La Justicia uruguaya condenó hoy a 25 años de prisión al ex dictador Gregorio Álvarez por la muerte de 37 opositores en 1977 y 1978, en una sentencia ejemplar que despeja más si cabe el camino hacia la anulación el próximo domingo de la Ley de Caducidad de delitos cometidos por la dictadura.
La sentencia, comunicada por el juez Luis Charles, se conoce tres días antes de que los uruguayos se pronuncien en un plebiscito sobre la posible nulidad de la ley que dejó impunes las violaciones de derechos humanos cometidas por militares y policías que sirvieron al «Gobierno de facto» (1973-1985).
Aunque había sido acusado en un principio del delito de «desaparición forzada», finalmente «Goyo» Álvarez, de 83 años, fue encontrado culpable de «homicidio especialmente agravado» de 37 opositores y también de un delito de «lesa humanidad».
Fuentes judiciales indicaron que Álvarez no se llegó a presentar hoy ante el Juzgado de Montevideo que lleva su caso, tras alegar que padecía problemas digestivos que le impedían dejar la prisión.
El juez Charles también comunicó la pena de 20 años de prisión al marino retirado Juan Carlos Larcebeau, acusado también de «homicidio especialmente agravado», aunque referido a 29 personas.
Álvarez había ingresado en prisión en diciembre de 2007 acusado de «reiterados delitos de desaparición forzada» y traslados clandestinos de detenidos desde Argentina a Uruguay cuando era jefe del Ejército, los años 1977 y 1978, en plena dictadura uruguaya, de la que fue presidente desde 1981 hasta su fin, en 1985.
El ex dictador fue condenado a la máxima pena contemplada, 25 años, que había sido solicitada por la fiscal Mirtha Guianze, que ha abanderado la campaña judicial contra la Ley de Caducidad que llevó a que el lunes pasado la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional la norma en tres de sus artículos.
La Fiscalía entendió durante el procesamiento de Álvarez que debía estar al tanto de los traslados clandestinos de militantes del Grupo de Acción Unificadora (GAU) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR) ocurridos entre Buenos Aires y Montevideo en esa época.
En declaraciones a radio El Espectador el abogado denunciante, Oscar López Goldaracena, señaló que esta condena es un fallo histórico que afecta a «crímenes de lesa humanidad».
«Está demostrando que se puede acceder a la verdad a través de la Justicia. Tengamos presente que aquí se trata de familias uruguayas que fueron trasladadas desde Argentina a Uruguay y la verdad oficial todavía no reconoce el traslado clandestino por parte de las Fuerzas Armadas», dijo Goldaracena.
La Ley de Caducidad fue aprobada en 1986 y ratificada en 1989, pero el Gobierno del Frente Amplio llegado al poder en 2005 dejó fuera de su alcance una serie de casos, todos ellos relacionados con la desaparición o asesinato de disidentes uruguayos.
Así, la causa abierta contra Álvarez había sido declarada por el Gobierno del presidente Tabaré Vázquez al margen del amparo de la Ley de Caducidad, al referirse su procesamiento al delito de «desaparición forzosa», relacionado con las acciones del llamado Plan Cóndor.
El plan aunó los esfuerzos de varias dictaduras latinoamericanas en los años setenta para acabar con opositores y disidentes, más allá de los propios territorios nacionales.
La dictadura de Uruguay dejó 38 desaparecidos en este país, según la Comisión para la Paz que funcionó entre 2000 y 2003.
En Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de ciudadanos uruguayos; en Chile, ocho; en Paraguay, dos, y en Brasil, una.
La inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad ya había sido proclamada hace unos meses por el Parlamento y el Ejecutivo uruguayos, dominados por la coalición de izquierdas Frente Amplio.
En declaraciones a Efe, la activista de derechos humanos Irma Leites afirmó que «no es una coincidencia» que se haga el anuncio de la condena a Álvarez a unos días del plebiscito, que coincide con unas elecciones generales en las que el Frente Amplio parte como favorito, y en la misma semana en que se pronunció la Suprema Corte de Justicia.
«Hay una exigencia del pueblo que se ha reflejado en los poderes del Estado, en el poder Ejecutivo, en el Legislativo y ahora en la Suprema Corte de Justicia», afirmó Leites.
No obstante, dijo, «esto va mucho más allá de la anulación de la Ley y de esta sentencia», pues «tenemos una lista de más de 400 militares identificados como torturadores durante la dictadura uruguaya» y «esperamos que sean llevados ante la Justicia». «Pedimos un megajuicio oral y público para todos los represores identificados», reclamó.
EFE
El Ciudadano
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