Historia de una hecatombe ecológica

La compañía Celulosa Arauco y Constitución (CELCO), filial del grupo Angelini, controla la mayor parte de la inversión forestal del país a través de la Forestal Arauco y Celulosa Arauco. El grupo Angelini participa de COPEC, ex compañía petrolera estatal, privatizada por la dictadura, uno de los conglomerados empresariales más grandes que operan en Chile. Hace 20 años que el grupo Angelini comenzó con su plan forestal de más de 120 mil hectáreas de pinos y eucaliptos, en una zona donde abundaba la selva valdiviana de bosque nativo. En la primera mitad de los 90 lanza su proyecto de la planta de celulosa en San José de la Mariquina.
Dicha fábrica se localiza en la provincia de Valdivia, junto al río Cruces. Al oeste, a unos 10 kilómetros se encuentra San José de la Mariquina, al norte a unos 30 kms., Lanco y Loncoche y al Sur, a unos 50 kms., Valdivia. Una zona privilegiada por sus diversos ecosistemas y por la riqueza de su flora y fauna.

A 30 kilómetros río abajo está el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, reserva acuática de casi 5 mil hectáreas, que se formó por las secuelas del terremoto y del tsunami de 1960. En ese sector, la tierra bajó su nivel y el agua anegó terrenos agrícolas en la costa del río. Después de la catástrofe, surgió una exuberante flora acuática, cercada por bosques nativos, en donde viven (o existían) un sinfín de aves, entre ellas cisnes de cuello negro, garzas cucas, taguas, cormoranes, más algunos mamíferos como la nutria y el coipo. Por su nutrida fauna, este lugar paradisíaco se transformó en motivo de orgullo para los valdivianos.
Por estas características especiales, desde 1981 el Santuario forma parte de la Convención Ramsar, que protege humedales trascendentales a escala internacional.

RESISTENCIA TENAZ

Veintidós meses demoró la edificación de la industria, por lo que a fines de enero del 2004, Alejandro Pérez, Gerente General de CELCO, informó la apertura de la planta y la producción comenzó el 9 de febrero del mismo año.
En 1998, CELCO recibió de la CONAMA (Comisión Nacional de Medio Ambiente) la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que le permitía iniciar las obras de construcción, pero sujeta a exigencias y condiciones.
¿Por qué se retardó la construcción? Se debió a que, desde que se supo del proyecto, organismos locales, ecologistas, indígenas y campesinos manifestaron una fuerte resistencia. En especial, los habitantes costeros de la provincia de Valdivia, quienes por más de tres años se opusieron tenazmente a que CELCO llevara, por medio de un ducto de 30 kms., sus desechos líquidos al mar. El movimiento forzó a la compañía a realizar la evacuación de sus desechos por el río Cruces.
Paralelamente la firma, para aplacar las protestas, inició una masiva campaña publicitaria. Uno de los gerentes de ingeniería de CELCO afirmaba que “el proyecto Valdivia usará la última y mejor tecnología ambientalmente disponible, lo que la convierte en una de las tres mejores plantas de celulosa del mundo”. Por su parte, el senador Gabriel Valdés (DC) sostenía en los medio de comunicación que “este tipo de planta de celulosa es aceptado en Canadá y Suecia” y que la iniciativa “significa una verdadera explosión de desarrollo para Valdivia”. En el mismo sentido, en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) la empresa afirmaba que “la tecnología utilizada resuelve los problemas de efluentes líquidos, residuos sólidos y gases”, refiriéndose a las tres fuentes posibles de contaminación.
“Será una planta sin problemas de olores”. (EIA, Proyecto Celulosa Valdivia, agosto de 1997). Y como siempre en estas iniciativas, no faltó quienes calificaron a quienes se oponían al funcionamiento de la industria como “eco-terroristas”.

EL INICIO DE LA TRAGEDIA

Sólo un mes (febrero 2004) cumplió en faenas de producción y los habitantes de San José, Valdivia, Lanco, Máfil, Antilhue, Huellelhue y Mehuín golpearon la mesa por los nauseabundos olores que emanaban de la industria.
Luego de los reclamos, se sumaron denuncias por incumplimiento de las condiciones establecidas, ya que la municipalidad de San José suspendió las faenas por una semana porque CELCO no contaba con el correspondiente permiso para comenzar a funcionar.
Posteriormente, en marzo del 2004, un recurso de protección interpuesto por 118 personas fue rechazado (cinco meses después) por la Corte de Apelaciones de Valdivia, argumentando que “en el primer año de funcionamiento de la planta era esperable que surgieran estas emergencias”. Citando a Condorito: “¡plop!”.
Suma y sigue. La Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) impuso a CELCO dos multas, una por 14 millones de pesos y otra de 11 millones por incumplimiento de la RCA, y por otra parte, organizaciones ciudadanas presentaron un recurso de protección en los tribunales de Valdivia, porque la empresa no había dado fiel cumplimiento a las medidas de mitigación y monitoreo de la contaminación ambiental, establecidas en la RCA de la CONAMA.

PRIMER CIERRE Y MUERTES

En octubre del 2004 se desata la hecatombe. Comienzan a aparecer cisnes muertos en el río. Muchas aves se “viraban” del río llegando hasta las casas, parques o caminos en busca de sustento.
Los cisnes que se podían apreciar denotaban una conducta alterada, baja de peso, estaban ciegos o simplemente no podían volar. Además, aparecieron mamíferos y otras aves muertas que los propios valdivianos encontraban a su paso.
Ante tal situación, el Gobierno encargó a la Universidad Austral de Chile (UACH) una investigación sobre las causas del desastre. En diciembre de 2004, el estudio preliminar señalaba que los cisnes murieron de inanición, debida a la ausencia de una planta acuática, el luchecillo, su principal alimento. A su vez el luchecillo desapareció por una excesiva concentración de metales pesados en el sedimento del río.
En vista de los espinosos hechos, la COREMA (Comisión Regional del Medio Ambiente) de la Región de los Lagos, decidió, el 18 de enero de 2005, el cierre indefinido de la planta al haber constatado una serie de graves irregularidades en su funcionamiento: aumento en más de 100 mil toneladas anuales de producción de celulosa sobre el límite establecido de 550 mil toneladas; la temperatura de los residuos industriales vertidos en el río superaba los parámetros permitidos; se utilizaron pozos para extraer agua sin la debida autorización ambiental; descargue y mezcla de aguas de refrigeración en ductos de aguas lluvias; y descargar residuos sólidos de producción en un vertedero no autorizado.

No obstante, el 17 de febrero de 2005, el organismo regional ambiental autorizó a la firma a reabrir la planta al comprometerse a cumplir con las siguientes exigencias: la realización de dos auditorías externas, una diaria y otra anual; un monitoreo permanente y en línea de su funcionamiento; elaborar un plan de contingencia en caso de emergencia; inhabilitar el ducto de descarga no autorizado y no producir por encima de las 550 mil toneladas anuales pactadas.

DIMENSION DEL DESASTRE

En febrero de este año, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) informó que en el Santuario había sólo 289 cisnes de cuello negro –otros estudios señalan menos- de los 6 mil censados hace un año. Algunos migraron y fueron avistados hasta en la Región del Maule y una cantidad significativa sigue muriendo en el río Cruces.
Junto con la planta, se “reabrieron” los reclamos por los malos olores en Valdivia. En San José, los pobladores dijeron que había pozos de agua contaminados. Y los especialistas indicaban que los organoclorados, originados por el dióxido de cloro que se usa en el blanqueo de la celulosa, son contaminantes, se acumulan y se incorporan a la cadena alimentaria a través de la cual llegan al ser humano.
Mientras, los habitantes de San José entregaron a la COREMA unas 400 fichas médicas que detallan los síntomas de cefaleas, náuseas, vómitos, faringitis, obstrucción bronquial y poliposis nasales, como consecuencia de los efectos de la contaminación.
Luego la UACH entregó a la COREMA un segundo informe de avance de la investigación y agregó un dato relevantísimo. “La composición química del agua existente en la actualidad (cumplidas las cuatro semanas de inactividad de la planta) no presenta la misma toxicidad que probablemente tuvo en 2004”, afirmaba el documento.
El informe final entregado en abril a la CONAMA es tajante. “El aporte de las cargas de químicos de CELCO a la carga natural del Santuario de la Naturaleza del río Cruces es significativo, cambiando la calidad del agua, aguas debajo de su efluente”.
Al mismo tiempo las autoridades de CELCO siguieron negando su responsabilidad en la tragedia ecológica. Para contrarrestar la opinión, pidieron un informe al Centro de Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad de la Pontificia Universidad Católica.
Dicho documento, que rebatía las conclusiones del informe de la UACH, fue inmediatamente cuestionado por la opinión pública, el Gobierno y la comunidad científica. Se pusieron en evidencia los vínculos económicos de la Universidad Católica y la empresa matriz de CELCO. Días después los propios directivos de CELCO debieron reconocer el error cometido por la empresa en la realización del estudio.
Lo increíble fue que CELCO pidiera a la COREMA una mitigación de las exigencias impuestas después del cierre, alegando las pérdidas sufridas por la empresa durante el cierre. Hicieron público entonces que el valor DIARIO de la producción asciende a un millón de dólares (más de 500 millones de pesos), de los cuales 250.000 dólares son el margen de ganancia para la empresa (135 millones de pesos). Si, señor lector, ganancias diarias.

NUEVO CIERRE, REAPERTURA Y MÁS CONTAMINACIÓN

Pero el escándalo ecológico trascendió las fronteras y se hizo público a nivel mundial. Chile se había comprometido internacionalmente por el Convenio de Ramsar a preservar el humedal del río Cruces.
La COREMA, que pensó en la posibilidad de cierre definitivo, le comunica a CELCO, el 6 de junio del presente año, una serie de condiciones para seguir funcionando: disminuir su producción en un 20%, de 550 mil a 440 mil toneladas anuales, sin sobrepasar un promedio diario de producción; abre la posibilidad de que la empresa construya un nuevo ducto hacia el mar y le otorga un plazo de nueve meses para presentar un proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Mientras, le exigen a CELCO que su emisión de concentración de aluminio no sobrepase los 60 kg por día en lugar de los 450 kg que estaba emitiendo y la de sulfato, las 40 toneladas diarias en lugar de las 60 actuales. Estas emisiones tienen que ser monitoreadas por la auditoría exigida a la empresa en febrero último.
El 8 de junio, CELCO cierra la planta. No obstante, comenzaron a presionar al Estado para lograr una flexibilización de estas nuevas exigencias mientras persisten en su negativa a asumir responsabilidad por la contaminación del humedal. Declaran también que la construcción del proyectado ducto demoraría entre 12 y 18 meses. Los pobladores de la costa, mientras tanto, dejan oír su voz: “volver a plantear esta alternativa (Mehuín, la que rechazaron años antes) o cualquier otro punto del litoral sur tiene el rechazo absoluto de toda la comunidad. Estamos en pie de guerra contra CELCO, ya que es de una enorme irresponsabilidad social y ambiental enviar sus residuos tóxicos al mar”, arengaban los pobladores costeros.El pasado 5 de agosto, casi 200 académicos de la UACH suscribían una declaración pública. Le dan un espaldarazo al equipo científico y exigen el reconocimiento público por la realización del estudio. Además demandan que CELCO asuma su responsabilidad en la degradación del ecosistema del río Cruces y que respete la Ley Ambiental. También los docentes reafirman su compromiso de contribuir a un desarrollo social efectivamente sustentable.
No obstante, el 12 de agosto, CELCO anuncia la reapertura de la planta. Dos días más tarde, Pablo Villarroel, uno de los voceros de los académicos, reacciona ante el anuncio: “cuando hay sospecha o evidencia sugerente de contaminación ambiental que afecta la biodiversidad de manera severa, primero hay que detener la fuente de contaminación y después investigar y tomar las medidas de largo plazo”. Considera irrelevante que CELCO diga “que va a reanudar con un 80% de su producción”. Asegura también que “la mayor falencia no es de la empresa, que es su negocio. Los que realmente han fallado aquí son las instituciones ambientales, CONAMA y COREMA” y que “todas las instituciones involucradas deben asumir sus responsabilidades”.

RECHAZO ENERGICO Y NUEVAS PLANTAS

En declaración pública del 12 de agosto, la organización ambientalista valdiviana “Acción por los Cisnes” denunciaba el plan de CELCO de experimentar “el reemplazo del Sulfato de Aluminio con compuestos cuya efectividad e impactos no han sido ni evaluados ni puestos a prueba en ensayos controlados”. En el caso de que no se obtengan los resultados esperados “se diseñarán más pruebas, las que se presentarán a la aprobación de COREMA”. Pero nada dicen “sobre qué medidas se tomarán en caso que los experimentos en el ecosistema y en la población humana aumenten el desastre”. De aquí las expresiones del vocero de “Acción por los Cisnes”, José Araya: “no hay protección ambiental, no hay restauración del Santuario, no hay seguridad de que no habrá impactos a la salud, por eso es necesario que siga el amplio respaldo ciudadano del movimiento ‘Acción por los Cisnes’, en sus acciones de denuncia pública y en las campañas que se harán a nivel nacional e internacional”. Muy gráficamente expresaba a un medio capitalino: “ya destruyeron un patrimonio natural de todos los chilenos y ahora quieren jugar a los científicos con lo que queda”.
En una última declaración de principios de septiembre, todas las organizaciones de la costa de Valdivia, San José de la Mariquina, Toltén, Puerto Saavedra, Tirúa y Arauco expresaban, “a los habitantes del borde costero no se les puede engañar, pues vemos ante los hechos consumados una responsabilidad del Estado, principalmente porque ni las instituciones ni la normativa vigente han podido responder y asegurar el principio fundamental de compatibilizar desarrollo económico con sustentabilidad ambiental”.
Por estos días, el presidente de empresas CMPC, Eliodoro Matte, señaló que el país requerirá de una nueva planta de celulosa en la próxima década, dado el fuerte crecimiento que se proyecta para el sector forestal en los años venideros. Por esta razón, sostuvo a un medio capitalino que -después del gran salto que experimentará la industria en los próximos dos años, que se capitalizará con las dos nuevas plantas de celulosa: Nueva Aldea (2006) y la de Santa Fe, en Nacimiento- la producción de madera pulpable quedará bastante copada, especialmente la de pino.
¿La tala de bosques a gran escala, la contaminación y destrucción del ecosistema serán nuestro destino fatal e ineludible?¿Tendremos que aceptarlo sólo porque los propietarios de estas empresas han decidido seguir obteniendo de este modo ingresos fabulosos?

Por Mauricio San Cristóbal

El Ciudadano