En estado de gravedad permanece el comunero mapuche Guido Carihuentro, luego de que fuera baleado el pasado 2 de enero por el cuidador del fundo ‘Arauco’, predio ubicado en la ruta que une Freire con Barros Arana, en la provincia de Cautín.
Los hechos se produjeron tras un incendio a la maquinaria del señalado fundo, incidente ante el cual el cuidador, Víctor Vega, que quedó en libertad con arraigo nacional a pesar de ser procesado por porte ilegal de armas, procedió a disparar con una escopeta alcanzando a Curihuentro, único detenido por los hechos.
El estado del comunero fue confirmado por su familia, que emitió un comunicado señalando que que se «encuentra grave, con pérdida del ojo izquierdo y perforación de sus pulmones«, denunciando además graves irregularidades que se habrían producido en el marco de los hechos.
En el comunicado emitido se sostiene que «además de las heridas de perdigones producto del disparo presenta diversos hematomas en su rostro y cuerpo producto de la golpiza y torturas recibidas de parte de la policía del estado chileno, que fueron proporcionados al momento de su detención».
La familia denuncia que a pesar de que el comunero fue encontrado alrededor de las dos de la madrugada, «recién a las 4:40 fue ingresado al centro del salud de la capital regional, lapso en el que fue sometido a torturas por parte de funcionarios policiales, que se evidencian en las lesiones que presenta y que sin duda hizo agravar mas aún su estado; Claramente existió una vulneración grave a sus derechos fundamentales».
«Exigimos se aclare donde se tuvo a Guido Carihuentro mientras se le torturaba, y una respuesta tanto de fiscales, policía y el gobierno de Chile: ¿Qué querían lograr al no darle debida asistencia medica y agravar su estado con la golpiza y tortura propinada? ¿Acaso el gobierno de Bachelet utiliza las mismas prácticas represivas y de detención de la dictadura militar?»
Corte de Apelaciones rechazó recurso de amparo
Por otro lado, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó hoy el recurso de amparo interpuesto por Marcelo Pizarro, abogado de la Defensoría Penal, que buscaba dejar sin efecto la orden de detención dictada contra el comunero.
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