Guía para violar las reglas del libre mercado

Ante la campaña de prensa que busca silenciar las ilegalidades cometidas en el megaproyecto Costanera Center y en paralelo entregar recaditos al gobierno con la idea de que se ablande y así le traspase millonarios fondos a Cencosud para que se ejecuten las obras de mitigación vial exigidas en el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), como organización ciudadana que vela por el interés público y que promueve el sistema de libre mercado de verdad, transcribimos un par de “perlas” propagandísticas publicadas recientemente en 2 diarios de circulación nacional.

Vamos al grano :

El 16 de octubre se publicó en El Mercurio un amplio y destacadísimo reportaje titulado “Cencosud traslada oficinas de su área inmobiliaria al Costanera Center y afina su reactivación durante las próximas semanas” con epígrafe “Víctor Ide, gerente de esta división del gigante del retail, instaló la unidad de proyectos en el subterráneo del edificio, aún en obra gruesa, hace una semana” (sic). Según ese diario, “la decisión estaría relacionada con más cambios que vendrían en las oficinas corporativas ubicadas en el mall Alto Las Condes, donde no hay capacidad para ampliar dependencias”.

Pero el traslado de tales oficinas que hizo esa compañía de retail al edifico paralizado es improcedente. En efecto, Cencosud está impedida por la ley para reubicar sus operaciones inmobiliarias en ese complejo comercial y por ello transcribimos el artículo 145º de la Ley respectiva que dice :  ninguna obra podrá ser habilitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total y Costanera Center, por razones más que obvias, aún no tiene ninguna recepción de obras. De lo anterior se desprende que esa empresa continúa actuando con una prepotencia desmedida, aprovechándose que en Chile las autoridades, tanto centrales como locales, se sienten inhibidas para exigir a los poderosos el cumplimiento de las leyes.

Por otro lado, en dicha crónica se reprodujeron las opiniones del ministro Bitar con ocasión del costo de las mitigaciones viales que, como todos saben, son de cargo exclusivo del titular del proyecto. Paulmann pretende que el Estado contribuya con un porcentaje en la construcción de las mismas y el ministro de Obras Públicas, cometiendo un ex abrupto, señaló que él está buscando la fórmula para satisfacer los deseos del empresario, estimando esa ayuda fiscal en unos cuantos millones de dólares.

El 17 de octubre se publicó en La Tercera la crónica “Cencosud espera un mayor aporte del gobierno para reactivar Costanera“, con epígrafe “En el grupo están atentos a que el Ejecutivo amplíe el financiamiento que dará a las obras de mitigación vial”. En tal sentido este diario dijo que el gobierno estaría dispuesto a aportar la mitad del costo de las obras de un túnel que asegura el acceso fluido a los automovilistas, futuros clientes, del proyecto y otras linduras como la siguiente, asignada a una fuente del grupo : “estando cerradas todas las aristas del financiamiento, no tendríamos problemas para empezar a construir de nuevo”. Es decir, puro apremio.

A pesar de que el permiso de edificación es ilegal, tal como lo resolvió el Seremi de Vivienda y Urbanismo, ambos periódicos silencian esta vital información, lo que nos     indica que para ellos el libre mercado y el cumplimiento de la ley son meras bonitas palabras que sirven para engatusar a sus lectores. Nosotros creemos en la libertad de prensa y hasta encontramos razonable que tales diarios acomoden las noticias de acuerdo a sus propios intereses, pero todo en la vida tiene un límite : no pueden omitir hechos tan relevantes, aunque lo que ellos están buscando es dar señales de reactivación económica.

Nuestra Fundación, a diferencia de otros, se desenvuelve en el ámbito de la exactitud plena y lamenta que existan estas campañas propagandísticas que sólo buscan el reimpulso de una actividad privada con subsidios del Estado. Así no funciona el libre mercado y si llegara a prosperar la petición de ese empresario sería muy incomprensible que el gobierno continúe haciendo gestiones de admisión ante la OCDE, organismo internacional que vería con muy malos ojos este tipo de tratos preferentes para una poderosa empresa.

En todo caso confiamos en la escrupulosidad de las autoridades de Hacienda, quienes no aceptarán esta burda “recomendación” periodística y esperamos que Costanera Center reinicie sus faenas enmarcado rigurosamente en la resolución del Seremi de Vivienda y Urbanismo, lo que significará que su proyecto se reducirá en un cierto volumen y su torre ícono tendrá menos altura. Pero si esto no acontece y el megaproyecto irrespeta la legislación vigente y el Estado le regala unos cuantos millones de dólares para el famoso túnel, no nos extrañaría tanto porque en Chile, en este ámbito de materias, la impunidad para los frescos está garantizada.
Por Patricio Herman

Fundación “Defendamos la Ciudad”