El prestigioso Institute for Policy Studies (IPS), con sede en Washington, entregó el “Premio de Derechos Humanos Letelier-Moffitt 2009”, a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, por su lucha contra las actividades mineras en El Salvador.
Dicho galardón se entrega desde 1977, para honrar el trabajo en derechos humanos, en memoria del ex canciller chileno Orlando Letelier y la joven estadounidense Ronni Moffitt, asesinados en septiembre de 1976 por agentes del ex dictador Augusto Pinochet, cerca de la Casa Blanca.
El Premio Letelier-Moffitt fue entregado a la Mesa, este jueves 15 de octubre, en una ceremonia celebrada en el National Press Club de Washington, por propuesta de Joseph Eldridge, catedrático de la American University.
El jurado que decidió premiar a la Mesa lo integraron Sara Anderson (IPS), Fred Azcarate (AFL-CIO), Joy Olson (Washington Office on Latin América, WOLA), Adam Isacson (Center for International Policy, CIP), Isabel Letelier (activista social, viuda de Orlando Letelier) y otras personalidades.
Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, es la única institución salvadoreña que lo había recibido antes, en 1980, año del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En 2008 se otorgó a la Asociación Pro-Derechos Humanos del Perú (APRODEH), y en 2007 el honor fue para el senador colombiano Gustavo Petro.
En el evento también fue galardonada la Domestic Workers United, organización de base en Nueva York, conformada por mujeres (amas de casa, niñeras y cuidadoras de personas mayores) latinoamericanas, caribeñas y africanas que luchan por la dignidad y la justicia.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica la conforman comunidades cristianas de la zona norte y organizaciones ciudadanas como el Comité Ambiental de Cabañas, ASIC, ADES Santa Marta, FESPAD, CEICOM, CCR, CRIPDES, UNES, Cáritas El Salvador, entre otras.
Este reconocimiento a la lucha antiminera sucede mientras Pacific Rim y Commerce Group demandan al Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por negarle permisos de explotación. Estas transnacionales exigen una indemnización de 100 millones de dólares.
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