas, entre ellos Rodrigo Lampasona, de la iniciativa “Elige Vivir Sano” nacida al calor de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, hicieron presente su molestia porque el etiquetado no abarque los alimentos hechos con ingredientes transgénicos como la soya y el maíz transgénicos que pueden estar presentes – entre otras – en las marcas Kellogg, Ades, Kraft, Nestré, Danone, Mazola, Nutrasweet, Great Value, Hellman’s, McKormick, Bagley, Matarazzo, Sadia, Pringles, Lays y Knorr.

Bachelet bloqueó el etiquetado

Pero estas observaciones ciudadanas al reglamento de la “Ley Super Ocho” tienen escasas posibilidades de ser recogidas por el ministerio de salud, que hasta ahora rechaza toda posibilidad de etiquetar estos alimentos transgénicos, que presentan serios riesgos para la salud de las personas. SERNAC remite toda consulta al respecto, al ministerio de salud. La ley Super Ocho nada dice sobre el tema, probablemente porque el Reglamento Sanitario que rige los alimentos en Chile, fue modificado para eliminar la obligación de rotularlos, siendo ministra de salud la actual presidenta de la república, Michelle Bachelet. El decreto de etiquetado de transgénicos estuvo listo desde el año 2001, pero jamás se promulgó. En cambio, el ministerio de salud elaboró el decreto 115, publicado en el diario oficial el 25 de noviembre de 2003. Ese decreto de Bachelet introdujo en el artículo 107, letra n, del Reglamento Sanitario de Alimentos, un texto que indica que el rotulado de alimentos transgénicos sólo procederá si estos “presentan características nutricionales distintas al alimento y/o materia prima convencional”.

Parece dictado por Monsanto y los productores de transgénicos, que acuñaron el término “equivalencia sustancial”, sin base científica alguna para impedir en Estados Unidos el análisis toxicológico de este tipo de alimentos y permitir su pronta autorización cuando salieron al mercado. Hoy la “equivalencia sustancial” se está cayendo a pedazos precisamente en la tierra madre de los transgénicos, Estados Unidos.
Etiquetado en Estados Unidos

Desde el año pasado un poderoso movimiento ciudadano está exigiendo a nivel de algunos estados federales de Estados Unidos, el derecho a saber qué están comiendo. Vermont aprobó el etiquetado este año; California casi lo logró el año pasado, y ahora lo intentan los estados de Oregon y Colorado. Para entender el poder de ese lobby y lo que ocurrió en Chile cuando se intentó etiquetar, es necesario conocer cómo operan las transnacionales de la agrobiotecnología en Estados Unidos, donde las leyes no contemplan “aportes reservados” y obligan a transparentar las donaciones de las empresas. Ad portas de que se vuelva a poner en discusión la Ley Monsanto, permanece en la penumbra saber cuántas de estas empresas transnacionales y sus socios locales han aportado en las campañas presidenciales y parlamentarias y cuáles son los montos “reservados”.

El 4 de noviembre , el estado de Oregon vota la propuesta 92, de etiquetado de alimentos transgénicos. En la campaña el gasto en avisaje televisivo ha sido enorme: es el quinto mayor gasto en avisaje que se ha hecho en todo Estados Unidos en el último tiempo, según el Center for Public Integrity, una organización sin fines de lucro con sede en Washington. En Oregon, la comuna de Jackson aprobó meses atrás la prohibición del cultivo de transgénicos en su territorio. El estado de Vermont, que aprobó el etiquetado, lo hará entrar en vigor en Julio de 2016, y el fiscal general de ese estado está defendiendo esa medida, de una demanda planteada por representantes de la industria alimentaria.

Por otro lado, los votantes de Colorado rechazaron una iniciativa para etiquetar los alimentos genéticamente modificados. 67 por ciento se opuso a esta medida, mientras que 33 por ciento votó a favor.
Pioneer dobló a Monsanto

La transnacional Dupont/Pioneer que también está presente en Chile, produciendo transgénicos y plaguicidas, aportó esta semana $4.6 millones de dólares para la campaña contra el etiquetado de transgénicos, doblando la cifra de Monsanto, que puso 2.9 millones de dólares.

El gerente en Chile de Dupont/Pioneer es Alvaro Eyzaguirre, también presidente de la Federación Internacional de Semillas. Los cultivos de maíz transgénico de Pioneer están en su mayoría en Arica donde la transnacional fue subsidiada por CORFO con casi un millón de dólares para inaugurar en 2010, una estación experimental agroindustrial destinada a producir este tipo de cultivos, susceptibles de contaminar irreversiblemente las razas nativas de maíz de esa región. El año pasado Pioneer aumentó la superficie cultivable con que cuenta, al participar en una licitación de tierras en la Pampa Concordia (límite con Perú) a precios altamente convenientes.

En Estados Unidos los partidarios del etiquetado han logrado reunir US$6.6 milones de dólares… pero las empresas productoras y comercializadoras de transgénicos han inyectado a la fecha 16.3 millones de dólares para impedir que la gente sepa lo que come.

Monsanto, Dupont/Pioneer, Dow y Bayer les conceden ese derecho a los europeos porque están obligados a etiquetar sus productos en Europa debido a la legislación vigente allí, a su vez producto de la exigencia de los consumidores. En Perú, que tiene ley de etiquetado desde hace algunos años, las transnacionales han logrado detener hasta ahora la elaboración del reglamento de esa ley. Brasil sin embargo sí cuenta con etiquetado. Monsanto, Pioneer y socios locales niegan ese derecho a Argentina y Chile donde ejercen su poderoso lobby.

Consumidores reunidos en Osorno

En la lucha por el etiquetado, los y las consumidores chilenos se están haciendo cada vez más presentes. En el reciente congreso nacional de asociaciones de consumidores realizado en Osorno entre el 17 y el 19 de octubre, el tema de la alimentación sana –abordado en una exposición sobre soberanía alimentaria a cargo de Lucía Sepúlveda – fue definido como uno de los ejes de su futuro trabajo. Veinte asociaciones que representan a consumidores de territorios desde la Región de Tarapacá a la Región de los Lagos, reconocieron como derechos fundamentales para la persona humana “un aire libre de contaminación, la disponibilidad de las aguas para el consumo humano, la alimentación saludable, la generación y consumo responsable y sustentable de la energía, y el reconocimiento de sistemas de movilidad limpia y de transporte público justo y de calidad.”.

En el citado congreso se constituyó una Coordinadora Nacional de los Consumidores, que además de incidir en la discusión parlamentaria de la nueva Ley del Consumidor, buscará articularse con otros actores organizados de la sociedad para informar, educar y proteger los derechos de los consumidores en sus diferentes ámbitos. El etiquetado de los alimentos transgénicos será sin duda parte de estos esfuerzos.

Por Lucia Sepulveda

Fuente: El Reverde