Violencia sexual policial: una tortura amparada en el poder

El 25 de junio de 2013, Verónica Olmos participó, junto a otros cientos de estudiantes, en el intento de toma de la casa central de la  Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  Horas antes, las asambleas de carrera habían votado y decidido tomarse la universidad, dentro del marco de las movilizaciones estudiantiles iniciadas en 2011.

Cuando aparecieron los efectivos de Fuerzas Especiales, Verónica estaba en la calle junto a otros compañeros intentando poner una escalera. Fue arrastrada hasta un vehículo policial y trasladada a la Segunda Comisaría Central-Valparaíso.  Ahí fue separada de sus compañeros y trasladada a un baño, donde, con la puerta abierta y a vista y paciencia de otros detenidos, una carabinera le ordenó quitarse toda la ropa.

Verónica le dijo que no, que por qué, que al menos cerrara la puerta. La funcionaria de carabineros accedió y a punta de amenazas consiguió que Verónica se desnudara. Y no sólo eso, también la hizo agacharse forzándola a exhibir sus genitales; primero de frente y luego de espalda, en lo que más tarde Verónica definiría como “posiciones indignas”. Minutos después fue autorizada a vestirse, mientras la funcionaria le pasaba sus prendas una a una.

Al rato un carabinero le informó que estaba libre, que no había cargos, ni denuncia por usurpación a la propiedad privada y que, en realidad, todo se había tratado de un control de identidad.

Tortura y lesa humanidad

La agresión que sufrió Verónica por parte de una funcionaria de Carabineros de Chile, se enmarca dentro una serie de denuncias sobre violencia sexual en el contexto de la actividad policial. A partir de 2011 se reactivaron las alertas sobre este tipo de violencia, donde gran parte de las víctimas son estudiantes que apenas bordean la mayoría de edad.

Resulta imposible cuantificar el número de personas que han sufrido agresiones de este tipo, pues como en todos los casos de violencia sexual, la víctima muchas veces decide no someterse a un proceso judicial para evitar la revictimización o, simplemente, porque carece de confianza en el proceso que se llevará a cabo.

La violencia sexual, en sentido amplio, incluye una serie de prácticas discriminatorias como tocaciones, agresiones al sistema reproductivo, amenazas, desnudes forzada  y esclavitud sexual, entre otras. Estas agresiones, dependiendo de la forma en que se realicen podrán, según el ordenamiento jurídico internacional, constituir delitos de lesa humanidad o tortura.

Se considera tortura cuando esta violencia se ejerce de manera simbólica, es decir, sobre  algunas mujeres para mandar un mensaje de inacción a las demás. Mientras que también pueden constituir crímenes de lesa humanidad por sí mismos, de manera autónoma, en tanto se presentan como una forma de agresión sistemática y generalizada contra las mujeres.

Ésta tesis es recogida en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que incluye en su preámbulo el reconocimiento explícito de la condición de desigualdad a la cual se han sometido de manera histórica las mujeres señalando que: “las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones”.

Modus operandi

Según testimonios recogidos, en la mayoría de los casos, el actuar de carabineros responde a un procedimiento ilegal más o menos idéntico, que se inicia con detenciones ilegales en contextos de protestas o manifestaciones sociales. Luego, las víctimas son encerradas en celdas o baños y son obligadas a desnudarse, exhibir sus genitales y ponerse en posiciones sexuales explícitas. En un amplio número de casos, son, además, víctimas de tocaciones en pechos y genitales por agentes de la policía.

Daniela Quintanilla, abogada de la Corporación Humanas, señala que tantos ellas como otras organizaciones de derechos humanos, están permanentemente recibiendo este tipo de denuncias. Asegura que no se trata de hechos aislados, sino que de una práctica sistemática en contra de las mujeres:

“En todos los tipos de conflictos sociales hay repercusiones para la ciudadanía activa, pero para las mujeres hay una afectación particular que tiene que ver con el uso de la violencia sexual. El ataque en los cuerpos de las mujeres se constituye como una forma de restablecer el orden “natural”, que implica en el fondo, un mandato de pasividad social (…) No sólo en Chile sino que también en todo el mundo, cuando las mujeres participan activamente en política, el restablecimiento del orden natural es mediante la violencia sexual. Es un sentido de propiedad sobre el cuerpo que, en definitiva, se constituye como la expresión más grave de la subordinación que tienen las mujeres dentro de las jerarquías sociales”, dijo la abogada.

El sociólogo y experto en biopolítica, Alejandro Donaire, señala que el policía no está solamente para mantener el orden y la seguridad, sino que también tiene como función la de crear las condiciones para que se pueda reproducir un orden social. “Lo que debería cumplir todo ciudadano, el policía lo lleva al extremo porque está contratado para mantener esa vigilancia, que no solamente es un ejercicio pasivo o de reacción frente a la violencia por ejemplo social, si no que es un ejercicio positivo de generar condiciones para que esa violencia pueda ser reconducida a canales de inteligibilidad estatal”, señaló.

Contienda de competencia

Cuando se recibe una denuncia de este tipo, lo primero que hace el Tribunal de Garantía es definir si tiene competencia sobre la causa o si la envía a un Tribunal Militar. Tomar esta decisión depende exclusivamente del criterio del tribunal, debido a que la ley no es clara en esta materia. Si bien excluye que los civiles puedan ser juzgados por instancias militares, no anula la posibilidad de que puedan comparecer como víctimas ante este tipo de justicia.

Para la Corporación Humanas el estándar internacional es claro: un civil jamás puede someterse a justicia militar, ni como víctima ni como perpetrador.  En 2012 se hicieron parte de dos querellas por violencia sexual contra estudiantes, en justicia civil y en ambos casos el Ministerio Público, hizo uso de su facultad de no perseverar y se archivaron las causas.  En otras palabras, se investigó  y no se alcanzó la convicción, desde el ente persecutor, de seguir adelante con un proceso.

Para Daniela Quintanilla el cese de estos procedimientos es sumamente preocupante, pues “el mensaje que se envía es que hay impunidad siempre y cuando no hayan lesiones físicas graves”.  La falta de marcas corporales en estos casos, hace de la violencia sexual policial una práctica que queda en total impunidad. Además, en lo que respecta a las responsabilidades, si no se identifica con exactitud al funcionario que ejerció el acto, la causa queda en nada.

“No se persiguen responsabilidades políticas. No se persigue ni se contempla la posibilidad de perseguir responsabilidades institucionales, ni autoridades mediatas. Como esto se produce en contextos de agitación, es muy difícil determinar quién fue el o la funcionaria que ejerció la violencia directamente. Sin embargo, nosotras pensamos que aquí hay autoridades mediatas, responsables y jerarquías que se deben hacer valer ante la ley, y que, lamentablemente, no hemos podido obtener una sentencia favorable, que avale esta postura”, señaló la abogada de Humanas.

En el contexto de los delitos perpetrados durante la dictadura se ha hecho una construcción jurídica de la responsabilidad de los altos mandos en la tortura, pero no así en los casos de violencia sexual. Para Quintanilla “es una estigma que continúa. Subyacen los mismos estereotipos, tanto desde el perpetrador a la víctima como desde el sistema, y dentro  las estructuras nacionales que deben y que tienen la responsabilidad de hacerse cargo de esto”.

Estado de Excepción

Las causas que explican este tipo de violencia contra las mujeres abarcan una amplia gama de posibilidades. Tanto Daniela Quintanilla como Alejandro Donaire concuerdan en que la responsabilidad de estos actos no recae exclusivamente sobre el sujeto que comete la acción, sino que, sobre todo, en el aparataje político y jurídico que sustenta a  las instituciones que avalan y construyen estas prácticas.

“Vivimos en un estado de excepción que es la consolidación del proyecto dictatorial, por tanto, hay un consenso social que apunta a legitimar este estado de las cosas, bajo la forma de la necesidad de ciertas políticas, que no se pueden alterar porque cualquier cambio a ese régimen dominante podía significar un regreso a las condiciones que llevaran a una nueva dictadura o terror generalizado”, explica el sociólogo.

Donaire agrega que “la violencia sexual es ejercida contra el cuerpo más precarizado, el más debilitado en el marco general del estado de cosas. El cuerpo de las mujeres, pero también el cuerpo de los mapuches o  de los estudiantes. El cuerpo de cualquier sujeto que dentro del estado de cosas se considere de menor relevancia”.

Para la abogada de Humanas, el patriarcado opera en las personas y en las instituciones de manera oculta y es imperioso visibilizar estas prácticas policiales: “Cuando comenzamos a nombrar las cosas como realmente deben nombrarse podemos alcanzar un entendimiento generalizado que nos movilice a la acción, pero eso todavía no ocurre. La violencia sexual ocurre todos los días y no se toma un rol activo”.

En este orden de cosas, Donaire afirma que es el mismo sujeto policial el que está en el límite entre la legalidad, el estado de derecho y la pura anomia. El mismo policía está expuesto, es una nuda vida, por tanto, se plantea un régimen singular donde él tiene que asimilar como propia la situación de exceso de ley. “En el marco de un estado de excepción, el policía es el estado de excepción con patas”, concluye el sociólogo.

Ha pasado un año y medio desde que Verónica fue violentada por la policía de Valparaíso. Dice que ya no le importa como termine el juicio. Que no quiere seguir hablando sobre esto porque le hace daño.  Pese a todo, nos envía parte del comunicado que escribió días después de lo sucedido, donde se puede leer:

“Creo que estas medidas solo buscan amedrentarnos en la protesta social y lograr que no continuemos luchando por nuestros ideales y convicciones, lo que bajo ningún punto de vista fue logrado en mi persona, todo lo contrario, ya que con esta situación vivida solo lograron reafirmar y aumentar mi convicción y fuerza para continuar en esta lucha. En este sentido, los invito a reflexionar y aumentar el poder de lucha, ya que nuestros cuerpos pueden ser amedrentados y ultrajados, pero jamás lograrán destruir nuestras mentes y nuestro espíritu”.