Levantamiento de secreto bancario en investigaciones de lavado de activos pronto a ser Ley

Esto luego que la Sala despachara el informe de la Comisión Mixta que buscó zanjar las diferencias entre senadores y diputados. Cabe recordar que previamente, la Sala de la Cámara Baja también había visado dicho documento.

La propuesta fue aprobada con 26 votos a favor luego de un intenso debate acerca la utilidad de generar una herramienta que permita perseguir delitos tributarios relativos al erario nacional. Así hicieron uso de la palabra los senadores Pedro Araya, Felipe Harboe, Alberto Espina y Hernán Larraín.

En la ocasión, el senador Araya explicó los alcances prácticos del lavado de activos, declarando que “éste busca aparecer como legal fondos obtenidos con malas artes, por lo que se constituyen empresas que emiten documentos que solo buscan encubrir los llamados delitos base que suelen ser el terrorismo o el narcotráfico”. Indicó además que una de las novedades de la norma, es que considera delitos tributarios contra el erario público.

El senador Harboe informó el texto, recordando la tramitación legislativa. “En la Cámara de Diputados se rechazó un aspecto que nosotros aprobamos. Ahora en la Comisión Mixta se optó por respaldar el criterio de los senadores. Estoy hablando del listado de los ilícitos que se vinculan con la Unidad de Análisis Financiero”, planteó detallando que “se sancionará a quien obtiene una devolución del SII fraudulenta en este contexto”.

Luego, el senador Espina valoró que se cree un delito tributario. “Lo que se busca es que quien simule una operación tributaria y obtenga un devolución de impuestos, se exponga a penas que irán entre 3 años y un día y 15 años de cárcel; pero si luego intenta ocultar el origen de esos fondos, el delito se transforma en lavado de activos”.

Finalmente, el senador Larraín valoró esta propuesta asegurando que “uno de sus mayores logros es que nos permite estará a la altura de otros países, como por ejemplo, los requisitos que fija el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”. En esa línea recordó que en el marco de la tramitación, la Comisión de Constitución conoció los criterios de este organismo internacional, el que aseguró que “Chile no cumplía con los estándares mínimos”.