Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos

I. Algunos medios publicaron la noticia en pocas líneas: 49 cadáveres mutilados, de 43 hombres y seis mujeres, fueron encontrados al borde de una ruta cerca de Monterrey, México.

Eso ocurrió el 13 de mayo de 2012.

No son, pues los 43 estudiantes desaparecidos y presumiblemente asesinados hace poco en Iguala, Estado de Guerrero, hecho que los medios internacionales y los analistas comentaron ampliamente y sigue provocando fuertes reacciones en México.

El mundo de la comunicación funciona así: no es lo mismo 49 muertos anónimos, probablemente campesinos, indígenas o inmigrantes centroamericanos en tránsito, que 43 estudiantes con nombre y apellido, familias, compañeros, amigos, etc.

Este tratamiento discriminatorio de los medios de comunicación tiene sin embargo sus ventajas. El sacrificio de los 43 estudiantes ha servido para poner en primer plano de la información internacional, bien que parcialmente, la real situación en México, que no es de hoy, ni de ayer, sino que persiste desde hace decenios.

Se estima en 80.000 el número de asesinados y desparecidos en México en el último decenio.

Una buena parte de las víctimas son mujeres, mayoritariamente jóvenes, o emigrantes centroamericanos en tránsito por México con la esperanza de entrar a los Estados Unidos, indígenas, trabajadores y también gente de clase media, estudiantes, periodistas, profesionales, etc.

Entre las mujeres se cuentan muchas víctimas de agresiones sexuales que terminan en homicidio y entre los victimarios están los traficantes de drogas, miembros de las fuerzas armadas y policiales y también en algunos casos las parejas de las víctimas.

Dentro de esta criminalidad cotidiana ejecutada, promovida, fomentada o tolerada por el Estado, en materia de represión estatal y paramilitar contra estudiantes, indígenas, campesinos – hombres, mujeres y niños- en la memoria de los mexicanos han quedado grabados, entre otros, cuatro nombres y cuatro fechas: Tlatelolco 1968, Aguas Blancas 1995, Acteal 1997 y Atenco 2006.

Este aspecto tan brutal y dramático, y por ello más visible de la realidad mexicana, es parte y resultante de una serie de factores sinérgicos que componen un cuadro de descomposición de las instituciones y de la sociedad mexicanas.

 

II. La frase que encabeza esta nota, atribuida a Porfirio Díaz (que dirigió México desde 1876 hasta 1910, un tiempo como presidente y otro como caudillo), no es una mera figura retórica.

La frontera de México con Estados Unidos tiene una longitud aproximada de 3.185 kilómetros es sumamente permeable, legal e ilegalmente. Del lado mexicano de la frontera las “maquiladoras” en número de aproximadamente 3000, forman parte de cadenas binacionales de producción: importan componentes y materias primas de Estados Unidos, que las/os trabajadoras/os mexicanas/os se encargan de ensamblar por salarios unas diez veces inferiores a los de Estados Unidos y una vez terminados son reexportados al otro lado de la frontera[1].

Por ejemplo en Ciudad Juárez (los asesinados por año se cuentan por miles), fronteriza con la ciudad de El Paso de los Estados Unidos, muchas mujeres trabajan en las “maquiladoras” en condiciones laborales penosas (salarios ínfimos y horarios prolongados) con el agravante de la inseguridad: viajan al trabajo de madrugada, en parte en ómnibus y en parte a pie, caminando en zonas prácticamente desérticas cuando todavía no hay luz de día y vuelven a sus domicilios ya de noche en las mismas condiciones. Algunas de ellas son atacadas y desaparecen. A veces se encuentran sus cadáveres y a veces no.

La “permeabilidad” fronteriza, que proporcionó trabajo a numerosos mexicanas/os pero en condiciones laborales miserables[2], aumentó de manera considerable con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, NAFTA en inglés) , entre Estados Unidos, Canadá y México, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. La subordinación de México a su vecino del Norte resultante del TLCAN se completó en 2005 con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN)[3].

Y simultáneamente con esta permeabilidad aumentó en proporciones enormes el tráfico de drogas desde México hacia los Estados Unidos, lo que dio lugar a la formación de poderosas mafias de narcotraficantes que se disputan de manera violenta y sanguinaria el control del negocio, lo que explica, en parte, las matanzas cotidianas. A ello se suma que dichas bandas proponen a los centroamericanos que transitan por México teniendo por objetivo los Estados Unidos que transporten drogas a dicho país. Es decir que trabajen para ellos como “mulas”. Y si éstos se niegan los asesinan. Lo que explica el frecuente hallazgo de grupos de cadáveres mutilados e inidentificables.

Lo mismo suele ocurrir con mujeres mexicanas cuando se niegan a trabajar como “mulas” para los narcotraficantes.

“Fast and fourious” (rápido y furioso) no es sólo un film sino es también el nombre de uno de los programas con que los Estados Unidos, a través de funcionarios de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives -ATF), ha contribuido a la “lucha” contra el tráfico de drogas en México, como parte de la “Iniciativa Mérida”. Ha consistido en permitir e incluso alentar el tráfico ilegal de gran cantidad de armas de todo tipo de Estados Unidos a México destinadas a los narcotraficantes. La explicación de este procedimiento, por lo menos original, supuestamente destinado a combatir a los narcotraficantes, fue que siguiendo la pista de las armas se localizaría a los narcotraficantes. El resultado fue que se “perdió” la pista de la gran mayoría de las armas, las que quedaron en manos de los mafiosos.

Es una constante de los servicios estadounidenses, particularmente de la CIA: trabajar en equipo con los narcotraficantes y los traficantes de armas. Uno de los casos más conocidos fue el del apoyo logístico a la “contra” nicaragüense (caso Irán- Contra o Irangate). Veáse http://es.wikipedia.org/wiki/Implicaci%C3%B3n_de_la_CIA_en_el_tr%C3%A1fico_de_drogas. Allí se mencionan también los vínculos de la CIA con los narcotraficantes mexicanos.

Por cierto que, además, el tráfico de drogas es una de las principales fuentes de beneficios de una pirámide que tiene su base en el pequeño “dealer” de barrio y las bandas locales y su cúspide en el gran capital transnacional.

Las cosas han evolucionado de manera tal que se puede decir que México –que es un Estado de larga tradición semicorporativa – está dirigido por una tríada interconectada por numerosos vasos comunicantes, formada por funcionarios gubernamentales, administrativos, judiciales y de las fuerzas armadas de todos los niveles, incluidos los más altos, totalmente corrompidos, por las mafias de los narcotraficantes y por la oligarquía local subordinada al capital transnacional. Esto, naturalmente, tiene graves consecuencias para el conjunto de la sociedad mexicana y sus instituciones

Escribe el profesor Solís González: “Se está de hecho ante el surgimiento en México de una nueva forma de Estado capitalista periférico, que hemos caracterizado como Estado narco, la cual se ha manifestado externamente (es decir, en tanto que forma fenoménica y, por lo tanto, específica del Estado) en la instauración de un régimen político neoliberal tecnocrático (Rodríguez Araujo, 2009) con una fuerte presencia de representantes del crimen organizado en el seno de sus diferentes instituciones, en la economía y la finanza. Este fenómeno está indisolublemente vinculado con la emergencia en los años noventa de un nuevo régimen de acumulación, fuertemente transnacionalizado y volcado hacia el exterior, con una participación creciente del narcotráfico como una de las fracciones más dinámicas y rentables del capital pero, desde luego, no la más importante”[4].

El PNR, que comenzó a gobernar en 1929, fue el resultado de la fusión de varios partidos, incluidos partidos de izquierda y organizaciones sociales y sindicales, creándose así una confusión entre Partido, Estado y organizaciones sociales, que fue profundizándose con el paso del tiempo, con medidas institucionales y de hecho.

Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940), el gobierno adoptó políticas francamente nacionalistas y sociales. En 1938 el PNR, por iniciativa de Cárdenas, se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana, al cual se integraron organizaciones obreras (la Confederación de Trabajadores de México, creada por iniciativa gubernamental, la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CGT dirigida por los comunistas, sindicatos de mineros, de electricistas, etc.), campesinas (la Confederación Nacional Campesina, creada en 1938) y las Fuerzas Armadas, que se retiraron en 1940.

Es decir que, en ese período, al mismo tiempo que se produjo un giro económico y social favorable a los intereses populares, se acentuó el carácter semicorporativo del Estado.

Después de Cárdenas comienza la cuenta regresiva en materia económica y social y el carácter semicorporativo del Estado continúa acentuándose, pero desde entonces cada vez más al servicio de las elites económicas, políticas y sociales.

En 1989 se fundó el Partido Revolucionario Democrático, conjunción de una escisión del PRI encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y otros miembros del PRI y varias fuerzas de izquierda.

Las tentativas de coaliciones de izquierda de desplazar del Gobierno a la derecha priista o panista fracasaron en 1988, 2006 y 2012 en elecciones presidenciales con fuertes presunciones de fraude. En 2006 Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD, perdió las elecciones frente al candidato panista por una discutible diferencia de 0,56% de los votos.

Después de las elecciones de 2012 López Obrador se alejó del PRD y fundó otro partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Cabe decir que el PRD participa de las formas corruptas de la política mexicana: el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ahora detenido por su complicidad en el caso de los estudiantes normalistas, fue elegido como candidato del PRD, que gobierna el Estado de Guerrero. La Dirección del PRD se limitó a pedir “disculpas” por ello y Cuauhtémoc Cárdenas, después de pedir infructuosamente la renuncia a la Dirección, renunció recientemente al Partido.

IV. Las modalidades de un Estado corporativo se reflejan claramente en México en materia de derechos sindicales de asociación y de negociación colectiva de los trabajadores

La autoridad laboral, ejercida por la Secretaría de Trabajo a nivel nacional y a nivel local por Juntas locales, restringe los derechos de asociación, de acceso a la justicia y de debido proceso al imponer requisitos al margen de la ley, al intervenir en los programas de trabajo y las acciones de las organizaciones, al exigir la modificación de sus normas internas para la elección de sus dirigentes y para el reconocimiento de su personalidad jurídica, viéndose con ello seriamente afectado el principio según el cual las organizaciones sindicales pueden existir a partir de la voluntad de quienes las constituyen. Con ello provoca la desarticulación sistemática de organizaciones sindicales que no se someten al poder, lo que se lleva a la práctica mediante los sistemas de registros, de tomas de nota y de radio de acción, mencionados en la ley pero sin especificación alguna.

El “registro sindical” que es una especie de autorización para la existencia legal de un sindicato, es negado sistemáticamente a organizaciones independientes bajo argumentos tales como errores de redacción en su documentación de solicitud del registro.

La “toma de nota”, que es un documento que otorga personalidad jurídica y reconoce a los representantes sindicales, es negada con argumentos similares a los del registro sindical, aun cuando la organización ya esté registrada. Esto implica que la organización cae en una total indefensión jurídica, tal como ocurrió con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) o el sindicato minero, de modo que con esta maniobra la autoridad se adjudica la capacidad de reconocer o desconocer a las dirigencias sindicales, sin importar que hayan sido elegidos por los miembros de dichas organizaciones.

El Secretario de Trabajo otorga registros sindicales a personas de su confianza y propicia la firma de Contratos Colectivos de Trabajo, conocidos como “Contratos Colectivos de Protección Patronal”, que ponen en relación a las empresas multinacionales que llegan al país con los titulares de dichos registros, que son verdaderos sindicatos-fantasma.

El 90% de los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) registrados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, son Contratos de Protección Patronal; es decir son una simulación, pues están firmados y gestionados por un supuesto “líder sindical” al margen de los trabajadores quienes, la mayoría de las veces, ignoran que están encuadrados por un CCT y ni siquiera saben que están afiliados a un sindicato. Estos “contratos de protección patronal” permiten una mayor flexibilidad laboral pues sólo incluyen las condiciones mínimas previstas en la ley, y no necesariamente se cumplen en la práctica. Aseguran un control absoluto sobre los trabajadores por parte de la patronal a costa de la libertad sindical y los derechos de los trabajadores.

Estos sindicatos corporativos y de protección patronal no abarcan todos los sectores de la industria y los servicios, pues en algunos de ellos subsisten sindicatos independientes. Y es así que el Estado se ha dado a la tarea de atacar al sindicalismo independiente desde varios frentes. El más utilizado y que mejores frutos rinde es el ataque por medio de las instituciones encargadas de la justicia laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las Juntas Local y Federal de Conciliación y Arbitraje, cuyas prácticas se encaminan a negar la existencia de nuevas organizaciones independientes, a entorpecer la existencia de las ya establecidas y a actuar para desaparecer a las consolidadas, principalmente en sectores estratégicos de la economía nacional.

La estructura institucional le otorga a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las Juntas de Conciliación y Arbitraje amplias facultades para resolver todos los conflictos de orden laboral. Ambas instituciones dependen directamente del poder ejecutivo, siendo el presidente de la república y, en su caso, los gobernadores de los Estados, quienes nombran a los directivos de estas instituciones, y éstos, a través de una estructura jerárquica designan a quienes ejecutan las funciones de la institución, generando una práctica en la que la lealtad y el sometimiento al jefe están por encima de las leyes. Existen Juntas Locales que tienen las mismas facultades que la Secretaría del Trabajo; es decir, otorgar registros, tomas de nota y demás trámites relativos a la existencia de sindicatos, además de que en ellas se dirimen los conflictos de carácter individual y colectivo; su jurisdicción comprende a todas las ramas industriales que no son consideradas estratégicas para la economía, y donde se encuentra la mayor parte del empleo en el país. La Junta Federal tiene la función de atender los conflictos individuales y colectivos de la industria considerada estratégica: energía, telecomunicaciones, automotriz, petróleo, alimentación, entre otras, y de las entidades administradas por el Estado.

Con estas “herramientas” el sistema desarticula organizaciones que además de no estar inmersas en el sistema de control corporativo, implican un serio obstáculo para privatizar industrias estratégicas, como ocurre con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), o para desarticular el sistema educativo como en el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que a la vez participa de una prolongada lucha contra el cacicazgo de la hasta febrero de 2013 líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Gordillo, ahora en prisión imputada de un enorme desfalco.

Además, una de las más viejas prácticas y de las más utilizadas para someter a los trabajadores es el uso de bandas de personas dedicadas a atentar contra la integridad física de los trabajadores. Estas bandas de “golpeadores” operan cotidianamente en las Juntas de Conciliación en contubernio con funcionarios, con abogados, con patrones, con sindicatos y con fuerzas de seguridad.

El crecimiento de este tipo de contratos colectivos ocurrido en los últimos años facilitó la puesta en práctica de la flexibilización laboral. Además, los ataques contra los sindicatos independientes no cesaron y muchos de ellos se vieron afectados por la desaparición de miles de centros de trabajo.

Los sindicatos corporativos, los contratos de protección patronal, la precarización, los bajos salarios, el desempleo, la represión a los trabajadores y a los sindicatos independientes, son la alfombra roja tendida por el Gobierno mexicano a la invasión del capital transnacional, con su secuela de privatizaciones de industrias y servicios fundamentales para la economía mexicana.

Un caso paradigmático de sindicato corporativo es el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que agrupa a un millón y medio de docentes, siendo así el sindicato más numeroso de América Latina. Desde 1989 estaba a su frente Elba Esther Gordillo hasta que fue arrestada en febrero de 2013 al descender de su avión privado procedente de California, acusada de haber desfalcado al Sindicato en beneficio propio más 150 millones de dólares.

Eso no significó un giro en la política sindical del Gobierno sino un arreglo de cuentas del PRI (de nuevo en el Gobierno desde diciembre de 2012) con la señora Gordillo, porque en 2006, pese a ser una figura eminente de dicho partido, contribuyó al triunfo del candidato del PAN, Felipe Calderón, por lo que fue expulsada del PRI ese mismo año.

El 28 de febrero de 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto reconoció como presidente del SNTE a Juan Díaz de la Torre, principal asesor en asuntos jurídicos, laborales y gremiales de la señora Gordillo. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), movimiento que trata de desplazar a la dirección burocrática del SNTE, ha denunciado reiteradamente por colusión en los casos de corrupción y mal manejo de cuotas sindicales al nuevo Presidente del Sindicato, Díaz de la Torre.

La corrupción en el SNTE es parte de la corrupción en el sistema educacional de México, donde los cargos docentes son cubiertos de manera arbitraria e incluso heredados o vendidos. Con el consiguiente deterioro y baja calidad de la educación.

Manifestando querer superar el déficit del sistema educacional, el Gobierno de Peña Nieto, con el apoyo del PAN y del PRD, emprendió una reforma educativa que incluye evaluaciones periódicas de los docentes y la posibilidad de ejercer la docencia a personas sin el título habilitante de una escuela normal. La mayoría de los docentes, muchos de ellos agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y otros grupos políticos y sociales, se han pronunciado en contra aduciendo que, en los hechos, no es una reforma educativa sino laboral que empeora las condiciones de trabajo de los maestros, que ya son muy deficientes.

Sirva como referencia el dato siguiente: los maestros que trabajan a tiempo completo ganan unos 6000 pesos mensuales (300 dólares) mientras que el Presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, gana 230.000 pesos mensuales (11500 dólares), es decir 38 veces más que un docente.

La responsabilidad gubernamental y judicial en la política criminal del Estado mexicano contra los trabajadores, quedó claramente demostrada con la catástrofe ocurrida en febrero de 2006 en el pozo minero 8 de Pasta de Conchos, en Coahuila, Estado donde se encuentran la mayor parte de las minas de carbón de México.

En México hay numerosas minas de carbón de diferentes dimensiones, de propiedad privada, donde las medidas de seguridad son casi inexistentes y en las pequeñas minas son nulas. El resultado son los accidentes a repetición, en los que pierden la vida numerosos mineros. Uno de los casos más luctuosos ha sido el de Pasta de Conchos, propiedad del Grupo México, una de las empresas mineras más grandes del país, donde murieron 65 mineros, cuyos cuerpos-salvo dos- nunca han sido rescatados, pese a los reclamos de los familiares, de los sindicatos, de organizaciones sociales y a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo[5].

Ya hemos dicho que hay en México sindicatos independientes, pese a la represión estatal y patronal y a las medidas discriminatorias y arbitrarias de las autoridades laborales. Se pueden mencionar al Sindicato Mexicano de Electricistas, de larga tradición combativa, que acaba de cumplir 100 años de existencia, al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), que representa a los trabajadores en la compañía petrolera estatal PEMEX, al Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire de México (SNTGTM), al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM), al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), etc. Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, etc.

V. El 10 de octubre de 2009, para “matar dos pájaros de un tiro”, iniciar un proceso de privatización de la energía eléctrica y golpear duramente al Sindicato Mexicano de Electricistas, Felipe Calderón, entonces presidente de México, hizo ocupar con la policía y el ejército la empresa pública Luz y Fuerza del Centro –que provee de electricidad al Distrito Federal y regiones vecinas- y horas después decretó la extinción de la misma, el traspaso de su gestión a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el despido de 44000 trabajadores. El despido a quienes estaban trabajando en la empresa en el momento de la ocupación militar –policial les fue notificado de una manera muy singular: amenazándolos con sus armas, la tropa los intimó a abandonar el puesto inmediatamente. Aunque después muchos de ellos fueron obligados a seguir trabajando para asegurar el servicio eléctrico.

La explicación gubernamental para decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue la habitual en estos casos: la creciente ineficiencia de la empresa, ocultando el hecho de la falta de inversiones estatales destinadas a modernizar las instalaciones. Lo que no pudo justificar de ninguna manera el Gobierno fue el despido de 44000 trabajadores, amparados por el derecho a continuar trabajando bajo el nuevo patrón. Tal derecho les fue reconocido por el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia del Trabajo, fallo que fue revocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. a petición del Poder Ejecutivo, en enero de 2013.

Con las reformas constitucionales y legislativas de 2013 y 2014 efectuadas bajo el actual gobierno de Peña Nieto, se ha emprendido, en efecto, la privatización de los principales recursos naturales mexicanos.

En “Sembrando viento”, una publicación del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (ENLACE) puede leerse:

 “El Estado mexicano, habiendo emprendido hace años las reformas estructurales que los tratados de libre comercio hicieron inamovibles y cada vez más coercitivas, ha decidi­do impulsar unas reformas energéticas que entregarán al capital extranjero riquezas naturales (gas, petróleo, electricidad, agua y minería), y la infraestructura correspon­diente para extraerlas. Según datos del investigador Juan Danell estas riquezas representan más del 50% del producto interno bruto (PIB).El paquete de reformas constitucionales, leyes y reglamentaciones que abrirán el sector a la ini­ciativa privada, a la inversión extranjera directa, no sólo rompen la supuesta “custodia estatal” de los bienes de la Nación (aunque en varios apartados de los artículos se insista en que no es así, y que el Estado mantendrá la supervisión y el cuidado central sobre los recursos naturales, que ha tenido desde 1917). De hecho estas reformas rompen con el concepto mismo de “propiedad ori­ginaria de la nación” —que fue una innovación del constitucionalismo mexicano y que aun hoy es una pieza clave en la defensa de los derechos territoriales de pueblos y comunidades”.

En la misma publicación se describe cómo desde la contrarreforma agraria de 1992 se está destruyendo la principal conquista de la Revolución Mexicana de 1910 que distribuyó la tierra a millones de campesinos bajo la forma de ejidos y comunidades agrarias.

México es un caso paradigmático y patético de las consecuencias nefastas que inevitablemente tiene para la población de un país “acercarse” a Estados Unidos, es decir entrar a formar parte de su espacio geopolítico.

Carlos Fazio escribe acertadamente:

“Desde comienzos de los años noventa, ante las amenazas a su hegemonía por competidores inter-imperialistas, Estados Unidos ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación neocolonial de territorios y refuncionalización del espacio a escala mundial. El llamado Hemisferio Occidental no escapó a esa lógica de reconquista imperial”.

[…]” el reposicionamiento militar estadunidense en el área llegó acompañado de una serie de planes geoestratégicos y megaproyectos como los contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés), el Plan Colombia, el Plan Puebla Panamá, el Tratado de Libre Comercio de Centro América y República Dominicana (CAFTA-RD), la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), el por ahora abortado proyecto de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), la Iniciativa Mérida, y a últimas fechas el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y la Alianza del Pacífico, que combinan intereses de seguridad y económicos relacionados con el acceso a zonas privilegiadas por sus materias primas y recursos estratégicos, con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos geográficos determinantes, para los que han sido diseñados megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica) […] —Instrumentos políticos y económicos mediante los cuales Washington pretende modificar el mapa sociopolítico regional acabando con los gobiernos de los países del ALBA y socavar desde dentro proyectos que suscitan el visceral rechazo de la Casa Blanca como la UNASUR, la CELAC y, en menor medida, el MERCOSUR”.(Carlos Fazio, Washington y la territorialidad de la dominación. El caso México. 12 de junio de 2013. http://mln.org.mx/2013/07/25/washington-y-la-territorialidad-de-la-dominacion-el-caso-mexico/)

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